La república nació con tres concepciones de base: la en principio democrática de Alcalá-Zamora; la de Azaña, antidemocrática, parecida a un despotismo pretendidamente ilustrado; y la socialista y separatista, que la entendían como palanca, unos para para su dictadura “proletaria” y los otros para disgregar la nación en unos cuantos estados mínimos y manejables por otras potencias. Esta triple concepción, por extraño que suene, casi nunca ha sido observada ni analizada por la historiografía, charlatanesca en parte sustancial (ver mi libro reciente Galería de charlatanes).

Para el grueso de la derecha, desconfiada del régimen sobre todo después de la quema de conventos y bibliotecas, la república era un mal inevitable a causa del suicidio de la monarquía, y al que había que adaptarse esperando de ella fidelidad a sus declarados principios democráticos (esta venía a ser la postura de Franco y de la CEDA). Otra parte de la derecha le mostró desde muy pronto una hostilidad impotente, por el carácter “azañista” que pronto tomó.

Alcalá-Zamora no solo flaqueó constantemente en la defensa de los principios democráticos, sino que, tratando de congraciarse con la izquierda, colaboró con Azaña y Prieto en el hundimiento de Lerroux y su partido moderado, y expulsó del poder a una CEDA respetuosa con la legalidad. Con ello, como le vaticinó Gil-Robles, abrió el camino a la reanudación de la guerra civil.

El designio de Azaña de “una república para todos pero gobernada por los republicanos”, en sí mismo antidemocrático y sobre la base de una “inteligencia republicana guiando a los “gruesos batallones populares”, fracasó enseguida: ni existía aquella inteligencia, como el propio Azaña denunciaba ni, lógicamente, los batallones (PSOE-UGT) se dejaban dirigir por aquella ficticia inteligencia. Al revés, la arrastraron.

PSOE y separatistas valoraron que la experiencia de los primeros tres años del régimen había hecho madurar las condiciones para alcanzar sus objetivos fundamentales. De ahí la insurrección socialista-separatista de octubre de 1934. Esta insurrección, aunque derrotada, dejó malherido al régimen, que sería rematado 16 meses después por el nuevo golpe que supuso el proceso electoral, de febrero a abril de 1936, en el que estuvieron juntos socialistas, separatistas y azañistas, en un Frente Popular.

Algunos pensarán que este análisis no tiene otro interés que el meramente académico, pero, por el contrario, lo tiene político muy actual: la falsificación del significado histórico de la república y del frente popular fundamentan las leyes totalitarias de memoria llamada histórica o democrática, en las que se apoyan las políticas que pretenden nuevamente destruir la democracia y disgregar España.

Una política que prescindiera de una sólida concepción de la historia nunca pasaría de soluciones parciales y de poco fondo, condenadas a doblegarse ante la concepción, falsaria pero muy enérgica, de quienes se sienten o quieren sentirse herederos del Frente Popular, al que identifican, no menos fraudulentamente, con la república que dicho frente destruyó.