Joaquín Núñez.- Javier Milei firmó recientemente un mega decreto para desregular la economía de Argentina, hasta el momento una de las más reprimidas del mundo según la Heritage Foundation. Para complementar, enviaron recientemente una “ley ómnibus” al Congreso, la cual, entre otras cosas, contiene un apartado que le sacaría una sonrisa a Milton Friedman.

Bautizada como Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, a modo de homenaje para Juan Bautista Alberdi, padre la constitución local, contiene una amplia serie de reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales.

“Para dar una solución efectiva a la crisis actual, el Congreso de la Nación Argentina debe adoptar un conjunto de medidas de emergencia para restituir la democracia liberal y la economía de mercado y avanzar en la Reforma del Estado con el objeto de consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional para, como dice nuestra Constitución Nacional, asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino”, se lee en el Proyecto de Ley, que será tratado por el poder legislativo en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente.

“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto Proyecto de Ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos“, agrega el texto inicial, para luego dar paso a los artículos.

Entre tantas disposiciones, hay una que particularmente se llevó todas las miradas. Se trata del Artículo 209, el cual prohíbe utilizar la palabra “gratuito” para catalogar un servicio del Gobierno. Es decir, quiere advertir al usuario que las prestaciones o servicios públicos en cuestión no son gratis, sino que se financian con sus impuestos.

“En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos, no podrá utilizarse la palabra ‘gratuito’ o similares, debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”, expresa el artículo.

Para Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, un think tank local, el artículo pretende “blanquear una dinámica engañosa que los gobiernos populistas suelen utilizar para inclinar la opinión pública a su favor”.

“Cuando el Estado provee algo sin costo a su población, no significa que nadie lo pague, sino que precisamente son los contribuyentes quienes a través del pago de los impuestos terminan financiando ese servicio. Por lo tanto, el artículo genera consciencia sobre quien paga esa prestación es el mismo individuo que lo recibe y que lo financia, por ejemplo, mediante los impuestos que paga cuando va al supermercado”, añadió en diálogo con Voz Media.