Desbarajuste en las decisiones sobre la pandemia
FP.- El Gobierno de España que optó desde el principio de su andadura por la agitación y la propaganda ha generado tal confusión en la organización de las decisiones sobre la pandemia que a 2 días del final de un estado de alarma alargado, cuya validez legal es más que cuestionable, toma la decisión de introducir al Tribunal Supremo en la ecuación de las decisiones técnicas sobre la lucha contra los contagios.
El desbarajuste es de tal magnitud que el propio tribunal receptor de la competencia de abrir y cerrar ciudades, autonomías y locales informa que el decreto ley es confuso, ambiguo y equívoco. Y se trata del Supremo es decir ya no hay nada más al que acogerse si sus decisiones son consideradas excesivas o insuficientes.
Primero fue el mando único, luego la cogobernanza, más tarde las decisiones unilaterales territoriales y ahora el Supremo.
Sánchez convierte a los magistrados en el Gobierno de España para la pandemia, una vez desaparecido el que preside, y en el comité de expertos que nunca existió, además de en la máxima autoridad ejecutiva nacional en materia de salud pública.
Sánchez intentó la desaparición de la independencia de poderes, ahora estamos en la confusión de competencias constitucionales.
Los presidentes de las autonomías que recibieron de sopetón la gestión de la crisis sanitaria en cada territorio por mor de este decreto ley tienen como único interlocutor, desde el 9 de mayo, a jueces que terminaron por su pericia jurisdiccional en el Alto Tribunal ahora convertidos por ley en técnicos de la administración general, técnicos en políticas de economía amenazada, técnicos en materia de salud, técnicos en virologías y técnicos en despliegue de medidas anti propagación de la COVID-19 y sus variantes.
Es una consecuencia más de un gobierno engendro de Sánchez e Iglesias del que ya ha caído el segundo, con comunistas sentados en el consejo de ministros y apoyado por Bildu y ERC.
La confusión y el desbarajuste lleva irremediablemente al desastre. Se abre un nuevo capítulo de incertidumbre e inseguridad jurídica en la España de la coalición social-comunista.
