La represión a la disidencia se ha convertido en el signo común de la izquierda en Iberoamérica. Resulta notable cómo desde la Bolivia del MAS, el Brasil gobernado por Lula da Silva, la Venezuela secuestrada por el chavismo, una Nicaragua oprimida por el sandinismo criminal y la maltratada Cuba administrada por los herederos del castrismo, cientos de disidentes presos han devenido en parte del relato habitual de unos países sojuzgados por las filiales locales del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

Si se parte del hecho de que las tiranías criminales no contemplan los más mínimos preceptos de la democracia, y por ende son incompatibles con la existencia de voces críticas que reclamen sus desafueros, es lógico pensar que todo aquel que se convierta en un opositor abierto a dichos sistemas inmediatamente entra en el radar de la persecución, exponiéndose a ser encarcelado sin que medien razones legales o jurídicas para ello.

«Traidores a la patria», «golpistas», «conspiradores» y «terroristas» son los apelativos frecuentes que estos regímenes utilizan para referirse a sus oponentes políticos, echando mano de ellos para sustentar supuestos expedientes de subversión e imponerles condenas de forma exprés que en muchos casos alcanzan hasta los 30 años de cárcel. El modus operandi siempre es el mismo.

El régimen del MAS en Bolivia

Luego de convertirse en el heredero político de Evo Morales, e independientemente de los enfrentamientos personales que hoy le mantienen separado de su mentor, Luis Arce ha edificado una poderosa maquinaria represiva en Bolivia, más allá de que quiera presentarse ante el mundo como un gobernante democrático más.

Un reportaje del Panampost de octubre de este año cifró en más de 230 las personas que se mantienen detenidas por motivaciones políticas en la nación andina.

Solamente basta ver el tratamiento que ha recibido la expresidente Jeanine Áñez, hoy injustamente encarcelada por los sucesos de 2019, en medio de los que Morales pretendió robarse unas elecciones para mantenerse en el poder. Áñez, quien ha llegado incluso a practicar huelgas de hambre para reclamar sus derechos, ha sido sentenciada a una condena de 10 años de cárcel por supuesta «sedición» y «terrorismo»; todo ello mientras sigue siendo «investigada», por lo que podría imponérsele una nueva pena.

Del mismo modo, uno de los principales opositores, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplirá un año detenido el 28 de diciembre. Camacho fue aprehendido por el régimen de Arce tras estar en la primera línea de las protestas que durante más de un mes se escenificaron en dicha región boliviana tras los reclamos de la ciudadanía sobre irregularidades en la realización de un censo poblacional que determinará cuál será el padrón electoral empleado para las presidenciales de 2025.

La maquinaria represiva del chavismo

El chavismo ya alcanza cinco lustros al frente del poder en Venezuela. Probablemente si éste no hubiese empleado la represión y las irregularidades electorales desde hace varios años, la realidad sería otra en el país caribeño. En ese contexto los prisioneros políticos se han transformado además gran emblema de las ejecutorias del régimen rojo.

Nicolás Maduro se ha convertido en el rostro visible de una autocracia que no repara en recurso alguno para quedarse en el poder, exhibiendo para finales de noviembre un registro de 275 presos políticos, de acuerdo a cifras de la oenegé Foro Penal.

Recientemente el régimen y la oposición venezolana suscribieron en la isla de Barbados un acuerdo para «avanzar» en torno a la realización de elecciones presidenciales y la eventual liberación de estos prisioneros en 2024, un pacto que incluso contó con la bendición de la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, tras la excarcelación de apenas cinco presos políticos, la tiranía embistió nuevamente. A principios de diciembre ordenó detener a Roberto Abdul, uno de los responsables técnicos de la realización de las primarias opositoras de octubre, al tiempo que giró órdenes de captura contra tres miembros del entorno de la líder disidente María Corina Machado. En ello mediaron los habituales señalamientos contra estas personas por estar incursos en «conspiraciones» y «traición a la Patria».

Brasil: una gigantesca persecución silente

Los polémicos hechos del 8 de enero de este año en la Plaza de los «Tres Poderes» en Brasilia, han servido al Gobierno de Luiz Inázio Lula da Silva para victimizarse y generar así una campaña de condicionamiento sobre sus opositores, quienes permanentemente están sometidos al escrutinio de toda la maquinaria del Estado para que «aquello» no se repita.

