Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.

El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada.

Vehículos y regalos costeados por las adjudicatarias

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales. Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

La Policía «no descarta» nuevas actuaciones. La investigación comenzó en los primeros meses de 2022, cuando la Agencia Tributaria «tuvo conocimiento» de la posible participación de ese alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.

Este departamento detectó que tanto el funcionario como su familia registraron «un importante incremento de patrimonio no justificado» entre 2013 y 2022, que se puede estimar en «varios millones de euros».

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el alto funcionario detenido por presuntas adjudicaciones irregulares en contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria y enviado al penal de El Dueso, en Santoña, mientras que los otros siete detenidos ya están en libertad con cargos.

Fuentes de la investigación han informado de que el jefe de servicio de carreteras ingresará en prisión tras haber declarado ante la magistrada, que ha dejado en libertad con cargos a los otros cinco detenidos que comparecieron ayer. Las dos personas restantes, hijas del funcionario y detenidas en Madrid, ya se encontraban en libertad.

A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales, según ha señalado la Agencia Tributaria en un comunicado.

Los empresarios han quedado en libertad con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, al igual que la esposa del funcionario, a la que además se ha retirado el pasaporte, según han indicado fuentes judiciales.

El miércoles se llevaron a cabo nueve registros en el marco de esta operación, que inició hace un año la Agencia Tributaria y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que se incautó ese día de diverso material en la Consejería de Obras Públicas, así como en las empresas registradas, y en algunos domicilios particulares, en los que se han localizado más de 500.000 euros en metálico y una máquina de contar dinero.

Una trama de «millones de euros». La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, que iniciaron a principios de 2022 la operación que ha llevado a la detención de ocho personas por supuestas adjudicaciones irregulares en el servicio de carreteras regional, apuntan que el funcionario implicado y su entorno familiar crearon una trama de «varios millones de euros».

El principal implicado, para quien la juez ha decretado prisión -también ha dejado en libertad con cargos a su mujer y sus dos hijas-, habría diseñado junto a su entorno familiar una estrategia para introducir en el circuito legal las importantes cantidades que recibía, supuestamente en forma de comisiones ilegales por parte de cuatro empresas adjudicatarias.

Durante el registro del domicilio de este hombre, jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, los agentes encontraron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero, según informan la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en una nota de prensa este viernes.

Presunto ‘modus operandi’. Según explica la Policía Nacional en un comunicado, el alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, la investigación apunta a que modificaba precios, negociaba los términos de las licitaciones con esas empresas y haría uso de información privilegiada.

Además, la familia disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de «renting» era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.

Tras las detenciones, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de «varios millones de euros», y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados.