No creo que la historia se repita como a veces se afirma, pero sí que, de algún modo, se reproducen los comportamientos.

Hace 86 años un gobierno republicano burgués de izquierda, con la significativa influencia del PSOE, decidió perseguir a través de la fiscalía al partido FE de las JONS y a José Antonio Primo de Rivera, abriendo una cascada de procesos que finalizaría con su ejecución/asesinato en noviembre de 1936.

86 años después un gobierno frentepopulista, armado por el mismo PSOE, ha decidido hacer un «remake» de aquellos hechos. Para ello ha recurrido a una ley hecha por el propio gobierno para autolegitimarse como arma política al servicio de la izquierdista ideología de la memoria (esa que ha llegado a la vida pública por rendición del PP). La víctima propiciatoria han sido nuevamente José Antonio Primo de Rivera y Falange Española de las JONS, pero ahora con una ceguera en la derecha que en 1936 no existió.

No voy a dedicar mayor espacio a lo referido a José Antonio movido de su sepultura en el Valle de los Caídos por virtud de la ideología de la memoria, más allá de censurar a todos aquello que repitieron, entregándose a la conceptualización del adversario, que José Antonio era una víctima y por lo tanto la cosa no iba con él.

Sí voy a detenerme en la decisión de Sánchez de perseguir a Falange Española de las JONS, de tal modo que sirva de prueba segura de que con la Ley de Memoria Democrática se puede vulnerar la Constitución y perseguir al adversario por razón ideológica. Recordemos que la Secretaría de la Memoria depende directamente de Presidencia del Gobierno y de ella depende la Dirección General de Memoria Democrática. El secretario (Fernando Martínez López), naturalmente es miembro del PSOE con añejas vinculaciones comunistas, y el director general Diego Blázquez Martín (profesor de la Carlos III entre otras cosas) cuyo salario supera los 100.000 euros anuales a los que supongo se añade la habitual partida de gastos, que antes era reiterado asesor, incluyendo ese ejercicio con la alcaldesa Manuela Carmena. Una independencia asegurada para quienes tienen el poder sancionador en sus manos.

En este marco la sanción impuesta FE de las JONS tiene un valor de prueba de fuego difícilmente soslayable que no sé si se valora en toda su extensión, sobre todo tras los juicios perdidos al intentar sancionar por vulneración de las leyes de memoria al exhibir la bandera española con el águila de San Juan.

Estamos ante un proceso que reviste carácter de prueba -en otras ocasiones los tribunales han fallado en contra de los deseos del gobierno-; una prueba capaz de servir de ANTECEDENTE a contemplar para dar sustancia legal a la sucesión de sanciones que desde la arbitrariedad más absoluta, si carga de prueba objetiva alguna, pudieran producirse.

Estamos ante un debate jurídico-político de primer orden. Lo que se sustancia, y es trascendente por ser el primer caso, es si se va a permitir la sustitución de la justicia por la arbitrariedad administrativa ejercida de parte por la pantalla (Secretaría de Estado de Memoria Democrática con su Dirección General correspondiente) de una organización política (PSOE).

Hay que agradecer a Falange Española de las JONS/La Falange, pues no sé exactamente si los denunciados son una o las dos organizaciones que, en vez del conformismo engañoso en el que se le quería hacer caer, aceptando un sanción económica accesible, pero que implicaba el reconocimiento de un delito inexistente, al no recurrir a la vía jurídica, de un delito, lo que constituiría un peligroso antecedente al consagrar que, en esta ocasión, el recuerdo a José Antonio es una humillación para las víctimas.

Falange Española de las JONS y La Falange son partidos impolutamente legales. Falange Española de las JONS ha acudido, casi siempre, a las elecciones en España desde 1977. Es un partido cuyo fundador fue José Antonio Primo de Rivera, cuyas símbolos son la bandera roja y negra, el Cara al Sol y el emblema del yugo y las flechas. Emblema con el que concurre a las elecciones y figura en las papeletas electorales, tal y como se ha podido comprobar en las recientes elecciones municipales y autonómicas, que supongo volveremos a ver en las mesas en las próximas elecciones generales. Todo ello con las Leyes de Memoria en vigor sin que ello haya supuesto inconveniente o sombra de ilegalidad alguna.

Dicho esto cabría preguntarse: ¿cómo se podría acusar a Falange de exhibir símbolos supuestamente contrarios a la LMD si con estos se permite que acuda a las elecciones?

Según se ha comunicado se sanciona a FE de las JONS por realizar un acto en recuerdo de su fundador, José Antonio Primo de Rivera, creador e ideólogo de un partido legal, asesinado/ejecutado con la firma y el voto de los miembros del PSOE que entonces estaban en el gobierno bajo la presidencia del socialista Francisco Largo Caballero.

Según otra denuncia, que aguarda resolución de la citada dirección general, redactado el expediente en los mismos términos, se pretende sancionar a FE de las JONS por el acto de cierre de su campaña electoral donde se dieron gritos a favor de José Antonio Primo de Rivera. El gobierno, no hay que engañarse, quiere sancionar a un partido por actos políticos en campaña electoral. Pero esta sanción sólo prosperará si esta primera no es derrotada en los tribunales.

Según leo la sanción, tras la presentación por FE de las JONS de las habituales alegaciones, de una multa de 10.000 Euros no tiene más base que la interpretación que un historiador da de la figura de José Antonio y la existencia, a juicio de los denunciantes, sin mayor prueba objetiva a tenor de lo publicado, que la consideración necesaria de humillación a las víctimas se da porque algunas asociaciones de memoria se consideran vejadas por la sola realización de un acto político de un partido legal, sin que parezca que más allá de su opinión aporten referencia concreta a alguna como carga de prueba acusatoria.

Lo que FE de las JONS hace con el recurso de reposición que presentará y con el seguro contencioso-administrativo que le sucederá es abrir un proceso en el que se sustenta la prevalencia del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad que introduce la LMD, que por este hecho, mediante una subversión legal, establece, aunque no se llame, así la figura del delito político. Una ley, la LMD de visible inconstitucionalidad.

Es algo mucho más trascendente que estimar que todo radica en sí se paga o no se paga una multa. Sánchez como Azaña, Casares Quiroga o Largo Caballero han decidido utilizar a Falange como víctima propiciatoria en un claro proceso de criminalización como se hizo en 1936 para probar cómo se puede usar la LMD contra sus adversarios políticos y, sobre todo, para poder mantener su verdad oficial.