El diario oficial China Daily afirma que en ese período la policía ha resuelto nada menos que 594.000 fraudes, ha interceptado 2.810 millones de llamadas con fines delictivos, y ha impedido la transferencia de unos 81 millones de euros procedentes de 109 millones de víctimas. Estas operaciones policiales, que se ven reforzadas por la aprobación el pasado 2 de septiembre de una ley de extraterritorialidad que las ampara para la persecución de ciertos delitos, han «reducido significativamente el número de personas que se establecen en el extranjero para delinquir contra ciudadanos chinos».

Lo que no cuentan es cómo se llevan a cabo estas operaciones de persuasión. La ONG proderechos humanos Safeguard Defenders, que ha destapado numerosas violaciones por parte del Partido Comunista, ha investigado a fondo el ‘modus operandi’ y ha descubierto que la policía china opera ilegalmente en 30 países de cuatro continentes a través de una red de 54 ‘comisarías en el extranjero’ que, tras el lícito objetivo de ofrecer servicios de tipo consular a los ciudadanos chinos residentes fuera de sus fronteras, esconden operaciones mucho más oscuras para identificar e intimidar a estos sospechosos.

España, con nueve, es el país en el que más de estas oficinas han encontrado. Están repartidas por Madrid (3), Barcelona (2), Valencia (2), Santiago de Compostela y Manresa. Entre las bases que la ONG identifica como centros desde los que se realizan operaciones hay asociaciones de chinos, la redacción de un periódico ‘online’ en mandarín, y hasta restaurantes asiáticos.

«Estamos convencidos de que hay muchas más, porque éstas solo pertenecen a dos jurisdicciones -Fuzhou y Qingtian, de donde procede la mayoría de los chinos de España- y la propia China admite que ha puesto en marcha el proyecto en diez. Así que podrían ser hasta cinco veces más», afirma Peter Dahlin, director de Safeguard Defenders, en una entrevista con este periódico. «Algunas pueden tener un fin positivo, ya que ayudan a sus compatriotas, pero también sirven para lanzar operaciones policiales que minan la soberanía de España», añade.

Coacciones

La organización tiene pruebas fehacientes al menos de un caso: un hombre llamado Liu que fue persuadido para volver a China en 2020 y hacer frente así a las acusaciones de contaminación ambiental. Un vídeo confirma que la fiscalía china trabajó con la Federación de Chinos de Ultramar y la Asociación de Chinos de Qingtian de España para amedrentarlo, con la presencia de un familiar, a través de una de las oficinas de Madrid. «La coacción es una de las vías más habituales para convencer del regreso a los sospechosos», afirma Dahlin, cuya organización ha denunciado el caso ante la Policía Nacional.

El Ministerio del Interior español reconoce que está investigando el asunto, aunque no aclara si tenía conocimiento del mismo anteriormente, y esgrime esas indagaciones para no dar detalles al respecto. Por su parte, la Embajada de China no ha respondido a las preguntas de este periódico, que sí ha podido comprobar que al menos dos de los negocios señalados por la ONG cooperan, efectivamente, con la policía china. Son la teórica redacción de un periódico y un bufete de abogados, ambos de Madrid.

Por su parte, una funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Shanghái, que habla bajo condición de anonimato, corrobora la información sobre operaciones en el extranjero para ‘convencer’ a los presuntos delincuentes de que regresen a su país. «Los tratados bilaterales son muy farragosos y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué hay de malo en presionar a criminales para que se enfrenten a la justicia con todas las garantías recogidas en la ley china», comenta, asegurando que «solo se utilizan medios lícitos».

No obstante, ha quedado probado que China utiliza habitualmente medidas de presión contra allegados residentes en su territorio para presionar a los sospechosos que busca. Y que el de Liu en Madrid no es una excepción. Diferentes organizaciones han documentado casos de detenciones y encarcelaciones arbitrarias de familiares, e incluso ocasiones en las que se ha impedido la escolarización de sus hijos -algo que han criticado incluso expertos chinos-, se han demolido sus propiedades, y se les ha sacado de la seguridad social. Todo ello antes de que se haya llevado a cabo un proceso judicial que determine su culpabilidad, claro. El propio Peter Dahlin, director de Safeguard Defenders, sabe bien cómo funcionan estos métodos, porque él mismo fue detenido y forzado a confesar en televisión delitos que no había cometido antes de ser deportado.

LAS CLAVES

• 230.000 sospechosos de haber cometido delitos contra ciudadanos chinos en o desde el extranjero han sido ‘convencidos’ de regresar a China para enfrentarse a la justicia a lo largo de los últimos doce meses.
• 2 son las jurisdicciones a las que pertenecen las 54 ‘comisarías en el extranjero’ detectadas por el informe de Safeguard Defenders:Fuzhou y Qingtian. No obstante, China reconoce que el proyecto está en marcha en diez, por lo que podría haber hasta cinco veces más oficinas por el mundo.
• Extradiciones China ha firmado acuerdos de extradición con multitud de países, pero el proceso es farragoso y las democracias exigen garantías que el régimen no otorga, por lo que ha decidido actuar por su cuenta.
• El lío de Taiwan A pesar de la falta de garantías, España es el único país occidental que extradita taiwaneses a China. Concretamente, entre 2016 y 2019 fueron 219. El problema es que nuestro país no reconoce a Taiwán como un país independiente, por lo que envía a China a ciudadanos de la isla que Pekín reclama para su procesamiento.

