Agustina Sucri.- Hay riesgos para la salud que son invisibles. La población camina tranquila, sin saber el daño al que se expone. Y hay grupos con millonarios intereses que se esfuerzan porque esto se mantenga así y permanezca silenciado. Pero las consecuencias están allí. Alteración del ritmo cardiaco, cambio en la expresión genética, cánceres, diabetes, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, daños en el ADN, aumento de los radicales libres, alteraciones en la calidad de los espermatozoides, abortos espontáneos, daños neurológicos, enfermedad de Alzheimer, autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y asma.

Estos son solo algunos de los peligros asociados con las radiaciones de radiofrecuencia que 215 científicos de 41 países comunicaron a las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 tras revisar más de 10.000 estudios científicos. Sin embargo, lejos de la preocupación, siete años después, “las empresas de telecomunicaciones con el apoyo de los gobiernos, están desplegando la red inalámbrica de quinta generación (5G) para tener hogares y ciudades ‘inteligentes’. Todo lo que poseamos desde refrigeradores hasta pañales para bebés, tendrán antenas y microchips, que se conectarán de manera inalámbrica a Internet. Lo que no se reconoce es que esto “tendrá como resultado un impacto muy fuerte en la salud de la gente y el medio ambiente a escala mundial”, advierten los miembros argentinos de la Comisión Interamericana de Protección contra la Radiación Electromagnética (CIPRACEM) en uno de los documentos anexos a una alarmante carta que enviaron el miércoles último a autoridades nacionales, provinciales y municipales del país, incluido el Ministerio de Salud de la Nación.

Integrada por prestigiosos científicos e investigadores de distintas áreas, la CIPRACEM también acompaña la misiva con un informe de revisión de la literatura científica acerca de los efectos sobre la salud de las antenas de estaciones base de telefonía celular, en el que da cuenta que en más del 70% de los estudios realizados en 39 países, en condiciones urbanas reales, se encontró que éstas provocaban enfermedades, cambios en los parámetros biológicos como rotura del ADN, aumento de la frecuencia de cáncer -que en algunos casos llega a ser cinco veces mayor que los valores en poblaciones alejadas de las antenas-.

“Los daños van mucho más allá de los seres humanos, ya que hay abundante evidencia de daños a plantas y vida silvestre y a animales de laboratorio”, aseguran.

“Los niveles proyectados de radiación de radiofrecuencias, serán decenas o cientos de veces mayores que los que existen actualmente, sin posibilidad de escapar en ninguna parte del planeta, por lo que los daños actuales a la salud crecerán en forma exponencial”, vaticinan y añaden que “en 5G se planifica ampliar las frecuencias de operación hasta 100 GHz, desconociéndose si esas frecuencias provocan daños a la salud humana por no haberse realizado aún investigaciones serias e independientes al respecto”.

El objetivo de la carta que envió la CIPRACEM, presidida por el doctor Rodolfo Touzet, es “informar sobre un serio problema potencial: los efectos dañinos derivados de la exposición a las radiaciones de campos electromagnéticos generalmente conocidas como radiación no-ionizante, y de la imperiosa necesidad de establecer medidas de protección para la población expuesta y su medio ambiente”.

Si bien este es un problema de larga data, se ha agravado en los últimos años debido a la extraordinaria expansión en los usos de la radiación no-ionizante y ha alcanzado una altura que requiere intervención de las autoridades pertinentes, argumentan.

Explican que las radiaciones no-ionizantes se utilizan fundamentalmente en comunicación inalámbrica y en medicina, aunque también en otras actividades, y que su uso se ha incrementado exponencialmente con la telefonía celular.

La radiación no-ionizante se diferencia de la más conocida radiación ionizante (también llamada radiación atómica) en que por sus características físicas no es capaz de ionizar a la materia con la que interactúa. “Sin embargo, esto no la hace automáticamente segura porque la ionización no es el único daño que la radiación puede inferir a las personas y su medio ambiente y se requieren distintas medidas de protección para las personas expuestas a la radiación sea esta ionizante o no-ionizante”, aclaran.

