TP.- California está a punto de convertirse en el primer estado que emprende acciones legales contra los médicos acusados de difundir “información errónea o desinformación” sobre COVID-19.

El proyecto de ley 2098 de la Asamblea de California (AB 2098), aprobado el 29 de agosto por el Senado de California y ahora a la espera de la firma del gobernador Gavin Newsom, sometería a los médicos y a otras personas a medidas5 disciplinarias -incluso a la suspensión o revocación de sus licencias para ejercer la medicina en California- por difundir “desinformación sobre las vacunas”.

El proyecto de ley, que afirma que algunos de los “propagadores más peligrosos” de información inexacta sobre las vacunas contra el COVID-19 son profesionales sanitarios con licencia, declara que es una “conducta no profesional” que un médico y un cirujano difundan “información errónea o desinformación relacionada con el COVID-19, incluida la información falsa o engañosa sobre la naturaleza y los riesgos del virus, su prevención y tratamiento, y el desarrollo, la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19”.

El gobernador Newsom, que tiene hasta el 19 de septiembre para firmar el proyecto de ley, aún no se ha pronunciado públicamente al respecto, informó The New York Times.

El proyecto de ley define la “desinformación” como cualquier información “falsa” que “se contradice con el consenso científico contemporáneo contrario al estándar de atención”.

En un tuit del 30 de agosto, Jenin Younes, asesora de litigios de la Nueva Alianza de Libertades Civiles, calificó el proyecto de ley de “horrible”:

Physicians for Informed Consent (Médicos por el Consentimiento Informado) en su página web tiene una imagen de un médico con cinta adhesiva sobre su boca acompañada de esta declaración: “Si se aprueba la AB 2098, no podré decir lo que realmente pienso”.

La Dra. Meryl Nass, internista y epidemióloga especializada en guerra biológica, dijo a The Defender: “Varios estados ya han amenazado o castigado a los médicos por ‘difundir información errónea sobre el COVID’. A mí me han suspendido inmediatamente la licencia por este motivo y estoy a la espera de una audiencia el mes que viene”.

Nass, miembro del comité asesor científico de Children’s Health Defense, continuó:

“Sin embargo, tenemos una Primera Enmienda y a menudo leyes estatales que protegen explícitamente la libertad de expresión”.

La legislación de California, cuando se firme, será el primer intento en el país de legislar en torno a la Primera Enmienda y criminalizar la libertad de expresión.

Esto legaliza lo que ya ha sido llevado a cabo por lo que yo llamaría juntas médicas “canallas” que desconocen nuestros derechos garantizados por la Constitución.

El proyecto de ley AB 2098 fue presentado a mediados de febrero por el asambleísta de California Evan Low, uno de los siete legisladores demócratas que en enero formaron el Grupo de Trabajo sobre Vacunas para desarrollar una legislación que promoviera el uso de las vacunas COVID-19 y al mismo tiempo “combatiera la desinformación”. El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea de California en mayo.

El asambleísta Low dijo en un comunicado que el proyecto de ley daría a las juntas médicas de California las “herramientas” necesarias para emprender “acciones disciplinarias” contra los médicos con licencia acusados de difundir información errónea sobre COVID-19.

“Debido a sus conocimientos y formación especializada”, dijo Low, “los médicos colegiados poseen un alto grado de confianza pública y, por tanto, deben rendir cuentas. La difusión de información errónea, de información COVID-19 inexacta, contradice esa responsabilidad y amenaza con erosionar aún más la confianza pública en la profesión médica y pone en riesgo a todos los pacientes”.

Sin embargo, los críticos afirmaron que el AB 2098 tendría repercusiones negativas si se convirtiera en ley.

California Health Coalition Advocacy (CHCA), una organización que trabaja para “ampliar, proteger y promover la salud y el bienestar de los californianos”, escribió en marzo una carta al asambleísta Low en la que expresaba su preocupación por la AB 2098.

En la carta, la CHCA afirmaba que los médicos pasan por una “rigurosa educación y formación” y que se les debería permitir “expresar sus opiniones médicas y profesionales libremente”, y que la escasez de proveedores de atención sanitaria podría verse “exacerbada” como “consecuencia no deseada” de la ley propuesta.

La CHCA dijo que es problemático que el proyecto de ley defina la “desinformación” como cualquier cosa que vaya en contra del “consenso” científico contemporáneo, ya que la ciencia es una evolución continua cuyo desarrollo ha dependido históricamente de la consideración de las voces minoritarias.

Otros opositores al proyecto de ley afirmaron que el lenguaje del “estándar de atención” es demasiado vago y advirtieron que podría interpretarse como lo que el gobierno diga que significa.

El comentarista político Robby Soave, presentador de “Rising” en Hill TV, escribió en un artículo para Reason:

“La ciencia es un proceso deliberativo, y los profesionales de la medicina deben poder disentir de las ortodoxias dominantes y desafiar las perspectivas dominantes. Los pacientes merecen una atención experta, pero no es razonable que el gobierno obligue a la conformidad ideológica en este campo.

Además, el Estado no ha demostrado ninguna aptitud especial para discernir lo que constituye una auténtica desinformación. Por el contrario, los agentes gubernamentales han dado frecuentemente instrucciones a las empresas de medios sociales para que desconfíen de puntos de vista perfectamente legítimos”.

“La ciencia y la medicina”, dijo la CHCA en su carta al asambleísta Low, “han avanzado históricamente a través de las voces minoritarias. La sofocación de la opinión disidente tendrá efectos duraderos en el avance de la atención sanitaria”.

