Alabo el temple y la moderación con la que mi presidente y amigo, Juanma Moreno , ha sabido conquistar con su mensaje de «serenidad y tranquilidad», la voluntad y porque no decirlo el corazón de millones de andaluces, para conseguir que mayoritariamente depositen en él su confianza para gobernar y administrar los intereses de la región más poblada de España como es Andalucía.

Parece que Núñez Feijóo sigue la misma estela a nivel nacional y que esa puede ser la clave para que se repita un resultado parecido cuando el calendario electoral nos permita pronunciarnos con el objeto de revertir el actual caos gubernamental e institucional en el que Pedro Sánchez ha embarcado a España.

Pero, Presidente, no se puede estar sereno ni tranquilo cuando, después de una sentencia del Tribunal Supremo que confirma la del Tribunal Superior de Andalucía, se desata desde el Gobierno y el partido socialista un brutal ataque contra la legitimidad del Alto Tribunal por haber aplicado la ley contra los altos cargos socialistas que han prevaricado, malversado y dilapidado los fondos públicos que el pueblo andaluz les encomendó para el sostenimiento del empleo en el caso de los ERES. Robar dinero de los españoles para corromper la democracia es mucho más grave que el que un cargo público robe para su propio beneficio.

Que el Gobierno diga que “respeta las decisiones judiciales” y al mismo tiempo afirme que en la sentencia sobre los 680 millones defraudados, “pagan justos por pecadores”, debilita gravemente los fundamentos del Estado de Derecho y pone en entredicho la profesionalidad y prestigio de nuestra judicatura a nivel nacional e internacional.

No se puede estar tampoco sereno ni tranquilo, cuando el Gobierno y la Generalidad se reúnen para acordar que en Cataluña no se aplicará la justicia para los políticos que actúen contra la legislación emanada del Estado, lo que supone dar vía libre para que delincan impunemente. Por otra parte respalda la política lingüística de la Generalidad contra la educación del castellano en los centros de Cataluña e incluso la promoción del catalán en las instituciones europeas, cuando es el propio TSJC quien lleva al Tribunal Constitucional la nueva ley lingüística.

Ni se puede estar sereno ni tranquilo cuando, ante el drama de los incendios; la grave sequía que sufrimos; la crisis energética que nos amenaza; la desbocada inflación o el creciente empobrecimiento de las familias, la única solución sea la subida de impuestos pero sin recortar el creciente gasto público innecesario e improductivo, como el de los ministerios sin competencias en manos de sus socios comunistas.

Los españoles solo estaremos serenos y tranquilos cuando, como ha ocurrido en Andalucía y antes en Madrid, los actuales socialistas sean desalojados del poder para que sus dirigentes se regeneren y regresen a la senda del sentido común y patriotismo.