Juan Manuel Moreno Bonilla

No es un dato aislado, sino una tendencia continuada de la que la Generalitat de Cataluña no parece haber tomado nota, enfrascada como está en plantear pulsos al Gobierno y fomentar políticas identitarias. Desde que comenzó la pandemia, Andalucía ha superado a Cataluña hasta en ocho meses distintos en número de creación de empresas, según consta en la estadística del INE. Abril de este año, por ejemplo, supuso un punto de inflexión ya que por primera vez en democracia una comunidad distinta a Madrid supera a Cataluña en nacimiento de empresas y sociedades mercantiles. En ese mes se crearon en Madrid 2.321, otras 1.589 en Andalucía, y 1.578 en Cataluña, donde la sensación de ralentización y pérdida de competitividad persiste. No es solo el daño experimentado en los últimos tres años por la fuga de empresas catalanas, temerosas de la inseguridad jurídica y la incertidumbre que ha generado el proceso separatista; es también que otras autonomías han iniciado una senda de crecimiento exponencial y han empezado a rebajar a Cataluña a un segundo nivel, algo inédito. Andalucía es además la región con más autónomos de España al superar a Cataluña, en el mes de junio, con 560.000 trabajadores por cuenta propia. Y también en Andalucía el ritmo de creación de empleo en empresas dadas de alta en la Seguridad Social subió entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021 un 7 por ciento –equivalente a 135.852 personas–, un porcentaje muy superior al 4,9 por ciento del conjunto del país.

El cambio político experimentado en Andalucía con la llegada del Gobierno de PP y Ciudadanos, tras desbancar a un PSOE con 36 años de mandato ininterrumpido, es digno de elogio. Su actividad económica se ha multiplicado y crece la percepción de que ha dejado de ser aquel eterno cortijo de votos cautivos que manejaba a capricho el PSOE, tejiendo redes clientelares basadas en el amiguismo. En eso consiste precisamente la competitividad, en crear las condiciones idóneas para que las empresas tengan facilidades administrativas, ventajas fiscales y promoción desde los poderes públicos, porque esas son las bases sobre las que sustentar después la creación neta de empleo. Las cifras no mienten: la evolución interanual de creación de empresas se ha estancado en Cataluña mientras en Andalucía se está disparando ya a doble dígito.

Cataluña ya no tiene que ejercitar su victimismo solo contra Madrid. Y el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco tiene motivos para embestir solo contra la comunidad madrileña alimentando el bulo de que es un ‘paraíso fiscal’ donde el dumping sale gratis. Ya pueden incluir también a Andalucía entre sus objetivos. Sin embargo, no se trata de hacer demasiadas interpretaciones políticas sobre la gestión que hacen unos y otros porque el dinero carece de ideología.

Más bien se trata de constatar con objetividad que cuando una comunidad, en el legítimo uso de sus prerrogativas y concesiones autonómicas, consigue bajar impuestos, prestar atención a la iniciativa privada, y creer firmemente en el libre mercado, no solo consigue estabilizar su economía en cuestión de meses, sino revertir una tendencia suicida que lastró a los andaluces durante casi cuatro décadas. Y además, con aparente rentabilidad electoral, ya que los sondeos han empezado a atribuir una mayoría suficiente al PP –bien junto a Vox, bien junto a Ciudadanos– si hoy se celebraran elecciones. Cataluña tiene un problema de gestión y otro mucho más grave de credibilidad, y mientras no se despoje de su compulsión separatista, su remontada será mucho más dificultosa.