Los votos de CiU en el Congreso empiezan a tener contrapartidas. La comisión de Trabajo del Congreso aprobó ayer con los votos socialistas y los del grupo catalán la reforma de la ley de Seguridad Social que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y que cede la titularidad de la sede del Institut Català de la Salut (ICS) y siete hospitales a la Generalitat de Cataluña.

La cesión supone un incremento patrimonial para el sector público catalán que la Conselleria d’Economia valora en 1.200 millones de euros y que incorporó esta primavera en su plan económico-financiero de reequilibrio para el periodo 2011-13. El Ministerio de Economía y Hacienda no dio entonces su visto bueno a este apunte contable, que sí tendrá valor en la nueva versión del plan que debería aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a mediados de julio.

Pero lo más importante a corto plazo es que el Govern podrá utilizar los ocho edificios para venderlos y después alquilarlos con opción a recompra, tal como han hecho en los últimos años muchas empresas privadas. La Generalitat estima que la venta podría reportar a sus arcas entre 300 y 400 millones de euros con los que esponjar el abultado déficit público que debe reducir con urgencia.

El ICS lleva más de 30 años gestionando los hospitales y pagando el mantenimiento, pese a lo cual seguían siendo hasta ahora propiedad de la Seguridad Social. Los centros que el Gobierno cederá a la Generalitat son la sede del ICS, situada en la calle Balmes de Barcelona en la confluencia con Gran Via; el hospital Vall d’Hebron, el de Bellvitge, el Josep Trueta de Girona, el Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti), el hospital Arnau de Vilanova, el hospital de Viladecans y el de la Verge de la Cinta de Tortosa.

Si bien esta concesión no resuelve por sí misma el contencioso entre el Gobierno y el Govern para el pago del anticipo del fondo de competitividad correspondiente a este año, valorado en unos 1.500 millones, sí supone un importante acercamiento entre las dos administraciones.

Además, la redacción de la enmienda introducida en la reforma de la ley de Seguridad Social es lo suficientemente amplia para que ninguna comunidad autónoma pueda sentirse discriminada. Aunque hecha a petición de CiU, la nueva ley permitirá a cualquier autonomía reclamar la propiedad de edificios de la Seguridad Social que estén bajo su gestión. El portavoz del PP en la comisión de Trabajo, Tomás Burgos, se lanzó ayer mismo a censurar esa decisión, pues considera que sólo servirá para que la Seguridad Social entre definitivamente en déficit.