Pere Aragonès.

La militancia de Junts per Catalunya ha decidido salir del Gobierno catalán con un 55,73% de los votos. El 42,36% de los militantes votaron para continuar en el Ejecutivo con ERC, en una consulta interna con el 79,18% de participación. La ejecutiva del partido está reunida esta tarde para decidir cómo aplica el resultado.

Con la decisión de salir del Gobierno catalán, Junts pedirá la estructura de siete consejerías y, con ellas, los 95 altos cargos y los 73 de confianza que dependen. Ahora habrá que ver si todos los cargos de las siete consejerías que ahora controla acabarán o no cesados, pero no hay ningún consejero del partido que haya expresado su voluntad de ir en contra de la voluntad del partido.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha optado por no posicionarse en la consulta, mientras que figuras como los consejeros Victoria Alsina y Jaume Giró se han significado a favor de quedarse en el gobierno, y Laura Borràs o Jordi Puigneró lo han hecho para defender la ruptura del ejecutivo, una opción que también contaba con el apoyo de Carles Puigdemont.

Doscientos altos cargos de Junts ven peligrar sueldos de entre 80.000 y 110.000 euros

La decisión que ha tomado Junts per Catalunya de salir del Govern comportará la pérdida de la estructura de siete consejerías y, con ellas, los 95 altos cargos y los 73 de confianza, con sueldos de entre 80.000 y 110.000 euros, que dependen.

Ahora habrá que ver si todos los cargos de las siete consejerías que ahora controla acabarán o no cesados, pero no hay ningún conseller del partido que haya expresado su voluntad de ir en contra de la voluntad del partido.

Entre éste se encuentra Joan Maria Piqué, director Prospectiva y de Innovación en la Acción Exterior; Gerard Figueras, secretario de Acción Exterior; el secretario de Difusión, Jofre Llombart; la secretaria de Atención Primaria y Participación, Meritxell Budó; y el adjunto a la oficina de comunicación de Salud, Jordi Jardí; entre otros.

También peligra personal directivo de las entidades del sector público como el presidente de Infraestructures.cat, Miquel Buch; la directora del Instituto Catalán del Suelo, Mercè Conesa; y el director del Memorial Democrático, Vicenç Villatoro; entre otros.