Una iglesia “progresista” y de “aceptación” de la comunidad LGBT en Winnipeg ha utilizado su santuario como un lugar donde los miembros pueden terminar voluntariamente con sus vidas mediante el suicidio asistido.

Según el Winnipeg Free Press, una anciana de 86 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, recibió la aprobación para quitarse la vida mediante un suicidio médicamente asistido el pasado 9 de marzo durante una “simple ceremonia de paso al otro lado” en la iglesia Churchill Park United de Winnipeg.

Debido a la naturaleza altamente progresiva de la ELA, que afecta al sistema nervioso hasta el punto de provocar la parálisis y, en última instancia, la muerte, la anciana decidió que quería acabar con su vida antes de perder el control de todas sus facultades, según su hija.

Dado que la eutanasia es legal en Canadá, y que la Iglesia Unida de Churchill Park había votado en 2017 permitir esta práctica tan controvertida “caso por caso”, la mujer deseaba acabar con su vida en la iglesia en la que crió a su familia.

Finalmente la iglesia progresista atendió la petición de la mujer y, según su obituario, ésta murió “mientras el sol se colaba por las ventanas del santuario lleno de música”.

Aunque el aborto se considera a menudo la cuestión pro-vida más importante para los cristianos, la posición doctrinal común sobre el suicidio asistido ha sido similar a lo largo de los siglos, y la práctica ha sido ampliamente condenada en la mayoría de las creencias.

Por ejemplo, la iglesia católica, condena rotundamente la eutanasia en sus enseñanzas por ser “gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto debido al Dios, su Creador”.

En sus enseñanzas se establece que: “Cualesquiera que sean sus motivos y medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas discapacitadas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable”.

Como habían advertido muchos activistas provida, permitir la eutanasia dentro del sistema legal conduciría inevitablemente a una mayor indulgencia de quiénes pueden optar a este procedimiento, y acabaría por desembocar en un sistema que socava de forma drástica e inequívoca el valor de la vida humana.

Confirmando los temores de los activistas, desde que se legalizó el suicidio asistido, llamado asistencia médica para morir (MAiD), en Canadá en 2016, la ley ya ha ampliado el acceso a la inyección letal voluntaria más allá de los adultos con enfermedades terminales.

En marzo de 2021, el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau aprobó el proyecto de ley C-7, que modificó la ley relativa a la MAiD para permitir a ciertas personas poner fin a su vida incluso cuando su muerte no es “razonablemente previsible”, siempre que su condición o discapacidad particular se considere “irremediable”.

Si bien la ley prohíbe actualmente que las personas que padecen una enfermedad mental sean las únicas que reúnan los requisitos, esta disposición expirará el 17 de marzo de 2023. En efecto, si la ley se mantiene, quienes padecen enfermedades mentales, pero que por lo demás están perfectamente sanos, pronto podrán ser condenados a muerte legalmente.

Muchos expertos, desde el mundialmente conocido CAMH (Centro para la Adicción y la Salud Mental) hasta la Asociación Canadiense para la Prevención del Suicidio, han advertido que es imposible predecir, según el lenguaje de la ley, la “irremediabilidad” de la enfermedad mental para cualquier individuo, y por lo tanto la disposición que prohíbe a los enfermos mentales cumplir los requisitos debería ser permanente.

Según los expertos Dr. Sonu Gaind, Dr. Ramona Coehlo, Dr. John Maher y el profesor Trudo Lemmens, debido al hecho de que incluso un paciente con una enfermedad mental grave puede experimentar una mejora repentina, “permitir el MAiD únicamente por motivos de enfermedad mental viola fundamentalmente el derecho a la protección igualitaria de las personas con enfermedades mentales contra la muerte prematura”.