Felipe Vegue Contreras*.- Escribo esta carta a poco más de dos semanas de las elecciones generales de 23 de julio de 2023 y la dirijo a quien pueda resultar presidente del Gobierno de España para los próximos cuatro años.

La pandemia del Covid-19 nos demostró a todos que la caza es una actividad esencial y necesaria. Repito: necesaria y esencial para toda la sociedad. Pese a la evidencia, en los últimos años el colectivo de cazadores españoles ha sufrido uno de los ataques más graves y contumaces en décadas. La colonización de las instituciones por el animalismo, unida al populismo más rancio y radical, ha dado lugar a leyes aberrantes dictadas al socaire de un mal entendido bienestar animal.

Todos estos proyectos normativos han recibido una amplia contestación y acción social en forma de protestas con un número nunca visto de manifestantes en diferentes ciudades de la geografía española. También han generado un enorme malestar y alarma social. Es el caso de la mal llamada Ley de «Bienestar Animal» y de la modificación del delito de maltrato animal.

Una y otra prevén sanciones y penas que atentan contra el sentido común y que son contrarias a principios básicos del ordenamiento jurídico como los de proporcionalidad, intervención mínima del derecho penal y seguridad jurídica. Por tanto es necesario y urgente la derogación de ambas normas. Paradójicamente, mientras que se elevan las penas en este tipo de delitos, se reducen en otros como la malversación o la sedición. Sin hablar de las rebajas de las penas a delincuentes sexuales.

Si los cazadores y los rehaleros no existieran, el próximo ejecutivo tendría que sacar una oposición urgente para el «Cuerpo Especializado de Cazadores del Estado», además de una «Unidad Canina Rehalera» que sustituyera a los aficionados que con sus medios, su esfuerzo y su ilusión realizan una tarea imprescindible y beneficiosa para toda la sociedad española: cazar casi 600.000 jabalíes, ciervos y corzos y varios millones de conejos que de otra forma asolarían como una plaga bíblica los cultivos de nuestros agricultores. Sin hablar del problema de seguridad en el tráfico, la sanidad animal (control de la tuberculosis, por ejemplo) y los accidentes en carretera que la ausencia de control de estas poblaciones de animales generarían para los conductores. E incluso de la propia seguridad ciudadana (como el mediático y reciente ataque de un jabalí en la playa de Alicante).

La ausencia de caza es, además, un problema para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, como ha demostrado el reciente «experimento» de la prohibición de la caza en algunos Parques Nacionales, donde ha tenido que retomarse con carácter urgente y siendo sufragada por la Administración General del Estado.

Los rehaleros y cazadores españoles estamos sufriendo y aguantando durante los últimos años un maltrato institucional. Una auténtica persecución legislativa auspiciada desde la mal llamada Dirección General de los «Derechos de los Animales». Por eso, el futuro Gobierno de España, el próximo presidente de todos los españoles, tiene la tarea de podar de forma severa todas estas normas impulsadas por radicales e intolerantes desconocedores de la realidad de la naturaleza.

El objetivo no ha sido otro que laminar y erosionar la libertad y autonomía de un colectivo cada día más alejado de las ensoñaciones de partidos como Podemos y de quienes han sido sus cómplices y cooperadores necesarios.

El próximo presidente del Gobierno tiene la tarea de reconocer el papel que jugamos los cazadores en la economía rural, en la conservación de los ecosistemas, en la rentabilidad de la agricultura y en la sanidad pecuaria. El futuro ejecutivo tiene el deber de desagraviar y rehabilitar al colectivo de cazadores y rehaleros españoles.

Desde ARRECAL y la ONC demandamos expresamente al futuro presidente del Gobierno de España el reconocimiento expreso de la rehala y la figura del rehalero. Los rehaleros están siendo uno de los subsectores cinegéticos más atacados a todos los niveles, siendo un objetivo prioritario de organismos públicos como la Dirección General de los «Derechos de los Animales», dirigida por el militante de Podemos Sergio García Torres y con un presupuesto de casi 6 millones de euros.

Regiones como Andalucía y Extremadura ya han reconocido a la rehala y la montería como un Bien de Interés Cultural. Consideramos de justicia que quién rija los destinos de los españoles en los próximos cuatro años reconozca la importancia de las recovas y jaurías, su papel esencial y su singularidad y la necesidad de protegerla por su función en el control de la sobreabundancia de poblaciones, pero también por su interés desde el punto de vista cultural, etnográfico y territorial.

El 23 de julio cada uno votará en conciencia y libertad la opción política que más desee y más le interese. Los cazadores, nuestras familias, tenemos buena memoria, hemos alzado la voz y nos hemos movilizado, y lo seguiremos haciendo para defender nuestra libertad. Como prueba el 20 de marzo de 2022 en la Castellana y posteriormente en ciudades como Valencia, Logroño, Pamplona y en tantas como sea necesario. Pasada esta fecha, 25 de julio de 2023, nos dirigiremos al próximo presidente del Gobierno Español, sea quien sea, para recordarle el contenido de esta carta y pedir respeto, reconocimiento, avances sectoriales y menos leyes que restrinjan libertades.

*Presidente de ARRECAL y ONC