La CHCA añadió:

La comprensión de los datos y la ciencia relacionados con el COVID-19 sigue cambiando a medida que se realizan más estudios. Las normas de atención se actualizan a medida que surgen nuevos datos y tratamientos.

Cualquier intento de determinar un “consenso científico contemporáneo” será efímero.

Los mejores médicos en su campo de la UCSF, Stanford, y otras instituciones muy respetadas están hablando de su falta de apoyo a las vacunas COVID-19 para los niños. ¿Serían estos respetados médicos disciplinados si el AB 2098 fuera aprobado?

El AB 2098 hace ilegal el consentimiento informado

Algunos críticos argumentaron que si los médicos se arriesgan a perder su licencia al compartir cualquier información médica que no esté respaldada por el “consenso científico”, los médicos no podrán discutir a fondo los posibles modos de tratamiento con los pacientes y no podrán proporcionar a los pacientes información suficiente para dar su consentimiento a los tratamientos.

La Dra. Mary Talley Bowden, miembro de la Alianza de Cuidados Críticos Front Line COVID-19, dijo en un post el 6 de septiembre:

Como paciente, tienes derecho a un consentimiento informado completo antes de cualquier intervención médica o uso terapéutico. Además, tiene derecho a acceder y probar tratamientos novedosos o fuera de etiqueta, si usted y su médico determinan que es la mejor opción para usted. El proyecto de ley AB2098 le privará de esos derechos.

Algunos dijeron que el proyecto de ley “criminalizaría” el proceso de consentimiento informado de los pacientes. Esta censura médica significaría “abrir las puertas a las atrocidades médicas”, dijo Vera Sharav, fundadora y presidenta de la Alianza para la Protección de la Investigación Humana.

“La criminalización del consentimiento informado es el último paso antes de que la medicina se convierta en un arma, en una empresa asesina dictada por el gobierno”, dijo Sharav a The Defender.

Sin embargo, la Asociación Médica Americana (AMA), que apoya firmemente el proyecto de ley AB 2098, espera que otros estados sigan su ejemplo para “garantizar que las juntas de concesión de licencias tengan autoridad para tomar medidas disciplinarias contra los profesionales de la salud por difundir desinformación relacionada con la salud”, según una nueva política adoptada en su reunión anual de mediados de junio, destinada a abordar la “desinformación” en materia de salud pública.

La política adoptada amplía los esfuerzos anteriores y pide a la AMA que trabaje con “las sociedades de profesionales de la salud y otras organizaciones pertinentes para aplicar una estrategia global para abordar la desinformación relacionada con la salud difundida por los profesionales de la salud”.

Además de dotar a las juntas de licencias de las herramientas legales para castigar a los médicos por “difundir desinformación relacionada con la salud”, la política adoptada por la AMA incluía estas otras ocho prioridades:

– Mantener a la AMA como una fuente confiable de información basada en la evidencia para médicos y pacientes.

– Garantizar que la información médica y de salud pública basada en la evidencia sea accesible, colaborando con los editores, las instituciones de investigación y las organizaciones de medios de comunicación para desarrollar las mejores prácticas en torno a los accesos de pago y los anticipos para mejorar el acceso a la información y los análisis basados en la evidencia.

– Abordar la desinformación difundida por los profesionales de la salud a través de las plataformas de los medios sociales y abordar la monetización de la difusión de la desinformación en las plataformas de los medios sociales.
Educar a los profesionales de la salud y al público en general sobre cómo reconocer la desinformación y cómo se propaga.

– Considerar el papel de las sociedades de profesionales de la salud como entidades apropiadas para verificar la información relacionada con la salud que se difunde en las distintas plataformas de los medios de comunicación.

– Fomentar la formación continua de los profesionales de la salud que actúan como verificadores de hechos para ayudar a prevenir la difusión de información relacionada con la salud.

– Garantizar que las juntas de especialidad tengan la autoridad para tomar medidas contra la certificación de los profesionales de la salud que difunden desinformación relacionada con la salud.

– Animar a las sociedades médicas estatales y locales a que se comprometan a disipar la desinformación en sus jurisdicciones.

La seguridad y la eficacia de las vacunas COVID aún no están establecidas

La seguridad y la eficacia de las vacunas COVID-19 siguen siendo temas de debate científico.

En julio, siete distinguidos investigadores médicos -entre ellos el doctor Peter Doshi- escribieron una carta abierta en The BMJ a los directores generales de Moderna y Pfizer en la que pedían a las empresas farmacéuticas que hicieran públicos los datos de los ensayos clínicos para someterlos a una revisión científica independiente.

Doshi y sus colegas señalaron los resultados de su reciente estudio, que mostraba que las vacunas COVID-19 de Pfizer y Moderna presentaban un “aumento del riesgo” de “acontecimientos adversos graves de especial interés”, lo que suscita la preocupación de que “las vacunas de ARNm se asocian a más daños de los estimados inicialmente en el momento de la autorización de urgencia”.

“Las vacunas COVID-19 se encuentran ahora entre los medicamentos más difundidos en la historia del mundo”, dijeron. “Sin embargo, los resultados de los ensayos clínicos pivotales no pueden ser verificados por analistas independientes”.

Y agregaron: “El público tiene un derecho legítimo a un análisis imparcial de estos datos. Las vacunas COVID han costado a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares, quizás incluso rivalizando con el presupuesto anual de los NIH [Institutos Nacionales de Salud] para todos los aspectos de la investigación biomédica y del comportamiento.

La transparencia, la reproducibilidad y la replicación son las piedras angulares de la ciencia de alta calidad. Ya es hora de que Pfizer y Moderna permitan a los científicos y médicos independientes ver los datos originales y replicar los análisis”.