El día 16 de abril del año 2016, a las 7,15 horas de la mañana, cuando salía de mi domicilio para iniciar el trabajo cotidiano, del día a día, 6 policías de paisano procedieron a mi detención y a desposeerme de mi teléfono móvil. “Queda usted detenido”. La respuesta fue: ¿por qué motivo?

El motivo se lo darán cuando la letrada de la Administración de Justicia a las 11 de la mañana proceda a entrar en la sede del Sindicato y en su domicilio. Hasta las 11 permanecí en un coche policial aparcado en el paseo Pintor Rosales, próximo a la sede del Sindicato.

No pude efectuar llamada alguna.

Ya se había llamado a los medios de comunicación para aplicarme la pena de telediario pues decenas de medios, reporteros y las principales cadenas de televisión estaban apostados en las inmediaciones de la sede del Sindicato y de mi domicilio. Las emisoras de radio y televisión transmitían en tiempo real el operativo de la detención. Yo era un criminal con mando en plaza dedicado a extorsionar a las principales Entidades Bancarias de este país y además acusado de extorsionar a la Casa Real.

La lapidación, criminalización fue brutal, todo tipo de vejaciones, injurias, calumnias se vertieron sobre mi persona, en tertulias, en editoriales, mientras yo estaba en la prisión de Navalcarnero sin poder defenderme.

La prisión preventiva, que duró diez meses, se formuló por riesgo de fuga falseando dolosamente, el entonces Fiscal Daniel Campos que tenía cuentas corrientes en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Reino Unido.

Ya en mi declaración en sede policial, cuando me enteré que el Juez Instructor era Santiago Pedraz, el íntimo amigo del prevaricador exjuez Baltasar Garzón, le recusé por enemistad pero el Auto de prisión preventiva ya lo tenía Pedraz preparado.

Puso mi cabeza (prisión) como trofeo a Baltasar Garzón como venganza por haberle denunciado en el tema del Franquismo.

En mi estancia en la prisión de Navalcarnero, se me negó que pudiera dar clases sobre la Constitución cuando se habían apuntado más de un centenar de presos.

Tuve que estar en el módulo de enfermería por dos desprendimientos de retina causados por una tensión ocular y con tratamiento de reposo mirando al suelo durante 20 días.

Durante ese tiempo y estando en enfermería, tuve que comparecer en procesos donde el Sindicato era acusación popular, desplazándome esposado en un coche celular.

Durante las curas del desprendimiento de retina en el Hospital de Alcorcón, se violentó mi intimidad al pasearme esposado por las dependencias del Hospital hasta la consulta de oftalmología, ante la mirada de pacientes.

Otro hecho relevante de vejación, fue cuando con el gotero, en camilla y con el camisón de enfermo se me va a operar me ponen los grilletes por si me pudiera escapar.

En la fase de instrucción ya pensaría que era suficiente castigo diez meses de cárcel y salgo en libertad, el 22 de diciembre de 2016 con una fianza de 50.000€ abonada por mi hermano y una comparecencia apud acta de una vez a la semana.

Me entero, una vez en libertad que mi primer letrado, formaba parte de las cloacas del Estado y de las reuniones que tenía con Villarejo. Éste en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional, declaró que tenía “un topo en Manos Limpias”. El topo era el abogado que me representó en los primeros momentos, hasta que prescindo de él cuando me alertaron de la catadura moral del pájaro.

El cambio de abogado representó un vuelco en mi defensa, al poder presentar escritos, recursos, alegaciones, que nunca fueron presentados por el miembro de las cloacas del Estado.

Mi sentencia condenatoria se hubiera puesto en bandeja con la actuación infame del primer letrado.

En la fase de instrucción se cometen todo tipo de ilegalidades; se incautan cuotas sindicales que son inembargables; se embargan condominios familiares y acontece otro hecho insólito: el embargo de mi nómina de jubilación en el límite del 30% que ejecuta un Juzgado de Madrid, en concreto el 47 de primera instancia, a instancia del Gobernador Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, una condena en rebeldía, por importe de 105.000$, al haber denunciado los 78 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras para que los pescadores españoles no pudieran faenar en aguas jurisdiccionales españolas. El principio de territorialidad y la doble instancia, como pilares de la seguridad jurídica quedaron fulminados.

Cinco años se ha tardado en iniciar el juicio oral y durante ese tiempo la presunción de inocencia se ha vulnerado de manera continuada, pues hasta que no se produzca una sentencia Miguel Bernad sigue siendo un extorsionador que ha dirigido una organización criminal.

Este proceso infame tiene cono instigador las cloacas del Estado, con la complicidad de miembros indignos del clan de la UDEF gallega, el BBVA con Francisco González, el exjefe de seguridad del Banco Julio Corrochano, el ex comisario Villarejo y el pseudo periodista de ABC, Javier Chicote.

Y dentro de este proceso indecoroso no faltaban los encuentros del Fiscal Pedro Horrach (el mejor abogado de la Infanta) desplazándose a Madrid para intentar con el Fiscal Daniel Campos, acusador de Manos Limpias a ver la forma de desguazar Manos Limpias y pedir, como así fue, la expulsión del Sindicato Manos Limpias del proceso de Palma de Mallorca para que la Infanta no se sentara en el banquillo.

Estoy plenamente convencido de mi inocencia, que será confirmada en una sentencia absolutoria y donde la verdad real coincida con la verdad absolutoria (judicial).

Puedo decir alto y claro que cundo voy por la calle mi mirada es firme, orgulloso de que soy inocente, no me tengo que esconder por nada ni por nadie.

La infamia de unos corruptos miembros de la UDEF y la dolosa actuación de un Fiscal, José Perals, tratando de retorcer unos hechos torticeramente para darles encaje penal, con “fórceps”, ha quedado desmontado con pruebas incontestables por parte de mi defensa.

Este proceso se enmarca dentro de un régimen corrupto, donde la voz limpia, transparente, de Manos Limpias denunciado la corrupción, había que destruirla y para ello se utilizó a las cloacas del Estado.

Para mayor escarnio se pide la disolución de Manos Limpias y en cambio nunca se pidió la disolución de los sindicatos UGT y CCOO por ser organizaciones criminales, en los casos de los cursos de formación y los ERES de Andalucía.

Ésta es la justicia arbitraria de este país.