Los precios de la energía y de los alimentos siguen subiendo, pero el Gobierno ha decidido que hay que esperar hasta el 29 de marzo para tomar medidas que palien el drama que están viviendo empresas y hogares. Por un lado, nos dicen que hay que esperar a ver qué propone el consenso europeo, si se alcanza, y, por otro, medidas dispares dependiendo de que miembro del Gobierno hable. La realidad es que mientras se lo piensan, las facturas siguen subiendo, la industria se ve obligada a parar la producción, se preparan ERTE y reducciones de jornada y cada vez más ciudadanos intentan por su cuenta pasar frío o bajar el consumo de luz y alimentos. Sólo en combustible, la inacción del Gobierno le va a costar en IVA a los españoles casi 63 millones de euros.

Estos días hemos oído soluciones aportadas por algunos miembros del Gobierno que pasan por bajar impuestos, conceder ayudas, pasar el coste a las eléctricas, recortar los dividendos, topar los precios e incuso congelar los alquileres. Sánchez se lo está tomando con calma. Aún faltan 9 días para que conozcamos qué harán finalmente. Mientras ministros como Garzón se empeñan en tomar por tontos a los ciudadanos con ocurrencias como que vayamos al trabajo en bicicleta, bajemos la calefacción y cosas similares.

Lo que no se entiende es que haya que esperar, cuando otros países europeos ya están de una u otra forma ayudando a sus empresas y familias. La excusa es Europa y la merma en los ingresos por IVA o los impuestos especiales que se pagan por luz, gas o carburantes. Sin embargo, la propia AIReF ha publicado estos días una estimación prudente sobre la recaudación extra que Hacienda acumula por el efecto de la inflación. Más de 3.000 millones de euros que ya podrían haberse destinado a paliar las subidas de la energía. Además, cada español pagará este año entre 700 y 750 euros por la no deflactación de la tarifa del IRPF. Otro extra que podría aliviar la economía de los ciudadanos. No digamos el coste de los ERTE, que parece haber sorprendido al Ministerio de Trabajo.

No cabe duda de que la solución es grave y que es obvio que hay que buscar soluciones a largo plazo que reduzcan la dependencia energética de sátrapas como Putin. Pero, tantas soluciones como a corto plazo para evitar una catástrofe en empresas y autónomos. El consenso de los economistas ya habla de que el crecimiento de este año se va a reducir alrededor de 8 décimas (no llegará al 5%) y podría ser más si la situación no mejora o se enquista. No se puede seguir tomando por tontos a los ciudadanos y desviar la atención sacando como ha hecho el Gobierno esta semana el comodín de la ultraderecha. Hablamos de las familias, los autónomos, la industria, la pesca, la ganadería, la agricultura o los servicios. La situación es, como ha reconocido ayer el propio Sánchez, de emergencia económica y social. Por ello, hay que dejar ya los eslóganes y la propaganda y pasar a los hechos.