La ocupación temporal de las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se convirtió en el alfil utilizado por el lulismo para, desde el campo de las percepciones, contraponerse a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, a quienes de modo genérico se les ha calificado de «locos», «hordas» y otros epítetos que sólo buscan la aniquilación en el plano simbólico de todo aquel que no respalde el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT).

Aunque poco se lea sobre esto en medios del mundo, las acciones de ese día generaron una auténtica cacería de brujas en el gigante sudamericano. Pese a que aquel 8 de enero fueron detenidos 243 individuos por ingresar a estos edificios, con posterioridad se dio pie a una persecución sistemática en la que supuestas investigaciones daban cuenta de una mega conspiración que fungió como el pretexto perfecto para llevar a la cárcel a más de 1.900 personas.

Con el paso de los meses la mayoría de dichos presos fueron excarcelados paulatinamente. Pero eso no acaba allí, pues buena parte de ellos quedaron sometidos a medidas de presentación periódica ante los tribunales e incluso están siendo monitoreados actualmente con tobilleras electrónicas.

Al día de hoy todavía hay 103 detenidos por los sucesos acontecidos hace casi un año, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Supremo Tribunal Federal (STF). Entre las acusaciones que se les han impuesto, en medio de procesos judiciales que han sido severamente cuestionados, figuran tentativas de «golpe de Estado», intentos de «abolir violentamente el Estado Democrático de Ley» y asociación armada para delinquir, entre otros señalamientos.

En Nicaragua no se respeta ni a la Iglesia

Luego de las protestas de abril de 2018, que llevaron al régimen izquierdista de Daniel Ortega a pender de un hilo, los niveles de represión de la dictadura sandinista se han incrementado ostensiblemente. Hasta febrero de este año la tiranía centroamericana llegó a acumular casi 300 presos políticos en sus calabozos, optando ese mes por enviar a 222 de ellos en un avión a los Estados Unidos, desterrándolos de su país.

Sin embargo, dicha medida dio pie a sucesivas rondas de encarcelamientos de otros disidentes, una argucia conocida habitualmente como el efecto «puerta giratoria», que consiste en negociar la liberación de presos políticos a cambio de concesiones con la comunidad internacional para luego apresar nuevamente a otro grupo de personas. Dicho mecanismo también es habitualmente puesto en práctica por las autoridades de Venezuela.

En esa escalada contra la oposición, Ortega se ha ensañado especialmente contra integrantes de la Iglesia Católica. Quizá el caso más destacado en este sentido lo constituye el del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien ya cumple más de un año encarcelado en un penal de máxima seguridad y ha sido condenado a casi 27 años de cárcel por presuntos señalamientos de «traición a la Patria».

Un reporte publicado por La Gaceta de la Iberosfera en octubre daba cuenta de al menos 13 religiosos siendo llevados a prisión en los últimos meses por la tiranía sandinista. Este diciembre, por sexto año consecutivo, los familiares de las más de 150 personas que se mantienen en los calabozos o con medidas de casa por cárcel, han exigido al régimen dar paso a una navidad sin presos políticos en el país.

Cuba y sus más de seis décadas de represión

El caso de Cuba es uno de los más dolorosos en la región. Y es que desde que Fidel Castro tomó el poder por la vía de las armas en la isla a principios de 1959, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Hoy, casi 65 años después de aquello, decenas de miles los cubanos han visitado un calabozo por disentir de la dictadura comunista, así como otros tantos han tenido que huir de su país para evitar caer bajo las garras del régimen.

En tiempos recientes, con Miguel Díaz-Canel al frente de la tiranía, los cubanos protagonizaron una de las más emocionantes jornadas de protesta en contra de este régimen oprobioso. El movimiento del 11-J de 2021 llevó a las calles a miles de personas que se plantaron sin miedo frente al poder, exigiendo libertades y mejoras en sus condiciones de vida.

Sin embargo, el surgimiento de este espíritu ciudadano de indignación vino acompañado de una de las más feroces arremetidas de la dictadura de las que se tenga memoria, causando estragos que todavía están frescos. Hace pocos días la oenegé Prisoners Defenders informó que hay 1.062 presos políticos en la isla, con una media de unos 15 prisioneros nuevos por día durante el último medio año.

Como la capacidad para «procesar» a estos «criminales» es limitada en el país caribeño, las autoridades cubanas han optado en muchos casos por hacerlo a través de juicios exprés, en los que incluso se agrupa a un conjunto de presos a los que se les vincula con un mismo «delito», buscando así despachar la represión de manera expedita.