Una funcionaria del centro penitenciario de O Pereiro de Aguiar (Orense) ha sido suspendida de sus funciones después de que se tuviera conocimiento de que estaba manteniendo una relación afectiva dentro de la instalación con un recluso. Mediante el visionado de cámaras, se comprobó que era veraz la información de que una noche del mes de agosto la trabajadora subió a la galería de celdas del módulo 2 y entró en la celda del interno.

La empleada pública ocupaba un puesto en el servicio de vigilancia interior -en el que hay contacto con los internos- y tenía las llaves del departamento, por lo que la situación podía suponer un riesgo potencial para la seguridad del centro. Según fuentes penitenciarias, en cuanto se tuvo conocimiento, se realizó una investigación para comprobar la veracidad de los hechos, y el sábado 14 de agosto el director del centro llamó a la funcionaria a su despacho.

Ella reconoció algunas cuestiones y, ante su estado de nerviosismo, se la instó a que se fuera a casa. Al lunes siguiente, la dirección del centro remitió a un informe a la subdirección de Inspección Penitenciaria, puso los hechos en conocimiento del juzgado de guardia y de la Subdelegación del Gobierno. La trabajadora, por su parte, cogió una baja laboral. La inspección abrió un expediente disciplinario, aunque la vía administrativa queda suspendida hasta que se resuelva primero la judicial. Con todo, desde principios de septiembre, la trabajadora está suspendida cautelarmente de sus funciones. Por razones de seguridad, Instituciones Penitenciarias decidió trasladar de centro al interno involucrado en la relación.

A raíz de este caso, unos funcionarios del centro -que no se identifican «por temor a represalias»- enviaron un escrito a la Subdirección General de Análisis e Inspección Penitenciaria en el que calificaban estos hechos de extremadamente graves y afirmaban que la dirección del centro se caracterizaba por «la inacción y ocultación de todo ello». Sin embargo, desde Instituciones Penitenciarias subrayan que la actuación del director fue pulcra, informando a sus superiores tras hacer una investigación previa, a la inspección y al juzgado. El propio director, Francisco González, se reunió con los cuatro sindicatos con representación en el centro hace unos quince días para informarles de la decisión, y de que había ese procedimiento administrativo en marcha. Fuentes sindicales apuntan que se actuó correctamente y que el director les pidió discreción y que parasen los rumores porque afectan tanto a la dignidad de la mujer implicada como al colectivo de trabajadores.

Los funcionarios que enviaron el escrito anónimo a finales de agosto afirmaban que no se habían tomado medidas, que ya hubo otro antecedente con esta funcionaria y que solo se había recomendado a la trabajadora que se cogiese una baja médica para apartarla del servicio. Los trabajadores consultados rechazan esta conducta; su código deontológico y el estatuto de los empleados públicos son contrarios a este tipo de relaciones entre funcionarios y administrados.

El juzgado tendrá que investigar si se incurrió en algún ilícito penal por solicitación sexual a una persona sujeta a su guarda, aunque, según fuentes penitenciarias, parece que la relación fue consentida por ambos y sin contraprestaciones, por lo que puede que las consecuencias, una vez se resuelva el expediente, sean solo disciplinarias.