CBA.- La detención de un asistente del equipo de Unidas Podemos, al servicio del círculo de Pablo Iglesias, por su participación en las agresiones que reventaron el mitin de Vox en Vallecas el pasado 7 de abril sitúa al socio de gobierno de Pedro Sánchez y candidato a presidir la Comunidad de Madrid poco menos que como jefe de una banda de matones. No se puede definir de otra manera la actividad de Iglesias, que primero animó a los radicales para que respondieran a la supuesta «provocación» de Vox en su antiguo barrio y más tardé toleró y silencio que un miembro de su equipo, hombre de partido y confianza, materializase su cordón sanitario y violento contra el partido de Abascal. Que Pablo Iglesias, pese a la gravedad de lo sucedido en Vallecas, siga siendo hoy candidato en unas elecciones es una anomalía democrática. A dos días de los comicios del 4-M, renunciar no figura en sus planes. La naturaleza totalitaria de su proyecto político, del que forman parte la violencia y el amedrentamiento, ya sea en Vallecas o en las calles de Barcelona, le permite seguir adelante pese a las cada vez más evidentes señales de alarma que deja su actividad, pública o privada. La hipocresía es su divisa. Su actitud ante los procesos judiciales en los que se investiga su nepotismo -como el caso de la niñera de Galapagar- o las irregularidades contables de su formación revelan la doble vara de medir que utiliza Iglesias para denunciar las corruptelas de sus rivales y, en su caso, atribuirse persecuciones políticas. La impostura y el victimismo son las señas de identidad del todavía líder de Podemos: mientras uno de sus muchachos era detenido por agredir a la Policía, Pablo Iglesias clamaba contra la amenaza que para la democracia -la misma contra la que atentan sus ‘bukaneros’- representaban los sobres con balas dirigidos a varios líderes políticos.

Los incidentes de Vallecas ponen un nuevo techo antisistema a la carrera política de un timador que planea ya su retirada, negociando su incorporación al imperio mediático de Jaume Roures, empresario icónico del separatismo catalán junto al que Iglesias quiere seguir influyendo en la vida pública. El fenómeno de la violencia no es nuevo, sin embargo, entre los dirigentes de Unidas Podemos. Isa Serra, dócil subalterna de Pablo Iglesias en su candidatura a la Comunidad de Madrid, ya fue condenada a diecinueve meses de cárcel por atentado a la autoridad, y Alberto Rodríguez, diputado y secretario de Organización del partido, está procesado por el mismo delito, a la espera de que lo juzgue el Tribunal Supremo. Que los camorristas de los que se hace rodear el líder de Unidas Podemos participasen en los ataques a la Policía del mitin de Vox en Vallecas no deja de ser una muestra más de una actividad normalizada por la extrema izquierda que lidera Iglesias, empeñado en invertir ante la opinión pública la ecuación de las amenazas y en señalar a la ultraderecha -todos los que no comulgan con su doctrina radical- como genuino y único peligro para la democracia.

Alinearse con los hederederos de ETA, agitar desde las redes sociales a la turba que incendió las calles de Barcelona en defensa de un delincuente encarcelado o prender la mecha de la batalla campal en Vallecas articulan el programa de asalto a los cielos de Pablo Iglesias, tolerado y sellado en La Moncloa por el presidente del Gobierno. No hay de qué sorprenderse. Hacerse la víctima de una supuesta campaña fascista, canalizada a través de Correos, mientras sus ‘bukaneros’ eran detenidos por la Policía es la última obra maestra de un timador de la política y del miedo.