El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, con número de recurso 7643-2010 y Sala Primera, el recurso de amparo que, con fecha 25 de octubre de 2010, SAFJA interpuso ante dicho Tribunal como consecuencia de la aplicación del polémico Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público andaluz. También el Supremo admite el recurso de casación, tutelado por nuestros juristas a la Plataforma “Defiendo mi derecho y la gestión pública”. Así, SAFJA continúa luchando con el “no” más rotundo a un Decreto-Ley impuesto e ilegal que vulnera los derechos de funcionarios, opositores y cualquier ciudadano que precise servicios públicos.

En una nota, el Sindicato Andaluz de Funcionaraios de la Junta de Andalucía, SAFJA, manifiesta haber acudido al amparo de la Justicia contra el citado Decreto-Ley, por lo que considera una auténtica intransigencia, actitud dictatorial y prepotencia del equipo de Gobierno de la Administración de la Junta de Andalucía hacia sus propios trabajadores y ciudadanos en general.

El conocido como Decretazo ha puesto en pie de guerra a gran parte de la sociedad andaluza y a la totalidad de los empleados públicos, pues discrimina a los andaluces que pretenden acceder al sector público andaluz respecto a los que trabajan en las empresas públicas. Es más, este Decretazo veja la condición de funcionarios independientes y servidores públicos imparciales, reduciéndola a meros servidores de los intereses políticos del partido de turno que gobierne.

SAFJA, sigue diciendo el comunicado, cumpliendo con la misión encomendada por sus representados y simpatizantes, es decir, velando por el riguroso cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y demás normas que rigen la Administración Pública andaluza, no ha dudado en utilizar todas las herramientas jurídicas que el Estado de Derecho pone a su alcance para defender los deberes y derechos de los ciudadanos, empleados públicos y de la propia Administración.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha remitido al Tribunal Supremo las actuaciones que nuestros juristas han tutelado a la Plataforma “Defiendo mi derecho y la gestión pública”, sobre el controvertido Decreto-Ley, dmitiéndola a trámite por ser susceptible del recurso de casación interpuesto. Lo que upone un paso adelante en la prevalencia del principio de igualdad en la sociedad
andaluza, ante la ilegalidad y el capricho político.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios creen en el Estado de Derecho y en el principio de justicia, acatando el resultado de las sentencias con la confianza de que imperen los principios constitucionales antes que las aspiraciones políticas. Hemos sido los primeros en recurrir este Decreto-Ley ante el TSJA y el Constitucional, los únicos en llevarlo ante el Defensor del Pueblo para que hiciera lo propio, en querellarnos contra el propio Consejo de Gobierno y en recurrir la primera fusión de empresas públicas convertida en Agencia.

SAFJA continúa defendiendo enérgicamente la derogación del Decreto-Ley 5/10, ya que “no podemos tolerar que el Gobierno andaluz continúe actuando a base de Decretazo, ni que menoscabe los derechos de opositores, funcionarios y ciudadanos receptores de servicios públicos, ni que perpetre bajo cuerda esta importante reforma de la Función Pública andaluza que nos afecta a todos”.