Que no suenen las alarmas. Los separatistas no oficializarán la ruptura con Pedro Sánchez por el asunto del espionaje. Pura teatralidad de cara a la galería. Los independentistas saben bien que no pueden permitirse a otra persona al frente del gobierno que no sea Sánchez. Sánchez o Feijóo. Y con Feijóo saben que se acabarían los privilegios y eso de poner de rodillas al estado, una y otra vez. Así que estos canallas han alterado el guión, elevan la voz, fingen estar indignados pero, que nadie lo dude, volverán a plegarse al interés que para ellos supone la continuidad del gobierno socialcomunista al frente de la nación que quieren destruir.

Tras varios días de amenazas, el presidente de la Generalitat convirtió este viernes los avisos en un ultimátum a Pedro Sánchez para que antes de una semana dé explicaciones y asuma alguna responsabilidad en el caso de espionaje a una sesentena de dirigentes independentistas. Hablar de responsabilidades “en los próximos días, en la próxima semana”, dijo este jueves, es que “tendremos que ver renuncias”, es decir ceses, según señaló el dirigente republicano a las agencias AP y AFP. Aragonès pide alguna cabeza (no aún la de Sánchez como los dirigentes de Junts), lo que aumenta la presión para que el Gobierno mueva alguna ficha.

El independentismo ha conseguido internacionalizar el caso de los espionajes, hasta el punto que ‘The Washington Post’ (el del Watergate, según celebraron algunos soberanistas) dedicó este jueves su editorial al ‘catalangate’, que ha estallado en un momento en que el secesionismo se sentía ninguneado por la Moncloa, a pesar de que los votos de ERC son fundamentales para la estabilidad parlamentaria del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Aragonès, que apunta directamente al CNI, da una semana de plazo, que coincide con un primer escollo para el Gobierno central como es la votación del jueves próximo en el Congreso, que abordará el decreto de las medidas propuestas por el Ejecutivo para tratar de mitigar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Los trece diputados de ERC vuelven a tener la llave de una votación en el Parlamento.

En el horizonte, hay más votaciones, como la ley mordaza, la de memoria democrática, la audiovisual, la de vivienda y la del solo sí es sí. Si no se depuran responsabilidades, el “Gobierno podría llegar a caer – advirtió Aragonès el jueves por la noche en RTVE-. Va a ser muy difícil mantener la colaboración parlamentaria”. En la filas republicanas recuerdan que no les tembló el pulso para tumbar la reforma laboral o en la anterior legislatura no apoyar los Presupuestos, lo que provocó el adelanto electoral.

Aragonès, no obstante, no quiere precipitarse, pues está en juego la mesa de diálogo, la apuesta central de su mandato, y el compromiso de los republicanos con el bloque progresista. Su deseo es celebrar un encuentro cara a cara con Sánchez del que, de momento no hay noticia. El presidente del Gobierno, de hecho, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre esta crisis, a pesar de que ayer asistió al acto de entrega del Premio Cervantes y podría haber aprovechado para exponer su punto de vista.

Argumentos insuficientes
La sensación no solo de ERC y otras fuerzas afectadas por el supuesto espionaje, como Bildu, es de que el Ejecutivo no ha asumido la gravedad que sus aliados habituales otorgan al caso o que está noqueado. A lo largo de esta semana, distintos ministros -la portavoz, la de Defensa, el del Interior, la de Justicia o, este jueves, la de Hacienda- se han limitado a repetir la misma cantinela que los partidos del bloque de investidura juzgan insuficiente: que el Gobierno ya ha demostrado con hechos, como los indultos del procés, qué tipo de relación desea mantener con la Generalitat, que España es un Estado de Derecho en el que no se intervienen las comunicaciones sin autorización judicial y que el papel del CNI es materia reservada.

En la Moncloa también alegan que el asunto se resolverá con “diálogo” y apuntan a una reunión de la mesa con el Gobierno catalán como foro para desenquistar el asunto. Aragonès, sin embargo, dio a entender este jueves que sin que el Gobierno abra una investigación y depure responsabilidades no tiene ningún sentido mantener las negociaciones sobre el conflicto político porque su confianza en el Ejecutivo es nula.

Los socialistas aseguran estar “volcados” en intentar recomponer la situación. Afirman que los contactos son permanentes. Pero no terminan de creer que el real decreto del plan anticrisis esté realmente en riesgo. María Jesús Montero dio este jueves por hecho que, pese al malestar, ERC lo apoyará y en la dirección del grupo parlamentario socialista afirman que lograrán convalidarlo con una mayoría amplia.

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Los socios se afanan en dejar claro que sus amenazas van en serio. ERC, Bildu, BNG, la CUP, Junts, PdeCAT, Más País y Compromís solicitaron la comparecencia en el Congreso de Sánchez y su jefe de gabinete, Óscar López; de los ministros Robles y Marlaska; de los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad Nacional y de la del CNI, Paz Esteban. La exigencia se une a la petición de una comisión de investigación que también firmaron Podemos y el PNV y a la que, con toda seguridad, el PSOE se opondrá con la ayuda del PP, Ciudadanos y Vox.

La semana que viene la ofensiva parlamentaria se plasmará en la comparecencia en comisión de Óscar López, previamente programada para presentar la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, el lunes; el martes, en la sesión de control en el Senado, a la que acude Sánchez, y el miércoles en la del Congreso.

El papel del socio minoritario de la coalición, el primero en pedir el martes que “rueden cabezas”, es especialmente complejo. este jueves, la vicepresidenta Yolanda Díaz defendió que el Gobierno está afrontando esta cuestión con “seriedad y rigor”, pero también subrayó que el caso es de “enorme gravedad” y que no hay que tener “temor” a dar explicaciones.