Continúa la subasta por mantener el sillón de Moncloa. El bazar político del pasado miércoles donde el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió «in extremis» salvar reales decretos mediante el despiece institucional ilimitado deja una radiografía de lo que pueden suponer las próximas cesiones para un «sí» en una ley de Presupuestos Generales. Y es que los pasillos de la Cámara Alta fueron testigos de un juego de ilusionismo y efectos especiales donde partidos de izquierdas como Podemos o Sumar asumían políticas impuestas por Junts que chocan incluso con su propia ideología.

Traspaso de inmigración

Junts reclamó por una abstención el traspaso de la competencia de inmigración que incluye el control de fronteras, expulsiones, devoluciones… Eso supondrá convertir a los mossos en una policía nacional y un paso más a la desaparición de las de las comisarías de la Policía que hay en Cataluña ya que solo ejercen la competencia de Extranjería e Información.

Ley de enjuiciamiento

Logran tumbar el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que regula la cuestión prejudicial europea en la que los jueces pueden elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que podía dejar en suspenso la ejecución de la amnistía.

Incentivos para el retorno de empresas

Pagar para forzar el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña y vuelvan al lugar donde realizan mayoritariamente su actividad.

Balanzas fiscales

Exigen la publicación inmediata de las balanzas fiscales: es decir, calcular la diferencia sobre cuántos impuestos recaudados en Cataluña se utilizan para financiar servicios del Estado y cuánto gasto del Estado se produce en Cataluña. Junts calcula que son 22.000 millones aunque otros lo cifran en mucho menos.

Más recursos

Se multiplican por cinco los recursos económicos previstos para la digitalización de la administración de Justicia (pasa de 1,2 millones a 6,2 millones de euros) y el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público. Asimismo, el IVA del aceite baja al 0 por ciento.

Ley de amnistía

Supondrá la anulación de los procedimientos judiciales y de las penas derivadas de los hechos producidos en el marco del procés y Carles Puigdemont podrá volver a España. Para su acuerdo se cedió también a que un «verificador» salvadoreño, experto en guerrillas, asumiera la mediación de todo ello desde Ginebra.

Comisiones de investigación

Se aprobaron tres comisiones de investigación impulsadas por ERC y Junts: sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils; sobre la «Operación Cataluña» para abordar «las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial» -lawfare-; y, sobre el presunto espionaje con «Pegasus».

Garantía del plurilingüismo

El Gobierno se comprometió a aprobar una Ley Orgánica que «garantice el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en lenguas cooficiales». También en el Congreso de los Diputados impusieron las lenguas cooficiales.

Cesión de Rodalies y el IMV

Fijan el traspaso de Rodalies de Cercanías para principios de este año donde concretarán las pautas del mismo. También les será cedido la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Cuarta Mesa de diálogo

El Gobierno se comprometió con ERC en llevar a cabo la primera mesa de diálogo en esta legislatura y la cuarta desde que se llevó a cabo la primera.

Fábrica de chips

Impulsar y financiar un centro tecnológico de producción de chips.