(Remitido) Desde el Colectivo apolítico y asindincal RTVESinPersonal y SinProducciónPropia Interna, que agrupa trabajadores de todas las áreas y centros de producción de la Corporación; queremos manifestar nuestro firme rechazo a la posibilidad de tratar la elección del Consejo de Administración de RTVE como parte en la negociación de un pacto global de Estado.

El concurso público iniciado hace más de dos años y que ha pasado por muchos procesos, hasta el punto de ignorar la selección de 20 candidatos realizada por un comité de expertos creado expresamente para la ocasión, debe servir para la valoración de los mejores proyectos de gestión y no quedar en el olvido siendo reemplazado por un cambio de cromos.

Cabe recordar que este concurso es fruto de muchos años de lucha exigiendo que la Presidencia y el Consejo de Administración de la Corporación se hiciera de forma autónoma al poder ejecutivo de turno, como viene ocurriendo en los países más avanzados de nuestro entorno.

Finalmente, en 2017, vió la luz una ley que, después de muchos recortes en su versión inicial, vino a recoger (aunque con muchas imperfecciones) el espíritu de aquellas reivindicaciones para empezar a democratizar RTVE. El propio título de la citada norma dejaba claro ese objetivo: Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

Durante varias semanas del mes de enero y febrero del presente año, la Comisión Consultiva de Nombramientos en el Congreso de Diputados, ha podido escuchar y preguntar en persona a cada uno de los 87 candidatos al Consejo de Administración.

Desde nuestro colectivo entendemos que el criterio de la elección debería basarse exclusivamente en la valoración de los proyectos de cada candidato y su experiencia en la gestión de los distintos ámbitos profesionales inherentes a la Corporación Pública. En ningún caso, las urgencias o agendas políticas, las cuestiones ideológicas o la política de cupos deben ser claves en la elección de los miembros del Consejo de Administración.

Durante las comparecencias de los candidatos ha habido una mayoría de opiniones que ponían de manifiesto alguno de los males endémicos de RTVE que denunciamos desde nuestro colectivo:

– La falta de transparencia en la gestión de muchos ámbitos. Los costes de las producciones y sus condiciones contractuales, la estructuración de la plantilla, los pluses fuera de convenio, las retribuciones de los directivos, los recursos disponibles actualmente… son algunos ejemplos.

– El desequilibrio entre la producción propia interna y la encargada a productoras, en clara violación del Mandato Marco. La opacidad en cuanto a los medios propios aportados a cada producción y los estudios que justifiquen cada encargo a terceros. Lo que encubren de necesaria externalización, en muchos casos, evidencia desde malgasto hasta expolio.

– La falta de recursos humanos y técnicos especialmente en las áreas técnicas es un gran problema que necesariamente requiere solución si se pretende adaptarse a la revolución digital y las nuevas formas de consumo de contenido audiovisual.

– La ausencia de una carrera profesional reglada en favor de un claro nepotismo, posible gracias a la enorme opacidad, causa la desafección y desmotivación generalizada de unos trabajadores que promedian casi medio siglo de edad.

– La necesidad de impulsar el Instituto de RadioTelevisión para convertirlo en referente de formación de los profesionales y como centro de investigación audiovisual.

Estamos ante una oportunidad histórica para, de verdad, abordar con consistencia los graves problemas por los que atraviesa la Corporación desde hace años y crear las condiciones para afrontar los enormes retos que tenemos como radiotelevisión pública dentro del complicadísimo escenario del mundo audiovisual a nivel global.

Por ello, le pedimos a todos los partidos y formaciones políticas, a todas aquellas personas con capacidad real en la toma de decisión sobre la valía de los candidatos, que tomen en consideración estas propuestas mínimas. Para que quienes vayan a ser elegidos tengan la altura de miras y el compromiso debido con la legalidad y los intereses de nuestro estado y su ciudadanía por encima de cualquier interés partidista o sectorial, olvidando el cortoplacismo y haciendo gala de independencia, tal como dicta la ley 17/2006 por la que debería regirse RTVE.