Por Calvin Freiburger.- El fiscal general de Indiana dice que la administración de Biden ha «alcanzado un nuevo nivel de desvergüenza con esta estratagema de retrasar la asistencia alimentaria para niños de bajos ingresos a menos que las escuelas cumplan con las órdenes de la izquierda».

Una coalición de 22 estados predominantemente republicanos está demandando a la administración de Biden por hacer que la financiación federal de almuerzos escolares dependa de la aquiescencia local a la ideología de género de izquierda.

En mayo, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) anunció que el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) interpretaría el Título IX, la ley de 1972 que prohíbe la discriminación basada en el sexo biológico, para incluir la orientación sexual y la «identidad de género», que en la práctica significa obligar a las escuelas a permitir que los hombres que se identifican como mujeres ingresen a instalaciones íntimas destinadas a niñas reales, como los baños.

El incumplimiento pondría en riesgo la calificación de una escuela para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, que cubre aproximadamente 100,000 escuelas y casi 30 millones de niños.

UPI informó que Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Indiana, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental se han sumado a una demanda contra la política.

La demanda sostiene que la administración de Biden está malinterpretando tanto la ley federal como el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. de 2020 en Bostock v. Clayton County , que concluyó que la «discriminación sexual» en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 debe interpretarse como orientación sexual y identidad de género, además de su significado biológico original.

Si bien muchos conservadores y constitucionalistas en ese momento se opusieron al fallo por extender el Título VII mucho más allá de su significado textual e intención original, también argumentaron, y la administración Trump estuvo de acuerdo , que no fue tan lejos como querían los activistas LGBT. El juez Neil Gorsuch, quien escribió la opinión mayoritaria en el caso, dijo en él que “no prejuzga ninguna pregunta de este tipo” sobre “baños, vestuarios y códigos de vestimenta separados por sexo”.

“Todos sabemos que la administración Biden está decidida a imponer una agenda de extrema izquierda a los estadounidenses en todo el país”, dijo el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, quien codirige el esfuerzo con el fiscal general de Tennessee, Herbert Slatery III. “Pero han alcanzado un nuevo nivel de desvergüenza con esta estratagema de retrasar la asistencia alimentaria para niños de bajos ingresos a menos que las escuelas cumplan con las órdenes de la izquierda”.

“Las acciones de la administración de Biden inevitablemente darán como resultado un caos regulatorio que amenaza los servicios nutricionales esenciales para algunos de los ciudadanos más vulnerables de Indiana”, agregó Rokita.

El avance integral de la agenda transgénero ha sido una prioridad de la administración Biden, incluida la promoción de niños en transición quirúrgica y química.