Los autores de la misiva ponen de manifiesto que mientras que existe un sofisticado régimen de protección contra las radiaciones ionizantes, no existe nada parecido contra las radiaciones no-ionizantes y que, debido a esta falencia, “miembros del público, trabajadores y pacientes expuestos a las radiaciones no-ionizantes se encuentran desprotegidos de los efectos dañinos de la exposición a estas radiaciones”.

Puntualizan que el sistema de protección contra las radiaciones ionizantes es internacional e intergubernamental y está fundado en valoraciones científicas de los niveles y efectos de este tipo de radiaciones, las que son llevadas a cabo periódicamente por el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica (UNSCEAR), creado ex profeso para ese menester por la Asamblea General de las Naciones Unidas. “No existe una organización similar para las radiaciones no-ionizantes. UNSCEAR podría cumplir con ese menester pero requeriría una instrucción específica de los Estados”, indican.

MARCO REGULATORIO

El sistema de protección contra las radiaciones ionizantes está además basado en un paradigma o modelo de protección universalmente aceptado que fue desarrollado a lo largo de los años por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), una organización profesional de bien público. En 1992 la Asociación Internacional de Protección Radiológica (IRPA) creó una Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), como una proxy de la ICRP. Sin embargo, después de 30 años, el trabajo del ICNIRP no pudo igualar las actividades de la ICRP.

Los miembros de la CIPRACEM agregan que existe un sistema internacional e intergubernamental de normas de seguridad para las radiaciones ionizantes. “Estas normas tienen un consenso global, ya que son establecidas copatrocinadamente por la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (AEN/OCDE), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, detallan para luego añadir: “Nada similar a este sistema existe para la protección de personas y su medio ambiente contra la radiación no-ionizantes”.

También señalan que, sobre la base de este sistema, los Estados han contraído compromisos legalmente vinculantes para la protección contra las radiaciones ionizantes, como la Convención 115 de la OIT sobre Protección contra las Radiaciones de 1960, que establece obligaciones de los Estados para la protección de los trabajadores contra la exposición a la radiación ionizante. “Pero no existe ningún compromiso legalmente vinculante sobre la protección contra la radiación no-ionizante”, enfatizan.

En ese sentido, desde la CIPRACEM se preguntan si las autoridades responsables, sean estas nacionales, provinciales o municipales, están tratando la protección contra las radiaciones no-ionizantes con las mismas consideraciones éticas que tratan la protección de contra las radiaciones ionizantes.

“Parece esencial que las autoridades busquen respuestas inequívocas y no ambiguas a preguntas tales como: ¿Cuál es el consenso científico sobre los efectos nocivos para la salud de la exposición a las radiaciones no-ionizantes? ¿Cuál es el paradigma utilizado para la protección contra las radiaciones no-ionizantes y cuáles son sus bases éticas? ¿Cuál es el sistema de normas y obligaciones que formalicen la protección contra las radiaciones no ionizantes? ¿Qué disposiciones se deben establecer para la aplicación práctica de normas de protección frente a los usos de las radiaciones no-ionizantes?”, instan los firmantes de la carta, quienes aseguran que existen soluciones y respuestas apropiadas para estas preguntas fundamentales y se ponen a disposición para brindar asesoramiento en este sentido.

Al mismo tiempo, mientras se avance en ese trabajo, urgen a llevar adelante acciones inmediatas. En esa línea, proponen que las jurisdicciones políticas establezcan un marco legislativo y reglamentario por el que se regiría de aquí en más la protección contra las radiaciones no-ionizantes y la consecuente seguridad de las instalaciones que las utilizan. “Ese marco legal y reglamentario debe prever el establecimiento de: i) requisitos y las disposiciones aplicables en materia de protección y seguridad; ii) un sistema de otorgamiento de licencias relativas a los usos de las radiaciones no-ionizantes, así como de prohibición de usos carentes de licencia; iii) un sistema de inspección y evaluación reglamentarias de las utilizaciones de radiación no-ionizante para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias; y, iv) medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de suspensión, modificación o revocación”, enumeran desde la CIPRACEM.

