Juan Carlos Martínez (a la derecha), junto a María Gámez, actual directora de la Guardia Civil – ABC

Un atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta al “lucro injusto” que Juan Carlos Martínez, pareja de la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez, habría tenido en una empresa gestionada junto a sus hermanos.

Este atestado, al que ha tenido acceso Efe, forma parte de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que ordenó la verificación de aspectos manifestados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en un informe de control financiero sobre las entidades Santana Motor, en liquidación, e Incubadora de Emprendedores (Incuba).

Ambas entidades estaban incluidas en un plan de auditorías, control financiero y control financiero permanente sobre la fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

En dicho informe se dejaba constancia de irregularidades en la concesión de préstamos por parte de IDEA a Santana Motor, como la modificación de un convenio (Massif) entre la Consejería de Innovación y la referida agencia de Innovación que, de facto, transformaba préstamos ordinarios en participativos, y por tanto en ayudas de Estado a fondo perdido.

Entre el conjunto de proveedores de Santana Motor se detectó la presencia como beneficiario de la sociedad Experience Management Group, que tenía como administrador único a Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos Martínez, y quien ha desempeñado diversos cargos en organismos relacionados con la Junta de Andalucía.

El informe pone de manifiesto contrataciones de Santana Motor por importe 339.701 euros con una sociedad del que fuera presidente de la automovilística y considera “relevante” que su hermano, Juan Carlos Martínez, desempeñara diversos cargos públicos relevantes en la administración de la Junta de Andalucía, especialmente vinculada a la gestión del Grupo Santana y a la Administración del Estado.

Entre otros datos, se advierte que era secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública precisamente en el momento en que se firmó el Convenio Massif, entre la Consejería y la Agencia IDEA, con las “disfunciones” que se han visto ya en cuanto a su seguimiento, indica el atestado policial.

En cuanto al “lucro injusto” al que se refiere el atestado, se indica que se ha tenido conocimiento de tres sociedades gestionadas por los tres hermanos Martínez (Bienvenido, Manuel y Juan Carlos) dedicadas a labores de gestoría y consultoría.

Dos de ellas, Experience Management Group y Job Management Liberty, presentan -según el atestado policial- importantes ingresos de sociedades que recibieron a su vez “cuantiosos ingresos” de la Junta de Andalucía, en lo que se plantea que pueda ser “un mecanismo de retribución por la concesión de dichos fondos públicos”.

Al respecto, se hace mención del “aumento patrimonial detectado” en Juan Carlos Martínez, que adquirió propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2012, por importe superior a un millón de euros, un patrimonio detectado al tiempo de investigar la creación de la sociedad que gestiona.

Del conjunto de diligencias practicadas, que incluye a otros investigados, se ha podido conocer la “irregularidad de la gestión” del Centro de Negocios en Madrid de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que consistiría en la preparación de la adjudicación directa por parte de las personas responsables del procedimiento a personas vinculadas precisamente a la gestión de dicho procedimiento.