Francisco Marhuenda- Junts es la heredera directa de Convergència y su sector de los negocios. Por ello, era previsible que apoyara a Sánchez si se sometía a sus deseos. La situación es tan esperpéntica como vergonzosa, porque asistimos a una cuidadosa demolición del Estado de Derecho con un vaciado competencial en favor de Cataluña.

Es un proceso que se desarrolla a espaldas del resto de autonomías y que quiebra el principio de igualdad. No es fruto de un deseo de mejorar el Estado sino de la obsesión de Sánchez de mantenerse en la presidencia comprando los votos de Puigdemont. Lo hace a costa de España y los españoles. Un independentista fugado de la Justicia decide desde Waterloo la gobernabilidad del país que quiere destruir. Lo hace con la aquiescencia de Sánchez, que prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el aplauso de los diputados socialistas que han renunciado a sus principios para abrazar el sanchismo y la ideología radical y populista del Grupo de Puebla. Los votos para que apoyaran los decretos ley han sido a cambio de ceder a Cataluña las competencias en materia de inmigración y la publicación inmediata de las balanzas fiscales. ¿Cuál será el próximo pago de Sánchez para mantenerse en el poder? El chantajista ha confirmado que el chantajeado hará cualquier cosa.

Por ello, puede pedir lo que le dé la gana. España se convierte en un Estado vasallo del independentismo catalán que tendrá que pagar decenas de miles de millones para que los catalanes se enriquezcan a costa de los esfuerzos del conjunto de la nación. Como catalán y español siento una profunda vergüenza ante este espectáculo de codicia e ignominia.

Los dirigentes socialistas se han convertido en estómagos agradecidos que se someten ante su líder para permanecer en sus cargos. La voracidad de Puigdemont no tiene límites y cada votación será una agonía para Sánchez que tendrá que aceptar humildemente las exigencias que le pongan sobre la mesa.

La cesión de las competencias en inmigración es tan asombrosa como sorprendente. En cambio, las manipulables balanzas fiscales, que no incluyen las comerciales, servirán para consagrar una desigualdad económica que pagarán el resto de las autonomías.