La realidad de los indultos confirmados durante la jornada de ayer por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desatado todo un terremoto político y social en España. A pesar de que en los últimos 45 años se han llegado a conceder en nuestro país cerca de 20 mil indultos, de los que la mitad se han producido desde 1996, debemos considerar que en ninguno caso el Tribunal Supremo ha mostrado tanta oposición por la gravedad de la pena y por la falta de arrepentimiento por parte de los encarcelados.

La aprobación de los indultos anunciada por Sánchez en la conferencia celebrada ayer en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona ante unos 300 representantes de la sociedad civil catalana, pero con la ausencia notable del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y de miembros de su Gobierno, pretende alcanzar una medida “necesaria” para la convivencia, que confía que cambiará la historia y que suma a millones de personas para la reconciliación.

Esta es la nueva postura propuesta por Sánchez, muy distante de la que defendía en 2019, cuando todavía negociaba la formación de su Gobierno: “el acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento. Insisto, su íntegro cumplimiento”. El presidente del Ejecutivo fue incluso más allá, y anunció que reforzaría el delito de rebelión. De este modo, Pedro Sánchez ha pasado en menos de dos años de defender el cumplimiento íntegro de las penas a defender la indulgencia con los golpistas. Una nueva contradicción que se suma a las ya alcanzadas en esta legislatura con la intención de dejar bien atado el apoyo de ERC y sus homólogos vascos en el Congreso.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, insistía en abril de 2019 en que “nadie puede plantear ni garantizar indultos porque el indulto significa arrepentimiento y, de momento, no vemos esa voluntad”. Esta percepción sobre los indultos a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’ ha cambiado de manera radical durante las últimas semanas, como ha ocurrido en el seno del Gobierno de coalición. El mismo Ábalos defendió el pasado domingo durante un acto municipalista del partido en Sevilla que “tenemos que hacerlo por España, por Cataluña”. Además, el el número dos de los socialistas acusó a la derecha de desconocer el principio de legalidad.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también se ha mostrado tajante a favor de los indultos, e incluso no ha vacilado a la hora de cerrar filas en torno a su líder debido a las críticas vertidas por algunos barones socialistas como Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara. Montero ha defendido durante las últimas semanas que “los catalanes y el conjunto de los españoles tenemos que pasar página y construir los puentes que se dinamitaron”. En cambio, la ministra de Hacienda socialista negó la implicación de Miquel Iceta y de la cúpula de su Gobierno en la petición de indultos para los golpistas, algo que la hemeroteca se encargó de desacreditar.

Por su parte, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España, aseguraba en 2018 que “un Gobierno democrático no saca a los presos de la cárcel”, añadiendo -además- que “no se puede mezclar la situación procesal porque eso no corresponde al poder Ejecutivo”. Una postura que defendía incluso antes de que el Tribunal Supremo condenara a los cabecillas del golpe del 1-O. Hoy, sin embargo, la percepción de la vicepresidenta del Gobierno ha adquirido una nueva dimensión. “Los indultos son un instrumento constitucional y legítimo del Gobierno. La historia está llena de momentos en los que hay que tomar decisiones valientes. Nada sin la ley y todo siempre con la ley, es el momento de la política con mayúsculas”, ha querido declarar a través de su cuenta en Twitter.