El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acusado este miércoles al Consejo de Europa de entrometerse en el desarrollo de la justicia española y ha señalado las recomendaciones que se han hecho desde el CE a los jueces españoles sobre todos aquellos procesos penales abiertos contra los presos independentistas, quienes a juicio del CGPJ, pasan por alto “los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley”, ha asegurado en un comunicado.

Tras la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la comisión permanente del CGPJ ha emitido este miércoles un comunicado aprobado por unanimidad para criticar lo que considera una injerencia en el trabajo de la justicia española y subrayar además que los indultados no fueron condenados “por sus ideas políticas y por la libre expresión de las mismas”.

“Fueron condenados después de un juicio público y con todas las garantías procesales por delitos de sedición y de malversación de caudales públicos, en aplicación del Código Penal aprobado en 1995 por el poder legislativo y cuyos impulsores bautizaron como ‘el Código Penal de la democracia”, recalca el órgano de gobierno de los jueces.

El inusual comunicado del CGPJ tiene lugar después de que la Asamblea del Consejo de Europa aprobara este lunes una resolución en favor de los indultos en la que se pedía a España reformar los delitos de rebelión y sedición, abandonar los procesos en curso contra independentistas relacionados con el 1-O y considerar poner fin a los procesos de extradición.

La Asamblea reconoció que España es una democracia viva donde no se persigue penalmente la mera expresión de ideas independentistas, pero al mismo tiempo señaló que se condenó a políticos catalanes “por sedición y otros delitos, entre otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017”.

El CPGJ quiere dejar claro que “las condenas en ningún caso se impusieron por la expresión de opiniones”, ni por ejercer el derecho de reunión y manifestación en apoyo de sus creencias y convicciones, como señaló el propio Tribunal Supremo en su sentencia y también el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa emitida a principios de junio, cuando se preparaba la resolución.

El órgano de gobierno de los jueces considera que la Asamblea del Consejo de Europa también se contradice cuando subraya su respeto por los tribunales españoles y, al mismo tiempo, invita a la autoridades a dejar sin efecto las peticiones de extradición contra los huidos y a abandonar el resto de los procedimientos penales en los que están incursos funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal.

En este contexto, “deplora” que una institución que tiene como objetivo declarado “la defensa, protección y promoción del Estado de Derecho” haya aprobado un informe con “recomendaciones dirigidas a los jueces españoles para que tomen decisiones en un determinado sentido en relación con la persecución de delitos, obviando los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley”.