Alerta.- OlaCantabria denuncia, a través de un comunicado de prensa, el «anormal y preocupante» porcentaje de contrataciones que mantiene el Ayuntamiento de Santander con las empresas vinculadas a la presunta trama de carreteras del Gobierno de Cantabria. «Esto nos da que pensar y sospechar, no es normal que prácticamente dos empresas se lleven más de la mitad de las adjudicaciones de obra pública en el Ayuntamiento de Santander, con el agravante de existir una investigación en curso por la presunta comisión de diversos delitos».

En el comunicado agregan que en el periodo 2018-2023 se han podido constatar al menos 86 licitaciones de obra pública en el Ayuntamiento de Santander, procediendo los órganos de contratación municipal a la adjudicación de 32 obras a las empresas de la trama (Rucecan, Cannor, La Encina, y API) además de otra empresa vinculada en forma de UTE (Unión Temporal de Empresas) a la que se la adjudicaron 19 obras. «Lo que hace en este caso un número de 51 proyectos adjudicados sobre el total de 86 adjudicaciones (61% de todas las obras licitadas)».

Y señalan que las restantes 35 obras se las repartieron 13 empresas. OlaCantabria pide «una investigación exhaustiva, máxime cuando llueve sobre mojado en el sector de la licitación pública de construcción de carreteras.

Baste recordar las sanciones impuestas en su día por la Comisión Nacional de la Competencia al denominado ‘Cártel del asfalto’, con un acuerdo de reparto de licitaciones muy elaborado, y en el que una de las empresas vinculadas a la trama del Gobierno de Cantabria por una UTE, fue sancionada con más de cuatro millones de multa». Además, piden una explicación por parte de la Alcaldesa de Santander y, «en caso de demostrarse cualquier tipo de ilícito penal, debiera asumir responsabilidades políticas».

El candidato de OlaCantabria a la alcaldía de Santander, Fernando Dou, cree que estas presuntas conductas «proyectan una imagen negativa de los funcionarios, que todos los días trabajan de forma honrada para sacar adelante el trabajo del Ayuntamiento, así como del resto de empresas que se ven privadas de poder competir en igualdad de condiciones».