El gobierno anulará el canon digital…ahora, con el juez en los talones
Según informa La Vanguardia, el Gobierno ha decidido anular el polémico canon digital, impopular ante la ciudadanía pero que hasta ahora había sido defendido a capa y espada por el Ejecutivo.Sin embargo, la operación SAGA contra miembros de la dirección de la SGAE habría cambiado las fechas del anuncio de la supresión del canon, decisión que llevaría tomada desde hace días.
El diario de Godó asegura que la tasa que actualmente se aplica a todo instrumento tecnológico susceptible de albergar cualquier contenido audiovisual será sustituida por un mecanismo presupuestario que compense a los autores.
Igualmente, esta resolución se vendría fraguando desde la sentencia de Bruselas sobre el caso Padawan y contaría con el visto bueno de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y el de la industria tecnológica afectada.
Otras fuentes que explicarían el por qué todavía no se habría hecho pública la anulación del canon sería la posibilidad de que Rodríguez Zapatero haya delegado en Rubalcaba para que decida sobre el momento idóneo para hacerla pública.
El candidato socialista está ya en campaña y ha optado abiertamente por atacar a los mismos bancos que él ha subvencionado y por hacer guiños al 15-M. Ahora, quiere manejar los tiempos sobre una medida que ha sido muy impopular entre los españoles, y sacar provecho de esta medida que por otro lado dejaría sentenciada a la ministra Sinde.
EL JUEZ DICE QUE BAUTISTA AUTORIZÓ IMPULSÓ LA TRAMA
El juez de la Audiencia, Nacional Pablo Ruz, considera que el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista “autorizó, consintió e impulsó” la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como ‘operación Saga’, ideada por el actual director de la división digital de la sociedad de gestión, José Luis Rodríguez Neri.
Ruz indica, en un auto hecho público esta noche, que fruto de esta actividad fraudulenta, canalizada a través de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la SGAE invirtió “importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios” a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, controlada por el propio Rodríguez Neri.
De hecho, Rodríguez Neri simultaneó su actividad en la SDAE y en Microgénesis (beneficiaria de los contratos que la primera le atribuía) llegando incluso a mantener activa una tarjeta con cargo a la mercantil más de dos años después de desvincularse de ella. En la empresa, el alto cargo de la división digital de la sociedad de gestión había situado a distintos miembros de su familia, entre ellos su pareja María Antonia García Pombo y la hermana de esta, Eva, ahora imputadas, y a su hija.
En esta “trama parasitaria” han resultado beneficiadas con una facturación preferente distintas empresas vinculadas a los imputados con Microgénesis “en la cúspide”. La mercantil llevó a ingresar 26,4 millones de euros procedentes de la SGAE entre 2003 y 2007.
Las actividades de Neri provocaron que la SDAE diera pérdidas desde su creación. Este agujero condujo, según el auto, al intento de la cúpula directiva de la SGAE –el propio Bautista junto al director general Enrique Loras y el económico Ricardo Azcoaga– de disolver y absorber a la SDAE en un proceso cargado de “celeridad y opacidad”.
El conocimiento de Bautista de la trama es para el juez evidente. Como ejemplo, Ruz especifica que el presidente de la SGAE “conocía y permitía” que Rodríguez Neri recibiera un “sueldo encubierto” de 313.000 euros brutos pagado por una de las sociedades que prestaban servicios para Microgénesis. De este modo, el director de SDAE llegó a recaudar 1.227.852 euros.
El juez se refiere también al proceso de renovación de cargos de la Junta Directiva de la SGAE y asegura que Rodríguez Neri pudo “vulnerar la imparcialidad debida” impulsando la candidatura “continuista” con la actual dirección y poniendo trabas a la candidatura crítica con el equipo directivo actual.
Con estos argumentos, Ruz ha enviado a prisión eludible con una fianza de 300.000 euros a Rodríguez Neri y ha impuesto al actual socio director de Microgenésis, Rafael Ramos, una fianza de 150.000 euros.
El magistrado ha dejado sin embargo libres a su esposa María Antonia García Pombo y la hermana de ésta, Eva, después de interrogar durante la jornada de este lunes a estos cuatro últimos detenidos en la conocida como ‘operación Saga’. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario en el caso de Neri y de alzamiento de bienes en el caso de Ramos.
Rodríguez Neri, pieza fundamental de la causa y primero en declarar, ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal José Miguel Alonso durante cuatro horas y media. Después ha sido el turno del director de Microgénesis, Ramos, que ha declarado por espacio de tres horas. Las hermanas García Pombo fueron interrogadas en último lugar durante poco más de una hora.
Esta decisión se produce después de que el magistrado decretara ayer la puesta en libertad, en este caso sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, y dos altos cargos de Microgénesis S.A.: la principal accionista de la empresa Elena Vázquez y el director financiero Celedonio Martín.
El magistrado imputa a todos ellos delitos continuados de apropiación indebida que califica como “de especial gravedad atendido el valor de la defraudación” (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel).
Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la “negativa o impedimento” a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. Contra Elena Vázquez pesa también una imputación por alzamiento de bienes.
El juez impuso como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de “especial arraigo en España” de los directivos de la SGAE y de Microgénesis, no consideró que exista probabilidad de fuga.