Además, aclaran que para cumplimentar estas obligaciones cada jurisdicción debería proceder con el establecimiento de una autoridad reguladora específica para las actividades que involucren la exposición a las radiaciones no-ionizantes y para la protección de los miembros del público, trabajadores y pacientes expuestos a las mismas.

Entre otras cosas, sugieren que la autoridad reguladora deberá velar para que se restrinja la exposición de los miembros del público, de los trabajadores y los pacientes a las radiaciones no-ionizantes al nivel más bajo que sea razonablemente factible, y que todas las partes interesadas eviten cualquier exposición innecesaria. “También fijarán niveles de exposición máximas admisibles de radiaciones no-ionizantes que pueden recibirse de cualquier fuente externa o interna al cuerpo”, prosiguen.

“Parecería que ha llegado el momento de cerrar la brecha entre la protección contra la radiación no ionizante y la protección contra la radiación ionizante”, finalizan los autores de la carta, entre los cuales se encuentran, además de Touzet, el doctor Daniel Orfila (director médico del IC-EM -Implantes Cocleares Equipo Multicéntrico), el ingeniero Walter Fano (profesor responsable de Antenas y Propagación Electromagnética de la Facultad de Ingeniería de la UBA), el doctor Eduardo Legaspe (bioquímico, especialista en radioprotección de poblaciones vulnerables por efectos de las radiaciones no ionizantes), la doctora Mariana Lofeudo (abogada especialista en salud y ambiente.

Docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, a cargo del dictado del tema Contaminación Electromagnética), el ingeniero Guillermo Defays (Master of Sciences en Sistemas de Comunicaciones de la Universidad de Essex, Inglaterra), el bioingeniero y mágister Esteban Rossi (profesor titular, Investigador de la Fac. de Ingeniería de la UNER), el ingenieron Abel J. González (ARN-SAR-UNSCEAR-IAEA).

RIESGOS PARA LA SALUD

La carta enviada a las autoridades del país por los argentinos de la CIPRACEM fue acompañada de tres comunicados con información científica sobre los múltiples riesgos asociados con los campos electromagnéticos (CEM) y una extensa Guía Informativa elaborada por la misma entidad.

En esos documentos, enumeran algunos de los problemas más relevantes:

1 – Se observó el crecimiento por factor 4 o 5 de la frecuencia de los tumores cerebrales, de mayor malignidad, en aquellos países que cuentan con estadísticas epidemiológicas, como es el caso de Francia, Suecia, Australia, Inglaterra y Brasil. Se estima que solo por tumores cerebrales la exposición a los campos electromagnéticos ha producido ya más de 4 millones de fallecimientos. Para determinar “la causalidad” dos expertos del IARC (los dotores C. Portier y L. Hardell) aplicaron los 9 criterios de Sir Bradford Hill obteniendo una muy fuerte evidencia de la causalidad atribuida a la exposición a los CEM. En Argentina lamentablemente no contamos aún con estadísticas nacionales y ya ha sido comunicada esta necesidad al Instituto Nacional del Cáncer. Se cuenta solo con algunos datos parciales procedentes de un servicio de cirugía que ha reportado que se quintuplicó, en solo 10 años, la frecuencia de los neurinomas del acústico de grado 4, denominados gigantes.

2 – Se ha observado también un gran aumento de los tumores de tiroides, y de colon y recto en personas muy jóvenes en Estados Unidos atribuido al uso de celulares en los bolsillos.

3 – Además del efecto carcinogénico se observa la co-carcinogénesis en personas y animales, aumentando el número, volumen y agresividad de los tumores preexistentes lo cual determina la necesidad inmediata de proteger a todos los pacientes con cáncer.

4 – Se observa una sensible debilitación del sistema inmunológico ocasionado por la inhibición de la calcineurina sumada al aumento de la permeabilidad de la membrana hemato-encefálica, así como el cambio en la expresión de algunos oncogenes y cambios epigenéticos que producen una disminución de las defensas naturales del organismo, lo cual en el caso de una pandemia resulta doblemente grave.

