En 2023, la contratación de personas con discapacidad gana peso en las empresas, pero su presencia en las mismas sigue siendo deficitaria, según la Fundación Adecco. Por ello, Ricard Parés Flaviá, administrador solidario y socio del 50 % de las acciones de DPS Consulting, afirma que es esencial comprender la legislación actual que supervisa esta área en nuestro país.

La normativa principal que dirige este asunto es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, el cual aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su integración en la sociedad. Ricard Parés Flaviá, añade que esta legislación establece el marco legal necesario para asegurar la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación de personas con discapacidad en el entorno laboral. 

“Las empresas privadas, en particular las multinacionales y las grandes empresas, no solo deben cumplir con sus obligaciones legales, sino que también tienen un deber ético de promover la inclusión de personas con discapacidad en sus plantillas”, asegura Ricard Parés Flaviá. Esto implica la necesidad de establecer internamente políticas y porcentajes de contratación para este grupo de personas. Asimismo, Parés Flaviá destaca que las personas con discapacidad aportan entusiasmo, dedicación, constancia y un alto nivel de competencia en sus funciones, lo que contribuye de manera significativa a los resultados de la empresa.

Ricard Parés Flaviá: ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en la integración de personas con discapacidad?

A pesar de la existencia de normativas claras, las empresas a menudo enfrentan desafíos en el proceso de inclusión de personas con discapacidad. Estos desafíos pueden incluir la falta de concienciación y sensibilización dentro de la empresa, así como la necesidad de realizar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, Ricard Parés Flaviá indica que estos desafíos no deberían considerarse obstáculos insuperables. Por el contrario, la inclusión de personas con discapacidad puede traer consigo beneficios, como bonificaciones y exenciones en las aportaciones a la Seguridad Social, lo que resulta en un claro incentivo para las empresas.

En lo que respecta a la evaluación sobre la discapacidad de un candidato o empleado, existen procedimientos legales establecidos. En el caso de Cataluña, la valoración recae en la Generalitat, específicamente en el Departamento de Derechos Sociales. Este proceso determina el grado de discapacidad que corresponde a la disminución física o psíquica de cada individuo, asegurando una evaluación justa y objetiva, apunta Ricard Parés Flaviá.

Por otro lado, no cumplir con las normativas de inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral puede tener implicaciones legales graves. Se consideran infracciones administrativas aquellas acciones u omisiones que vulneren el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Esto incluye discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y la falta de realización de ajustes razonables. Además, el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se derivan beneficios económicos para la persona infractora, puede resultar en sanciones significativas.

En este contexto, la consultoría de abogados desempeña un papel fundamental en el proceso de inclusión de personas con discapacidad en empresas privadas. Los abogados especializados en derecho laboral y en derechos de las personas con discapacidad pueden asesorar a las empresas en la interpretación y aplicación de la legislación vigente. Además, pueden proporcionar orientación sobre cómo cumplir con las normativas, establecer políticas internas de inclusión y evitar posibles infracciones legales. “Su experiencia y conocimiento son valiosos para garantizar un entorno laboral inclusivo y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad”, concluye Ricard Parés Flaviá. 

De este modo, podemos concluir que la inclusión de personas con discapacidad en empresas privadas es un imperativo legal y ético. La legislación vigente establece un marco claro para garantizar la igualdad de oportunidades, y las empresas deben cumplir con sus obligaciones legales, promoviendo políticas internas de inclusión. Las implicaciones legales de no hacerlo son significativas, pero el cumplimiento de estas normativas no solo es un deber legal, sino también una oportunidad para enriquecer los equipos de trabajo y contribuir a la diversidad y la igualdad en el ámbito laboral.