Esteban Gómez Rovira, abogado de víctimas por covid: “Las palabras de Yolanda Díaz abren la puerta a la responsabilidad penal”
Las palabras de Yolanda Díaz admitiendo que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia del coronavirus en los días previos al 8-M podrían ser la llave para pedir una “responsabilidad penal” a los miembros del Ejecutivo por su inacción ante la alarma sanitaria. Así lo asegura Esteban Gómez Rovira, abogado de víctimas de covid, que subraya por su parte que el Gobierno hizo caso omiso desde el 2 de marzo, dos semanas antes del estado de alarma, de las advertencias que llegaban sobre el covid-19.
En una entrevista este viernes en “Herrera en COPE”, Gómez Rovira asegura estar “contento” por las palabras de Díaz porque “indignado” lleva desde que pusieron la querella hace ya más de año y medio. “El Tribunal Supremo derivó la causa a la justicia ordinaria y nosotros estamos ayudando a cada afectado individualmente. Dudamos de que esto llegue al TS, pero no tenemos duda de que con la resolución de hace un año ya existe una responsabilidad patrimonial y civil a todos los miembros del consejo de ministro del Gobierno. En cuanto a la responsabilidad penal, ahora se abre una pequeña ventana con las palabras de Yolanda Díaz”, ha dicho.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha generado este jueves una gran polémica al asegurar que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia “azotaba fuertemente a Italia” y que podía pasar también en España. Además, ha apuntado que a principios de marzo de aquel año – “en la antesala del 8-M”, ya tenían preparados posibles medidas de protección social, como era el mecanismo de los ERTE. Esto generó una “enorme polémica” en el Gobierno y algunos agentes sociales, en alusión a la CEOE, le tildaron de “alarmista”.
El ala socialista del Gobierno cree que la vicepresidenta “se ha pasado de frenada” con estas declaraciones. “Yolanda [Díaz] se ha metido un gol en propia meta” tras “facilitar la tarea de oposición al PP”, cuentan.
Está claro y así debe ser. Una de las consecuencias de poner iletrados o indocumentados intelectuales en altos cargos de la administración del Estado es que su falta de formación (cajeras de supermercado elevadas a ministras, chorizos, profesores universitarios eventuales y sin méritos, etc) no es en sólo en materia política, sino también en capacidades sociales (tener comportamientos distintos dependiendo del ámbito en que te muevas), por lo que frecuentemente terminan metiendo la pata y diciendo lo que no deben. A ver si cae esta y luego poco a poco todos los demás van saliendo del panorama político y social… Leer más »