El durante años juez en la Audiencia Provincial de Valencia José Luis Vera fue el elegido por el PSOE para convertirse en el asesor jurídico que combatiese la corrupción en la Diputación de Valencia. Sin embargo, la realidad es que este magistrado designado para ser el garante de la honradez en la vida pública y azote del PP acabó cobrando grandes sumas de dinero hasta sumar 1,3 millones de euros mientras favorecía los intereses de grandes promotoras bajo el paraguas de administraciones socialistas.

Directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre 2007 y 2012 este magistrado percibió al menos de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086 euros bajo “supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias”, mediante pagos por servicios inexistentes. Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, “directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1.341.086,36 euros”.

A Vera, cuya mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE, se le sitúa como uno uno de los cabecillas de la trama corrupta que se investiga en el caso Azud, que se habría repartido durante 20 años comisiones millonarias y en el habría implicados tanto cargos del PP como del PSOE.

Según el sumario, su cometido era posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis en las administraciones públicas en las que gobernaba el PSOE, y aparece también como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del partido, mediante la utilización de sociedades interpuestas.

Así lo recoge el sumario del caso azud, en el que de detallan las comisiones ilícitas y las formas de pago a los imputados en esta causa que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato del PP.

Según el sumario, otros como él que cobraron comisiones ilícitas por su participación “necesaria e imprescindible” para que el empresario Jaime Febrer y su grupo de empresas alcanzaran sus fines, y que figuran como imputados en esta causa, son:

Alfonso Grau: el exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá habría cobrado más de 2 millones de euros en comisiones ilícitas. La investigación he detectado que hizo ingresos en efectivo entre 2022 y 2014 por 412.725 euros en cantidades pequeñas, que alquiló tres cajas de seguridad en bancos, y que se dedicó a la compra de inmuebles mediante una empresa familiar.

Rafael Rubio: el concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, por los servicios prestados, tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros, que procedió a invertir en todo tipo de productos de ahorro y de inversión, aunque las cantidades en metálico percibidas fueron superiores, ya que hay constancia de que recibió una comisión no inferior a 300.000 euros por una de las tramas que se urdieron por el Grupo Axis.

En el sumario aparece como perceptor de regalos y de importantes cantidades en metálico para ejercer la función pública de manera desviada a los intereses generales, beneficiando a la organización estructurada de Jaime Febrer. Alquiló una caja de seguridad en 2007, año en el que empezó a hacer ingresos en sus cuentas bancarias de efectivo inferiores de 2.000 euros.

José María Corbín: obtuvo por facturaciones ficticias 602.156 euros (que pagaron al menos siete empresas vinculadas al grupo Axis a la mercantil Corbín Abogados SL), más cantidades en efectivo. Estar casado con la hermana y jefa de gabinete de Rita Barberá, le permitía “conseguir o facilitar los intereses económicos” que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia, indica el sumario.

Asimismo, se detallan en un auto las cuatro vías que el empresario Febrer utilizó para poder llevar a cabo los pagos de las comisiones ilícitas, que son las siguientes:

En algunos casos, se confeccionaban y suscribían contratos ficticios, que permitían la canalización de los pagos de dichas comisiones. Este método se utilizaba con los investigados José María Corbín y José Luis Vera, que por no ser funcionarios públicos podían suscribir dichos contratos y aflorar una parte de las comisiones.

En la mayor parte de los casos dichas comisiones se abonaban en dinero en efectivo. En otras ocasiones, se hacían compraventas de bienes (inmuebles) por un precio inferior al realmente abonado, que redundaba directamente en beneficio para los cargos públicos y funcionarios.

En todo caso, siempre mediaba la entrega de regalos de toda índole que por su valor “no podían ser considerados como una atención normal dentro de las normas sociales” y que recibían la práctica totalidad de los investigados en esta causa.