La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) continúa este viernes con los registros en el marco de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística que suma 14 detenidos, entre ellos, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau.

Los agentes han retomado a primera hora de esta mañana los registros en viviendas y en diferentes sedes y se descartan más detenciones para esta jornada.

Los 14 arrestados fueron trasladados ayer a cuarteles de la Guardia Civil y se espera que pasen a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la causa, este sábado por la mañana.

Entre los detenidos figura Rafael Rubio, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València y exdiputado provincial, a quien la delegada del Gobierno, Gloria Calero, cesó de manera fulminante tras conocerse su detención en su domicilio. El PSPV también le suspendió de militancia.

Así mismo, los agentes detuvieron a Alfonso Grau (PP), mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.

Junto a ellos, otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado ayer en Ibiza.

Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso. Se investiga si Grau pudo cobrar alrededor de un millón de euros en mordidas y Rubio otros 300.000 euros. También hubo cuantiosos regalos por parte de empresarios a cargos públicos.

LA CAUSA

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.

La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra procesado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel –una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)– por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.