Baltasar Garzón y Dolores Delgado

El portal de ‘Theobjective.com’ ha publicado en las últimas horas una información que hace referencia a un contrato firmado entre la empresa pública venezolana, PDVSA, y el bufete de abogados de Baltasar Garzón para realizar tareas de coordinación con la Fiscalía General del Estado, ahora mismo en manos de Dolores Delgado, pareja de Garzón.

Su director Álvaro Nieto ha explicado más detalles sobre el caso en 13 TV: “Hemos publicado el contrato que el despacho de Baltasar Garzón firmó con la empresa pública de petróleo de Venezuela en el año 2016 y que supone un acuerdo de casi nueve millones de euros por hacer varias cosas. Entre ellas se recoge una tarea para coordinarse con la Fiscalía y los Tribunales de España. Es decir, en este caso PDVSA contrataba los servicios de Garzón para que se coordinase con la Fiscalía”.

En este sentido, el periodista ha querido destacar que es muy curioso este contrato, a sabiendas de la relación personal que mantienen el abogado y la fiscal general del Estado: “El problema surge cuando, aparte de ver esa mención explícita, nos encontramos en la actualidad con que Garzón es abogado y su pareja es Dolores Delgado, la actual Fiscal General del Estado. Todavía el contrato está vigente porque Garzón sigue prestando servicios a PDVSA, por lo que la duda que se plantea es si esto está bien, si es un conflicto de intereses evidente o si hay algo más como un supuesto tráfico de influencias, como algunos señalan”.

También ha señalado que desde el bufete que aparece en este contrato no han querido dar ningún tipo de explicación: “Hemos llamado al bufete de Garzón para solucionar dudas, pero no nos han contestado. Lo único evidente es la frase que aparece en el contrato que hemos firmado y que señala claramente que Garzón está cobrando, más bien su bufete, por realizar tareas de coordinación con la Fiscalía de nuestro país”.

Por último, Nieto ha subrayado que este tipo de acuerdos es algo inaudito: “Esto evidentemente plantea un delito, porque la realidad siempre en un caso es que los abogados van por un lado y la Fiscalía por otro. Por tanto contratar a un abogado para que se coordine con la Fiscalía es altamente curioso o por lo menos inaudito”.