Jordi Pujol.

El ex presidente catalán Jordi Pujol ha solicitado la libre absolución en el proceso que se sigue contra él y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas valiéndose de su cargo, insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el «riesgo político» asumido por su hijo.

En su escrito de defensa, Pujol asevera que «no existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas», por lo que concluye que «procede la libre absolución», como hacen sus siete vástagos en sus propios escritos.

Así, el otrora jefe del Govern cuenta que su carrera profesional empezó con «una fuerte vinculación a su padre», con quien detalla que tuvo entre manos «proyectos de tanta dimensión» como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.

Sin embargo, explica que «pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo», hasta el punto de que «la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político». En este sentido, menciona la publicación de la Enciclopèdia Catalana o de la Revista Destino.

«La profunda inestabilidad política y los riesgos» que Pujol asumía provocaron «inquietud y desasosiego» en su padre, que aventuraba un «futuro incierto» para su hijo y su descendencia, relata.

Pujol expone que, para «garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos», su padre les hizo saber que «constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político» que asumía el ex president.

Al morir su padre, Pujol indica que se fortaleció el deseo de «respetar su voluntad» con relación a esos «fondos familiares», que entonces ascendían a 140 millones de pesetas en dólares.

REIVINDICA SU «RECTO Y DIGNO» COMPORTAMIENTO

Asegura que ese dinero «no guarda relación alguna» con sus cargos políticos. «Nunca, en el ejercicio de su alta función pública, Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio», afirma la defensa, destacando que actuó así incluso «desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos».

En la misma línea, el escrito añade que Pujol «no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por éstos en esa dirección».

Sin embargo, los indicios en contra llevaron al juez Santiago Pedraz a abrir juicio oral a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola –a la que exoneró por su estado de salud–, así como a otras 11 personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi, y varios empresarios.

La Fiscalía ha pedido 9 años de cárcel para Pujol padre, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 8 para los demás hermanos –Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta–.

Sobre esta herencia del abuelo Florenci, Josep Pujol ahonda en su escrito de defensa que «el conjunto de los hijos quedaron ajenos al depósito y su gestión hasta que en el año 1990 su tío Joaquim Pujol i Figa manifestó su deseo de ceder esa responsabilidad y, por acuerdo de todos, lo asumió el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola».

Dos años después, cuando ya habían desaparecido esos «riesgos», «se decide la desinversión paulatina, en tanto algunos hermanos deseaban tener disponibilidad de puntas de liquidez, la utilizaran o no», por lo que el primogénito inició un «reparto progresivo» de los fondos que arrancó en agosto de 1992 y acabó en octubre del año 2000 con «una completa liquidación y rendición de cuentas de su gestión, sin perjuicio de dejarse diferidos unos importes al año 2004 invertidos en títulos a plazo».

De acuerdo con Josep Pujol, esos 140 millones de pesetas en dólares que dejó su abuelo al morir «se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación», lo que supuso que cuando su hermano mayor asumió su administración la cifra había crecido hasta lo 500 millones de pesetas.

Los intereses generados por el propio montante, añade, la siguieron engordando de modo que cada uno de los ocho destinatarios –la madre y los siete hijos– recibió 126 millones de pesetas.

EL «ASCENDENTE» DEL APELLIDO PUJOL

Jordi Pujol Ferrusola ha defendido en su propio escrito que las cuentas bancarias en Andorra que gestionó como parte de esta encomienda familiar «no han recibido nunca ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones, o vinculada a cualesquiera resoluciones administrativas».

Llama la atención sobre el hecho de que, tras «siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación, con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales», solo se ha conseguido «singularizar» 10 expedientes administrativos sin que se haya detectado en ellos «torcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución».

La Audiencia Nacional abre juicio oral a Jordi Pujol y sus siete hijos e impone una fianza de 7,5 millones al primogénito
También envía al banquillo a otras 11 personas, entre ellas la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés.

En la misma línea, su hermano Josep alega que «nunca» ha desplegado «conductas de sugestión o influjo sobre funconarios y autoridades a fin de obtener para terceros o para sus propios intereses resoluciones administrativas de adjudicación y/o contratos de obras y servicios o cualesquiera otros», «ni tenido noticia directa o indirecta» de que sus hermanos lo hayan hecho aprovechándose del «ascendente del propio apellido por razón de ser hijo del president».

En concreto, Josep ha negado cualquier actuación irregular en la operación urbanística de Diagonal del Mar, acometida por el Ayuntamiento de Barcelona y KEPRO, recordando que el plan parcial fue aprobado en 1993 por el Pleno municipal presidido entonces por Pasqual Maragall y que una de las partes que abogó por la recalificación de los terrenos fue una empresa pública cuyo consejo de administración lo formaba «el propio equipo de gobierno socialista».

SEÑALAN A VILLAREJO

En sus respectivos escritos de defensa, Marta, Mireia, Oleguer, Pere, Oriol, Josep y Jordi Pujol Ferrusola han puesto el foco sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y han denunciado que fue una «actividad exorbitante» realizada por una operativa parapolicial la que dio inicio a la causa.

El primogénito señala directamente a un grupo coordinado por el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, al que acusa de desplegar «una operativa de acoso coactivo sobre la propiedad y ejecutivos y empleados de la Banca Privada d’Andorra».

Y todo con el objetivo, señalan, de «quebrar su voluntad y deberes profesionales y obtener de ellos información acerca de la familia Pujol Ferrusola, consiguiendo sus fines y obteniendo copia de un pantallazo» sobre las cuentas de varios miembros en la entidad andorrana.

Así las cosas, los cuatro primeros dejan claro en sus respectivos escritos de defensa que, en relación a los fondos recibidos de su abuelo, «no existe elemento alguno de conexión o relación con resoluciones de la Administración dictados o formuladas en favor de empresas agraciadas por contratación pública».

En el caso de Marta, Mireia y Pere, además, recalcan que en julio de 2014 cancelaron sus respectivas cuentas bancarias en la Banca Privada d’Andorra trasladando los fondos a otra entidad y regularizando su situación tributaria.

Oleguer, que invirtió su parte del dinero en participaciones de una empresa, terminó por venderlas en diciembre de 2015.