La Operación Chamartín, esa gran empresa de transformación urbana en Madrid, ha sido objeto de innumerables polémicas y controversias desde su origen. La expropiación de terrenos fue el primer episodio en una historia que ha generado la indignación de muchos afectados y la preocupación de otros tantos. Pero si algo destaca en esta trama es el enigma de los Jesuitas.

En el año 1993, se llevó a cabo la convocatoria para el concurso público internacional para la remodelación y ampliación de la estación de Chamartín. Una decisión que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie. Posteriormente, se inició la Operación Chamartín, un proyecto que pretendía transformar una vasta área en el norte de la ciudad en un lugar residencial y de negocios. La inversión estimada era descomunal y, como era de esperar, las negociaciones fueron intensas.

Pero en medio de este tumulto, surgió un caso singular. Un caso que desconcertó a muchos y que, a día de hoy, sigue siendo un misterio. En julio de 1994, se firmó el contrato de adjudicación con el banco público Argentaria (posteriormente fusionada con BBV), la única oferta que incluía una partida de inversión destinada a la compra del suelo, por importe superior a la destinada para la inversión en infraestructuras y la única oferta que se hacía cargo y asumía todos los costes y gestiones relacionados con las compensaciones a los reversionistas.

Y aquí es donde aparecen los Jesuitas. Mientras 1.100 familias reclamaban sus derechos y se encontraban con la más absoluta indiferencia, la Compañía de Jesús vio satisfecho su derecho de reversión en la misma época y momento en que se ignoraba a todos los demás. Este hecho, que ya había sido noticia en la prensa de la época, primero en Cinco Días y luego en El País, seguía siendo un enigma.

¿Por qué uno de los bancos más grandes de España aceptó negociar con la Compañía de Jesús mientras ignoraba a un millar de familias? ¿Por qué se produjo ese agravio comparativo que generó tanta indignación? Las redes de poder de la época invitan a plantear teorías poco ortodoxas, especialmente cuando un ex alumno del colegio de los Jesuitas, el señor Álvarez del Manzano, en aquel entonces alcalde de Madrid, medió en dicha operación. Un detalle que, sin duda, añade más leña a la hoguera del misterio.

Pero lo que resulta aún más inquietante es que, según los informes elaborados por los Servicios Jurídicos de ADIF/RENFE, el caso de los Jesuitas no solo suponía un agravio comparativo con el resto de afectados, sino que también desaconsejaba seguir adelante con el proyecto dado que los derechos de reversión seguían sin satisfacerse. Aun estando presente en los medios, en los informes de los letrados y en las constantes reclamaciones de los afectados.

En definitiva, el misterio de los Jesuitas sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la Operación Chamartín. Un caso que ha generado muchas preguntas sin respuesta y que sigue a la espera de que el Estado atienda los desamparados que generación tras generación han tratado de conseguir que se les compense. Se les expropió, llegando a pagar a una peseta el metro cuadrado, para construir instalaciones de uso ferroviario. Estamos cerca de que pronto esos terrenos alberguen restaurantes, viviendas y centros comerciales. Los madrileños pisarán un suelo que valdrá miles de veces lo que se pagó por él.

Pero no todos corrieron la misma suerte que los Jesuitas, único expropiado con el que la concesionaria ha llegado a un acuerdo por sus derechos de reversión en unas condiciones ciertamente ventajosas, como resulta del compromiso de entrega de una parcela de suelo finalista completamente urbanizado y con una elevada edificabilidad.

Testimonio de Pepi Baena, de 96 años, miembro de la Asociación No Abuso, una organización que defiende los derechos de los expropiados en la Operación Chamartín.