ntegrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en el acto de apertura judicial de este jueves, presidido por el Rey.

El Tribunal Supremo ya se prepara para responder a la posible amnistía de la causa del ‘procés’ y sus múltiples derivadas penales, administrativas o contables que se tramitan en otros procedimientos surgidos tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Conscientes de que la gobernabilidad del país -en caso de que el Rey proponga a Pedro Sánchez como candidato a la investidura- pasa por el cumplimiento de las reclamaciones de un “prófugo de la justicia” como Carles Puigdemont, los magistrados esperan expectantes el texto legal que dé cobertura a estas pretensiones.

Llámese amnistía, declaración judicial especial o cualquiera otra acepción que borre los hechos delictivos que han sido y serán juzgados o que están siendo investigados en órganos judiciales y tribunales -se calcula que hay unos 700 acusados en decenas de causas-, la literalidad de la norma que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) será analizada con lupa por los magistrados del alto tribunal afectados. En concreto, por los integrantes de la Sala Segunda (Penal) o Tercera (Contencioso-Administrativo), la misma sala que el próximo jueves verá los recursos de PP y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno de coalición en junio de 2021 a los condenados por el ‘procés’.

Precisamente, el tribunal que juzgó estos hechos será el encargado de enjuiciar al resto de acusados que eludieron la acción de la justicia española, caso de Puigdemont o de sus consejeros en la Generalitat Toni Comín y Clara Ponsatí, actuales europarlamentarios de Junts a los que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) suspendió recientemente su inmunidad.

Por este motivo, fuentes del Supremo confirmaron que el tribunal del ‘procés’ tiene previsto pronunciarse si se aprueba la amnistía. No tanto por tratarse de un asunto de legalidad, ya que la deliberación sobre el encaje de esta norma le competería al Tribunal Constitucional, sino por una cuestión meramente procedimental, ya que los siete magistrados tendrán que analizar “con detalle” el alcance que tuviera esta ley en los hechos delictivos recogidos en el sumario.

Se trataría, en todo caso, de una tarea “titánica” si cubre un espacio temporal concreto, admiten las fuentes consultadas. El caso es que Puigdemont ya avanzó el martes en Bruselas que pretende que la amnistía cubra hasta hechos juzgados en 2013, bajo la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Precisamente, el exdirigente de PDeCAT (antigua CIU) fue inhabilitado por un delito de desobediencia por la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña celebrada el 9 de noviembre de 2014, aunque el Gobierno la impugnó dos veces.

Con el calendario en la mano, los magistrados del Supremo consultados prevén que la hoy aún hipotética proposición de ley por vía de urgencia que apruebe el Congreso no esté publicada en el BOE hasta la segunda quincena de octubre, en plena negociación para la investidura del candidato Pedro Sánchez si se cumple la exigencia de Puigdemont de llegar a la votación con la norma aprobada.

En este contexto, tampoco supondrá obstáculo alguno la suspensión de la inmunidad del expresidente catalán por parte del tribunal europeo. El motivo es que su defensa tiene hasta el 15 de septiembre para recurrir en última instancia la sentencia que confirmó la decisión del Parlamento Europeo de retirarle el blindaje como eurodiputado para que el Supremo pudiera proceder contra él como impulsor del ‘procés’.

Por lo tanto, una vez que se presente el recurso, y pese a la petición de medidas cautelares para que le devuelven la inmunidad a Puigdemont, lo que obligaría al tribunal de la UE a pronunciase de forma rápida, no se espera que la sentencia definitiva se conozca antes de seis meses.

Conocedor de este plazo, el entorno del juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, reitera que no se reactivará hasta entonces la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra los procesados por los delitos de malversación agravada y desobediencia, por lo que este movimiento tampoco sería un obstáculo para la negociación de Junts y el PSOE, que tiene como fecha límite la tercera semana de noviembre.