Secuestros

Entre los métodos para amedrentar a los sospechosos en busca y captura también se encuentra la presión directa en el extranjero, a través de agentes oficiales o extraoficiales. Incluso se han producido abducciones en diferentes lugares para el posterior traslado forzoso a China, aunque no consta que haya sucedido aún en Europa. Dahlin no descarta que acabe sucediendo en el futuro «porque ya se ha intentado en Francia».

Los dos ejemplos más sonados de este último método son los del sueco Gui Minhai y el canadiense Xiao Jianhua. El primero regentaba una librería de Hong Kong en la que se vendían obras muy críticas con el Partido Comunista. Junto con otros cuatro libreros, Gui desapareció en 2015 después de que unos hombres lo ‘abdujeran’ en la urbanización en la que residía en Pattaya, Tailandia. Tras meses sin rastro de él, reapareció en China, donde protagonizó una confesión forzada en televisión, asegurando que había regresado para afrontar los cargos que pesaban sobre él por un accidente de tráfico sucedido diez años antes. En 2018 fue nuevamente ‘abducido’ de un tren chino en el que viajaba con diplomáticos suecos y, finalmente, fue condenado a diez años de cárcel y cinco de privación de sus derechos políticos por suministrar «información de inteligencia» a fuerzas extranjeras.

Su hija, Angela Gui, se considera «activista por accidente» y mantiene que Gui es inocente. Desde el Reino Unido afirma que su condena responde únicamente a motivos políticos. «El cruel encarcelamiento de mi padre debería aterrarnos a todos», escribió en un artículo del diario The Washington Post. «Para que nos lleven a China a la fuerza y nos condenen por crímenes que no hemos cometido basta que critiquemos al régimen», añadió.

Y ese es, precisamente, el principal temor que provocan estas operaciones: que trasciendan el ámbito de la delincuencia habitual para poner en la diana a los activistas y disidentes que operan fuera de China. «El gobierno chino está paranoico, preocupado de que la resistencia se pueda organizar en el extranjero. Estas operaciones son una forma de decirles a los ciudadanos chinos que no por residir en el extranjero pueden disfrutar de los derechos y libertades de la democracia», afirma Dahlin.

Incluso grandes empresarios como Xiao pueden ser víctima del brazo represor chino. El magnate financiero desapareció del Hotel Four Seasons de Hong Kong coaccionado por agentes chinos que no tenían permiso para operar en la excolonia británica. Lo denunció su familia en 2017, pero luego retiraron la denuncia, también coartados según diferentes fuentes. Xiao fue condenado a 13 años de cárcel el pasado mes de agosto por corrupción y por «haber puesto en peligro la seguridad financiera de China».

«Estos métodos permiten al Partido Comunista y a sus órganos de Seguridad circunvalar los mecanismos de cooperación policial y judicial bilaterales, dañando el Estado de Derecho a nivel internacional y la integridad territorial de los países en los que operan», sentencia Safeguard Defenders. Por eso, su director exige que las oficinas sean cerradas. «Hay que enviar un claro mensaje de que esto no se tolerará», comenta, convencido de que, aunque sus víctimas son de momento ciudadanos de origen chino, la situación podría cambiar. «El Estado de Derecho solo funciona si se aplica a todo el mundo. Es peligroso empezar a excluir a grupos. Y eso solo facilitaría que China continúe extendiendo sus tentáculos», sentencia.

Escapar de un país dictatorial para poder organizar el activismo contra el régimen es algo que hacen innumerables activistas y disidentes de todo el mundo. China no es una excepción, y de su territorio han salido desde grandes artistas como Ai Weiwei, que fue hecho desaparecer durante 81 días, hasta defensores de los derechos de los homosexuales como Fan Popo, pasando por uigures perseguidos en Xinjiang. Y uno de los mayores miedos que tienen es que ni siquiera en Europa puedan expresarse libremente, porque sobre ellos pesa la amenaza de tener que enfrentarse a la justicia china.

Los excesos de los tribunales chinos son notorios, y la falta de garantías procesales un hecho que se manifiesta sobre todo en casos políticos o sociales, a menudo celebrados en secreto. Y Safeguard Defenders denuncia también el uso del arresto domiciliario como una medida cada vez más habitual durante la investigación de sospechosos, que se puede alargar de forma legal durante seis meses. Oficialmente, el año pasado unas 20.000 personas estuvieron en esta situación, un número que según las estimaciones de la ONG podría ser de más de 100.000. El Gobierno reconoce que más de 267.000 ciudadanos han estado en algún momento bajo arresto domiciliario, una cifra que en realidad podría triplicarse.

Y luego están los casos en los que el arresto domiciliario se alarga mucho más de lo que establece la ley sin que exista una sentencia de por medio. Un claro ejemplo fue el de Liu Xia, esposa del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, quien murió en prisión. Además de esta modalidad de arresto domiciliario, China también cuenta con ubicaciones secretas en las que puede detener a sospechosos durante seis meses. «Y estas detenciones legales son solo la punta de un iceberg en el que el grueso que no se ve está compuesto por otras ilegales», denuncian los activistas.

Fuente: El Correo