Tiene usted mucho interés en que Jose Antonio Griñán pase los últimos años de su vida en la cárcel? Quien dice los últimos dice los penúltimos. Es probable que, a no ser que albergue un alma severamente endurecida, la respuesta sea no. También lo es que reclame el mismo trato para los culpables de malversación de caudales públicos sean del partido que sean y que, con todo el dolor de su corazón, exija cumplimiento de la pena. Eso no le hace peor persona, pero sí podría solventarse si se diera algún tipo de arrepentimiento o petición de perdón por parte del partido que ha protagonizado el caso de corrupción que ha llevado a unos cuantos de sus miembros a la condena de prisión.

Griñán, como los demás, ha vivido una larga década de proceso judicial en la que su vida se ha visto muy afectada y que no debería ser pasada por alto: esa particularidad personal, añadida a su edad y otros elementos invitan a pensar que lo razonable es asumir la culpa y, a la vez, aliviarle del castigo. No debe ser muy difícil llegar a un amplio acuerdo acerca de ello. Pero chocamos con elementos contradictorios. Al antiguo presidente de la Junta le estaríamos aplicando un beneficio que no se ha dado en otros casos: Milagrosa Martínez, exconsejera de turismo de la generalitat Valenciana, fue condenada a 9 años de prisión –que está cumpliendo rigurosamente– por haber adjudicado un stand de Fitur de forma irregular, malversando, según el tribunal, algo más de 200.000 euros. Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, se ha pasado 5 años en prisión –severamente custodiados por algún director del centro penitenciario– por contratar dos amigos para un puesto en el Ayuntamiento. 5 años como 5 soles. Ninguno de los dos era socialista ni pendía su condena del criterio de un gobierno que viene de indultar a la remanguillé a los políticos catalanes culpables de sedición.

Pero hay otros considerandos. Sin conocer el contenido de la sentencia, el Gobierno, por boca de su presidente y algún que otro aventurero más, se ha lanzado a enmendar la plana al Tribunal afirmando que el fallo no se atiene a criterios de justicia. Griñán sería supuestamente el ‘justo’ entre los ‘pecadores’, papel este último asignado al resto de los condenados a prisión, que, mediante este pútrido reparto de responsabilidades, deben saber a estas alturas que no entran en los planes de indulto que el Gobierno ya maneja descaradamente poniendo en circulación los consabidos mensajes exculpatorios. Lo peculiar de la no entrada de Griñán en la cárcel –cosa que aceptaría casi toda persona medianamente comprensiva– es que lo hiciera, además, respaldado por un gobierno que se autoproclamase tribunal de casación y que sostuviera que actuó correctamente. Sin realizar ningún acto de mínima contrición que amortiguara la sensación de que si eres socialista, y además delinques, alguien vendrá en tu socorro reclamando comprensión. Juan Espadas se ha desmarcado honestamente de eso. Y es el único camino razonable para que este caso no se convierta en una fosa séptica más para este Gobierno.