El caso Mercasevilla va encaminándose hacia la historia de la corrupción en España como la punta de un iceberg impresionante que va destruyendo todo lo que toca. Se sabía la existencia de cintas magnetofónicas en las que cargos del PSOE extorsionaban a empresarios y por ello han sido imputados. Se sabía que empresas como SANDO habían sido “preferidas” a otros de manera irregular y previo pago de su “importe”. Se sabía que IU y PSOE están implicados hasta las cachas a juzgar por los imputados por la jueza Alaya.

Se conoció la mariscada más grande jamás contada. Pero ahora, la presencia de dos falsos prejubilados en las listas del ERE que han cobrado centenares de miles de euros, riza el rizo. Dado que los implicados dicen no haber cobrado tal dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo es que se cuelan dos intrusos en la plantilla de un ERE? ¿Quién ha cobrado efectivamente el dinero público? Uno de los “intrusos”, socialista de Baeza, ya ha dimitido aunque quedan sus oscuras relaciones con un intermediario de UGT, Juan Lanzas. La otra intrusa, una viuda de Triana, no sale de su asombro porque ni ha cobrado ni ha estado jamás en Mercasevilla pero eso sí, es amiga de Juan Lanzas. Sin embargo, el Parlamento de Andalucía sigue sin considerar conveniente una Comisión de Investigación sobre el caso.

Un alto cargo socialista de Baeza, dimitido por aparecer como “cobrador”

Entre los prejubilados de Mercasevilla y habiendo cobrado ya más de 112.000 euros aparecía Antonio Garrido Santoyo, que era hasta ahora secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza, Jaén, que jamás ha trabajado en Mercasevilla. Se recuerda ahora que el asesor de UGT que estuvo en el ajo del Expediente de Regulación de Empleo que dio lugar a estos pagos, Juan Lanzas, es de Jaén. Garrido Santoyo mantiene una «íntima amistad» con Juan Lanzas, quien a través de la empresa de su cuñado, Maginae Solutions, cobraba de Mercasevilla. Por si fuera poco, el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, es ‘ciber-amigo’ de Santoyo en Facebook. O sea.

En la documentación que maneja el Juzgado de Instrucción 6 -que investiga la trama de presunta corrupción en el mercado central y a cuya juez quieren recusar los imputados- Garrido Santoyo trabaja como comercial en la televisión local de Baeza controlada por el PSOE pese a lo cual se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) que el mercado central sedvillano aprobó en 2007 apareciendo en el lugar número 7.

Garrido niega haber cobrado nada, lo que conduce a la pregunta siguiente: ¿Quién ha cobrado el dinero por él y con su firma? Y no ha sido poco. Desde el 1 de noviembre de 2007 al 30 de abril de 2009 se le ha asignado un «importe mensual en concepto de complemento salarial» de 5.876,22 euros, una cantidad equiparable a los sueldos de los ex directivos prejubilados, como Daniel Ponce o Pilar Giraldo, ambos imputados en el ‘caso Mercasevilla’.

Para remate, Antonio Garrido Santoyo no es la primera vez que se jubila de una empresa. Al parecer ya lo hizo de la compañía de aceites Coosur, en la que pertenecía al comité de empresa por UGT cuando Juan Lanzas era secretario general de la Federación de Alimentos de UGT en Andalucía.

Una viuda de Triana, segunda prejubilada falsa

Ayer mismo ha aparecido otro nombre en esta ocasión en la lista del ERE de 2003. María del Carmen Fontela González figura en el estudio de prejubilaciones del procedimiento y en el protocolo de colaboración, según denunció ayer el comité de empresa. A continuación, la Consejería de Empleo y Mercasevilla ponían en conocimiento de la juez que investiga el caso esta irregularidad.

Fontela, eso sí, también pertenece al círculo de amistades del intermediario en el ERE Juan Lanzas, quien también es amigo del cargo del PSOE incluido de forma irregular. El nombre de esta mujer aparece en el estudio de prejubilaciones anticipadas por edad, fechado el 17 de octubre de 2003, ligado a la cuantía de 156.749,93 euros en concepto de “coste prima contado” y a 174.415,21 euros en concepto de “coste promedio acumulado”. El nombre de Fontela vuelve a aparecer en el protocolo de colaboración suscrito el 4 de diciembre de 2003 entre Mercasevilla y la Consejería de Empleo asociado a la cuantía de 154.851,61 euros. Sin embargo, el presidente del comité de empresa Rafael Domínguez, desconoce si esta cuantía se llegó a cobrar.

Hay dudas sobre si este nombre fue imcluido o no en la Junta o en la Inspección de Trabajo o después. El País no tiene duda de que el nombre del primero, Garrido Santoyo, fue incluido en la lista cuando el expediente se tramitaba en la Consejería de Empleo.

El acuerdo con el Banco Vitalicio está firmado por el ex director general de la empresa pública Fernando Mellet, imputado en el caso, y por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Precisamente, Guerrero es el hombre que también autorizaría la póliza para el ERE de 2007 donde aparece el otro intruso: Antonio Garrido Santoyo, ex sindicalista y miembro del PSOE en Baeza, que el miércoles dimitió de su cargo en la Ejecutiva.

El PP pide a Griñán que salga del escondite y aclare el papel de la Junta

Javier Arenas pidió ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que “salga del escondite” y dé explicaciones por la inclusión de Garrido en el ERE. “Resulta que en una empresa que está en Sevilla se aplica un ERE y quien cobra de esa empresa de Sevilla está a 300 kilómetros de distancia y nunca ha estado vinculado a esa compañía”, criticó.

Por último, el coordinador general de IU, Diego Valderas, anunció que su formación va a pedir responsabilidades políticas y transparencia al Gobierno andaluz. Valderas indicó que quiere conocer qué control tiene el Gobierno andaluz sobre los ERE que se realizan en la comunidad, a tenor de unos hechos “escandalosos”, de los que, a su juicio, debe haber responsables políticos.

No se ha oido a Valderas exigir la dimisión de su teniente de alcalde en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, que participó en la ya histórica mariscada a costa de la empresa pública.