El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Ourense junto al candidato a la Presidencia José Ramón Gómez Besteiro

Pedro Sánchez no está acostumbrado a perder. El presidente abandonó el martes pasado el Congreso con un monumental enfado, que costó una importante bronca a uno de sus negociadores con el independentismo. El ridículo del que se quejó el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, lo sintieron en sus propias carnes en la bancada del grupo socialista y del Consejo de Ministros, incrédulos al ver cómo el partido de Carles Puigdemont votaba en contra de la amnistía que había puesto como condición de la investidura de Sánchez, y por la que los socialistas ya habían hecho varias cesiones para conseguir el favor de los de Junts en esta votación.

Por más que se sienten a negociar de nuevo, en lo que ya están, e incluso pueda encontrarse una fórmula de acuerdo para salvar la amnistía, que el PSOE vende como un hecho seguro, lo que se vio esta semana en el Congreso es un punto de inflexión, que muchos socialistas sufren como una humillación gratuita que les deja «a los pies de los caballos». Cargos autonómicos y provinciales del partido están padeciendo el peso de esta afrenta, que añade más urgencia a la necesidad de dejar de frecuentar la calle y de disminuir su actividad social. No por miedo a altercados violentos, ni a los grupos de extrema derecha, sino porque les da «vergüenza» defender entre sus conocidos y votantes lo que se está haciendo en Madrid.

Puigdemont ha conseguido hundir las siglas socialistas, y que quienes tienen que defenderlas territorialmente, sin la comodidad del coche oficial, se quiten de en medio porque no tienen un argumentario sólido con el que explicar lo que se está viendo en la política nacional. Y eso que Ferraz no falla a la hora de hacer llegar diariamente su doctrina al partido y a los periodistas, pero lo llamativo es que en muchas ocasiones son más los representantes de los medios afines los que repiten con convicción lo que dicta Ferraz que los cuadros orgánicos, alcaldes u otros dirigentes socialistas.

De hecho, el núcleo duro de Sánchez se ha quedado solo en la defensa de la política que siguen con Puigdemont. Los ministros menos señalados, si pueden, esconden la cabeza. Y lo mismo sucede con un poder orgánico jibarizado institucionalmente tras la debacle de las autonómicas y municipales. El consuelo que buscan en Moncloa está en Cataluña y lleva por nombre el del ex ministro de Sanidad Salvador Illa. Pero están vendiendo con tanta exageración una victoria de Illa en las próximas autonómicas que si no llega a producirse, si no llega a gobernar, mejor dicho, Sánchez se enfrentará a un problema mayor que el que hoy tiene. Hasta las elecciones catalanas Moncloa se ve en condiciones de resistir, con o sin amnistía, con o sin presupuestos.

Pero asumiendo que el país estará parado hasta entonces, sin presión, eso sí, de Bruselas porque las elecciones europeas de junio darán un respiro al Gobierno de coalición para poder cruzarse de brazos y esperar sin que haya ningún tirón de orejas de relieve. Ahora bien, todo el mundo se mueve a ciegas. Puigdemont no tiene claro cuál será su próxima jugada, ya que la ajustará a la evolución del clima político y social, y Sánchez también busca su venganza de la humillación del martes pasado, pero no le es tan fácil encontrar un camino que no acabe volviéndose en su contra. Desde el ámbito catalán advierten que hay que estar atentos a la decisión que tome Puigdemont en las próximas semanas. Los dos partidos independentistas, ERC y Junts, tiene claro que la amnistía no blinda a Puigdemont, lo que, por otra parte, viene bien a Pere Aragonés porque lo último que quieren los de ERC es encontrarse al ex presidente de la Generalitat compitiendo políticamente con ellos en Cataluña.

El prófugo de la Justicia española puede meter mucho ruido, e incluso hacer volar todo por los aires cuando le parezca oportuno, pero no puede borrar el riesgo cierto de que se le pidan medidas cautelares si pisa Cataluña, y lo que realmente temen es que el juez Marchena, del Tribunal Supremo, pueda acabar imputándole cuando las causas que investigan el juez García-Castellón o el juez Aguirre lleguen al punto en el que haya que elevar suplicatorio al Supremo por el aforamiento del ex presidente de la Generalitat.

La madeja judicial que rodea a Puigdemont tiene muy mal arreglo y la única duda ya es si Junts y el PSOE serán capaces de encontrar la manera de seguir jugando a engañarse recíprocamente para ganar tiempo y alargar la legislatura. O si, por el contrario, entienden que les beneficia más decir que aquí se acaba el juego. Santos Cerdán se ha ganado más la confianza de Junts que el ministro Bolaños, pero los dos tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles que supone que Sánchez pueda necesitar encontrar un chivo expiatorio que le permita empezar desde cero. Hoy la apuesta mayoritaria es que habrá finalmente amnistía y que esto seguirá aguantando hasta las catalanas. Por cierto, en los niveles técnicos de Hacienda tiemblan al pensar la que se les viene encima cuando entren de fondo en la negociación de la parte del pacto de investidura que habla de la condonación de la deuda y de la cesión íntegra de los tributos.

Y mientras, la socia de coalición, Yolanda Díaz, se recoloca para liberarse de la ira de Puigdemont, una vez que sabe que tanto ERC como el PNV se la tienen jurada en el Congreso.