La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera

El Gobierno exigirá una declaración de responsabilidad a las empresas que se dediquen al vertido de urnas o cenizas funerarias al mar, un documento que sustituirá al actual informe de compatibilidad con las estrategias marinas, que buscan proteger el medio marino y sus ecosistemas.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de marzo en calidad de reforma del Real Decreto 79/2019, entrará en vigor a finales de este mismo mes tras su publicación en el BOE y su objetivo, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), es “agilizar la tramitación y mantener a la vez el nivel necesario de protección marina”.

Se trata de ceremonias que se llevan a cabo desde la costa, junto a playas y acantilados, o bien mar adentro desde una embarcación.

En el primer caso, la forma de proceder depende de la legislación autonómica y, en el segundo, hay que tener especial cuidado, si también se arroja la urna funeraria, en que esta sea biodegradable y no contenga metales ni plásticos contaminantes.

Además, está prohibido arrojar objetos ornamentales o personales del difunto junto con las cenizas y solo se permite ofrendas florales, siempre bajo la supervisión de la tripulación encargada.

El Miteco no prevé “efectos ambientales negativos en el mar derivados de esta actividad si se cumplen los requisitos reflejados en la declaración”, si bien este permiso no se pedirá de momento a los ciudadanos que tomen esta iniciativa por su propia cuenta.

Las organizaciones conservacionistas afirman que esta costumbre se ha extendido en los últimos años y, así, la responsable de océanos de Greenpeace, Pilar Marcos, ha asegurado a Efe que aunque esta actividad “se encuentra a la cola de las amenazas marinas, lo cierto es que ha ido en aumento”.

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Si bien no existen cifras concretas para poder cuantificar ese incremento, se ha felicitado por la medida aprobada, ya que “el primer paso para controlarlo es regularlo”.

En el mismo sentido, el director de investigación de Océana, Ricardo Aguilar, ha indicado que “cada vez hay más empresas que se dedican a este tipo de ceremonias, sin contar con la gente que lo hace por su cuenta y riesgo”. “Todo tiene un impacto en el medio marino, sobre todo si hablamos de cantidades cada vez mayores”, ha incidido.

Aguilar ve positivo que la nueva regulación exija no verter las cenizas en zonas donde “haya hábitats sensibles o especies protegidas” para reducir los posibles perjuicios causados.

Entre las compañías que se dedican a esta actividad figura ‘Cenizas en el Mar’, que opera en aguas de Málaga, Cádiz, Almería, Alicante, Granada o Murcia, entre otras, y cuya fundadora, María Dolores Velasco, ha explicado a Efe que “no hay muchas empresas que se dediquen a esto, no más de cuatro o cinco”.

En su caso, “respetamos – señala- las coordenadas autorizadas porque amamos el mar y queremos hacer las cosas bien”, por lo que la nueva normativa dictada por el Ministerio será “un trámite burocrático más”, puesto que ya siguen un procedimiento ecológico por el que no permiten “que nadie tire ni siquiera una colilla, ni nada que no se pueda arrojar”.

Velasco ha manifestado que elaboran “estudios del fondo marino con el concurso de un biólogo” que son verificados por las autoridades locales en “un proceso que dura al menos un año” y por eso se sabe “dónde se puede arrojar las cenizas de manera que no afecte al lecho marino ni a las aves de paso, ni por supuesto a los espacios protegidos”.