La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el escritorio del Congreso

El Tribunal Constitucional amparó en 2006 a una parlamentaria del PSOE frente a la decisión del presidente del Parlamento vasco de no permitirle votar de nuevo, pese a que se había comprobado que el sistema electrónico de la Cámara no recogió su voto. Son evidentes las diferencias con lo que le sucedió al diputado Alberto Casero en el pleno del jueves, al votar telemáticamente a favor -y por error según él- de la reforma laboral del Gobierno. Pero el TC utilizó en su sentencia un argumento de sentido común, aplicable a Casero: ningún interés podía tener la diputada vasca en perjudicar a su partido. Lo mismo puede decirse del diputado popular en esta ocasión. Conviene también partir del principio de que todo diputado representa de forma personal e insustituible la voluntad de sus electores, de manera que la normativa parlamentaria debe interpretarse siempre en el sentido más favorable a esa representatividad.

Es evidente también que el PP debe aclarar sin titubeos y paso por paso su actuación, desde el error del diputado al votar a sus gestiones posteriores para subsanarlo. Limpia y claramente la verdad, es lo que hará mucho más verosímil su denuncia.

Pero de momento el foco de este debate debe ponerse en la actuación de Meritxell Batet. Ella, como presidenta del Congreso, una vez más ha dado muestras de que su posición al frente de la Cámara Baja es una prolongación de los intereses del PSOE. Ya ocurrió en el caso del diputado Rodríguez, donde hasta que no fue puesta en evidencia por el juez Marchena torpedeó el cumplimiento de una sentencia judicial. Parece evidente que quien falta a la verdad en el ejercicio de sus funciones no es digno de asumir la tercera magistratura del Estado. Batet faltó a la verdad cuando dijo que había consultado con la Mesa del Congreso la petición del diputado Casero de votar presencialmente y anular su voto telemático. Un órgano colegiado, como la Mesa, se reúne, delibera y decide, y sus decisiones constan en acta. Lo que no hace es funcionar como un órgano de consulta personal de la presidenta Batet. Si no consultó a los demás miembros de la Mesa, mintió; y si se limitó a ‘consultar’, faltó a sus obligaciones reglamentarias. Toda una paradoja en quien se mostró taxativa con el diputado del PP.

Aunque el asunto acabe en el TC, Batet tiene ahora que dar cumplida explicación de las razones por las que no aplicó las garantías que tienen los parlamentarios que votan a distancia por la resolución de 21 de mayo de 2012, de la Mesa del Congreso. El apartado cuarto de este acuerdo impone -no sugiere o faculta, sino que obliga- a la Presidencia de la Cámara o al órgano en el que delegue la confirmación telefónica con el parlamentario tanto de la emisión del voto, como de su sentido. Solo después de esta verificación telefónica, el voto telemático se incorporará al resultado de la votación.

Nadie llamó al diputado Casero para hacer esta verificación. No parece muy sólida la explicación que ha circulado de que esta norma está en desuso, porque si es así, se deroga; y si se mantiene, hay que cumplirla. El apartado sexto de la resolución de 2012 aún compromete más a Batet, porque prevé la posibilidad de que el parlamentario que haya remitido su voto telemáticamente pueda acudir a la Cámara para votar de forma personal. La condición prevista para ejercer este derecho es que la Mesa lo autorice. El acuerdo, a favor o en contra de la petición del parlamentario, es de la Mesa, no de la presidenta Batet a título individual, y debe ser un acuerdo expreso y escrito para poder ser impugnado ante el TC. Además, la resolución de 2012 prevé que si el diputado es autorizado a votar personalmente, su voto telemático será ‘nulo y no emitido’, lo que quiere decir que el parlamentario podrá votar como quiera en la votación presencial. Cualquier jurista, incluso Batet, sabe que lo ‘nulo’ no existe para el Derecho.

Batet tiene un problema serio de responsabilidad política y legal. La sombra de la prevaricación se extiende sobre ella. Aunque su comportamiento no fuera delictivo, sí es indigno de una presidenta que se debe a todos los parlamentarios del Congreso. Políticamente la convalidación de la reforma laboral tiene el estigma del abuso y la trampa. La mayoría -por la mínima, pero seguía siendo la mayoría- del Congreso no la quería y solo unas argucias con olor a sectarismo han impedido que la votación reflejara fielmente la voluntad de la Cámara a la que Batet debería servir con imparcialidad y rectitud.