Gabriela Moreno.- El régimen de Nicolás Maduro acumula un fracaso más en el exterior. En esta ocasión, su derrota viene con el rechazo que emitió el Registro Mercantil de España a su solicitud de retirar los fondos pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los cuales se mantienen bloqueados en Europa.

La intención del régimen era traspasar los recursos de la CVG a Rusia —como ya lo hizo con activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA)— solicitando el cierre de las cuentas bancarias de CVG en España. De este modo se llevaría 25 millones de euros a Moscú.

Según una información del diario El Mundo, el chavismo gestionó un cambio en la composición de la junta directiva de la CVG, que desde el 3 de enero de 2020 está a cargo del opositor venezolano Juan Guaidó, pero falló.

El presidente de la junta directiva ad hoc de la CVG designado por Guaido para dirigir la administración de los recursos mineros de Venezuela, Enrique Castells, acusó a María Rosario Falcón y Jonathan Ardila, exdirectivos de la estatal, de falsear un documento mercantil e imposición de acuerdos abusivos, como muestra de que «la usurpación no ha dejado de distraer los capitales», afirma en Twitter.

Una batalla desde Miami

Enrique Castells, ingeniero de nacionalidad venezolana descendiente de abuelos catalanes y vascos, libra desde Miami en este momento una batalla jurídica internacional. Su objetivo es claro: disponer de los fondos que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene fuera del país.

«Ahora mismo el dinero está bloqueado a pesar de que la ley española es bien clara. El poder lo tiene el administrador único de la sociedad y somos nosotros». Sin embargo, tampoco se les otorga la custodia, porque sostiene que “España tiene intereses personales con el régimen de Maduro que no tienen nada que ver con lo legal”.

Castells indicó que interpusieron una denuncia contra los funcionarios de Maduro «que intentaron con documentación falsa del gobierno venezolano llevarse el dinero a Rusia».

La decisión más próxima

El próximo revés para el régimen es la decisión que tomará el Tribunal Supremo del Reino Unido entre el 19 y 21 de julio sobre el acceso a los 31 lingotes de oro venezolanos. Un monto valorado en 1600 millones de euros.

La máxima instancia judicial británica evaluará si los dejará en manos del chavismo o de la oposición. Este dictamen puede crear polémica respecto del proceso de negociación que impulsa Juan Guaidó para pactar «elecciones libres» en busca de un proyecto de «salvación de Venezuela». Maduro le impuso tres condiciones, entre las que se incluye recuperar el acceso a los activos y cuentas de la nación en el exterior. Como es de esperarse, el oro venezolano en Inglaterra no escapa de sus pretensiones.

Despejar la incógnita representará un baño de legitimidad para la fuerza beneficiada del proceso que se basará en la doctrina británica. Si bien por un lado en Londres no se reconoce al régimen de Maduro, por el otro, se ha ratificado el apoyo a Guaidó, pero de forma parcial, al no entregar credenciales a sus representantes en el Reino Unido.

Los abogados del bufete Zaiwalla & Co que representa la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) de Maduro están listos para la pugna legal por el oro venezolano en Inglaterra, así como los representantes de la junta ad hoc nombrada por Guaidó, del despacho Arnold & Porter; con los letrados del ministerio de Exteriores británico en el medio.