5 – Hay otros efectos sobre la salud, que afectan el sistema reproductor masculino y femenino, en personas y animales, incluyendo el aumento de los abortos espontáneos, también sobre el sistema endócrino y las hormonas, en particular sobre la melatonina, también sobre el sistema de circulación sanguínea y sobre el sistema nervioso con enfermedades neurológicas y psiquiátricas, el autismo y el aumento de la enfermedad de Alzheimer en personas muy jóvenes.

“A diferencia de las radiaciones ionizantes cuyos efectos se observan solamente a valores de exposición muy superiores a los límites establecidos para el público y los trabajadores, en el caso de los CEM estos efectos ocurren frecuentemente a valores de exposición 100 veces por debajo de los límites establecidos, razón por la cual se puede afirmar que el poder cancerígeno de los CEM es, como mínimo, 1.000 veces superior al de las radiaciones ionizantes”, enfatizan.

HIPERSENSIBILIDAD

En otro de los informes, referido al diagnóstico y tratamiento de personas con Hipersensibilidad Electromagnética (EHS), los miembros de la CIPRACEM ponen de manifiesto que en base a los datos de diferentes países, se estima que actualmente un 50% de la población mundial puede sufrir EHS con diferentes grados de sensibilidad, desde los que no pueden soportar un CEM y deben aislarse hasta los que poseen sólo síntomas leves.

“En Suecia, gracias al trabajo del científico Olle Johansson y su equipo del Instituto Karolinska, la electrosensibilidad ha sido reconocida oficialmente como una discapacidad, e incluso se dan ayudas económicas a los afectados para que puedan proteger sus viviendas de los campos electromagnéticos”, informan.

En diálogo con La Prensa, Touzet -quien cuenta con más de 50 años de experiencia en el tema de las radiaciones- aseguró que si los daños que se están viendo asociados a las antenas de telefonía celular se viesen alrededor de una central nuclear, “la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) la cierra”. Por eso lamentó la inexistencia de una autoridad regulatoria en materia de radiaciones no ionizantes, al tiempo que precisó que “las normas que hay que cumplir con las radiaciones no ionizantes son las mismas que para las ionizantes: el ICRP-103, que es el documento que se usa cuando una persona se hace una tomografía, una radiografía, o para proteger a los trabajadores de una central nuclear”.

El mecanismo de acción de las radiaciones ionizantes es prácticamente el mismo que el mecanismo de acción de las no ionizantes, dijo Touzet. “La diferencia está en que las ionizantes rompen directamente el ADN o lo rompen en forma indirecta, produciendo productos reactivos en el protoplasma. Las no ionizantes no lo puede romper en forma directa -porque no les alcanza la energía- pero producen esos productos oxigenados que rompen el ADN y esto está comprobado. Por eso es que se ven aberraciones cromosómicas (cuando los cromosomas no son los normales)”, describió.

SIN JUSTIFICACIÓN

Por otro lado, Touzet apuntó que la gran mayoría de las emisiones de radiaciones no ionizantes no encuentran una justificación en términos de costo-beneficio. “En la actualidad el 99% de las emisiones de las antenas de telefonía celular son producto del envío de publicidad, no solo en cuanto a cantidad sino también en gasto de energía. Son los mensajes que llegan de distintas empresas ofreciendo tarjetas de crédito, créditos bancarios, sorteos, etcétera. La dosis de radiación que recibimos depende de los mensajes: si no hay ningún mensaje, no hay dosis”, resumió.

Asimismo, expresó que la mayor dosis de radiación no ionizante que uno recibe es del teléfono móvil. “Si uno lo apoya en la cabeza al hablar o contra el cuerpo, la dosis es mucho mayor”, destacó.

Consultado sobre las motivaciones detrás de la ausencia de controles sobre las antenas de telefonía celular pese a los riesgos para la salud, Touzet coincidió en que tiene que ver con el caudal de dinero que mueve este negocio. “Mucho más de lo que uno imagina”, alertó.