Pedro Fernández Barbadillo.- La Restauración (1874-1931) y la Segunda República (1931-1936) fueron regímenes donde abundaron las amnistías y los indultos, para conspiradores, terroristas, delincuentes políticos y delincuentes sociales, a pesar de los daños y el dolor que hubieran causado.

Por ejemplo, en 1911 una horda movida por la CNT tomó el pueblo valenciano de Cullera y linchó al juez de Sueca y a dos funcionarios de su juzgado que trataron de sofocar el motín. Los criminales fueron detenidos y condenados por la jurisdicción militar, pero una campaña de las izquierdas dentro y fuera de España llevó al Gobierno liberal de José Canalejas a indultarles, con la excepción del cabecilla, que había matado al juez a hachazos. A éste lo indultó personalmente el rey Alfonso XIII. Y a las viudas y huérfanos, una plaquita y para casa.

Por eso, se hablaba de la “peste de los indultos”. Porque dejaba impunes las muertes de ciudadanos o de humildes funcionarios y, a la vez, animaba a los delincuentes a repetir sus actos, sobre todo cuando las acciones políticas pasaron, de ser cuartelazos y manifiestos, a atentados, descarrilamientos de trenes y bombas contra procesiones.

Una de las escasísimas lecciones de nuestra historia contemporánea que incorporó la Constitución de 1978 fue la prohibición de las amnistías y los indultos generales, quizás porque ya no eran necesarias merced a la invención del Tribunal Constitucional, cuyos miembros son nombrados todos por instancias políticas. Fuera por el disimulo o fuera por el escarmiento, los constituyentes dejaron claro su repudio a unas instituciones jurídicas que convertían a los políticos y los terroristas en grupos privilegiados por encima del Código Penal, se burlaban de los tribunales de verdad y desmoralizaban a la sociedad.

Ahora que el principal partido de España, el PSOE, está dispuesto a conceder una ley de amnistía a los sediciosos catalanistas a cambio de recibir sus votos en el Congreso para hacer presidente a su secretario general, conviene recordar las consecuencias que tuvieron otras amnistías en el siglo XX. La más destacada de aquellas fue la de no disuadir a los beneficiarios de no volver a cometer los actos que el régimen les había perdonado hasta el extremo de borrarlos.

EL GOBIERNO PERDONA A QUIENES ATACAN AL PUEBLO

El PSOE y la UGT convocaron en agosto de 1917 una huelga revolucionaria que pretendía derrocar la Monarquía parlamentaria y contaba con el respaldo de varios partidos políticos, en concreto de los republicanos y los catalanistas ‘moderados’ de Francesc Cambó, más la CNT anarquista. En la huelga murieron más de 70 personas. Los miembros del comité de huelga, los socialistas Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero, fueron condenados a cadena perpetua.

El PSOE, dirigido por Pablo Iglesias, se sentía tan orgulloso de lo hecho que incluyó a los condenados en las listas para las elecciones de febrero de 1918 y salieron elegidos diputados. Las Cortes aprobaron en mayo una amnistía que les permitió sentarse en sus escaños.

Para los implicados en esa acción violenta contra un régimen democrático, todo fueron beneficios. El socialista Largo Caballero fue nombrado por real orden de 1924 miembro del Consejo de Estado; el republicano Alejandro Lerroux alcanzó la presidencia del Gobierno en 1933; y el catalanista Cambó obtuvo un puesto en el consejo de ministros en marzo de 1918.

TRES AMNISTÍAS EN CINCO AÑOS

Uno de los primeros actos del Gobierno Provisional de la Segunda República, en abril de 1931, consistió en promulgar un decreto que concedía una amnistía a los condenados o procesados por “delitos políticos, sociales y de imprenta”, ya que se les atribuía como causa un “elemento de elevada idealidad”. Entre los liberados, aparte de miles de ladrones, estafadores, violadores y homicidas, estuvieron los dos terroristas anarquistas que habían asesinado en 1921 al conservador Eduardo Dato, presidente del Gobierno.

Las Cortes de mayoría derechista aprobaron la Ley de 24 de abril de 1934 que amnistiaba a los implicados en el pronunciamiento del general Sanjurjo, en agosto de 1932, a los funcionarios que había excluido el decreto del Gobierno Provisional y a sindicalistas implicados en huelgas y paros laborales. Durante los debates, algunos diputados de las derechas recordaron la amnistía de 1918 concedida a los huelguistas de 1917.

Así, pudo regresar a España José Calvo Sotelo, al que se le había condenado a doce años de cárcel por haber aceptado el nombramiento de ministro en el Gobierno del general Primo de Rivera. Sanjurjo salió de la cárcel, pero no pudo reincorporarse el Ejército, por lo que se estableció en Portugal y allí se dedicó a conspirar. Si esto último lo habían hecho Niceto Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto, Alejandro Lerroux y Miguel Maura, ¿por qué no podía hacerlo él?

La represión de la revolución de octubre de 1934 llenó las cárceles de implicados, ya que el PSOE, la UGT y ERC (todas ellas organizaciones existentes hoy) habían planeado el golpe de Estado como una guerra civil, para la que habían elaborado hasta listas negras de personas a las que detener y asesinar. Fue el caso del diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, tiroteado en la casa del pueblo de Mondragón.

La de 1934 se trató de la sublevación marxista mejor preparada en Europa desde el golpe de estado bolchevique de 1917, pero que no tuvo un castigo ni cercano al de la Comuna de París de 1871 ni el levantamiento espartaquista (comunista) alemán de 1919.

La coalición del Frente Popular, formada por republicanos burgueses y los partidos de izquierdas marxistas (PSOE, PCE, POUM y el Partido Sindicalista) planteó como primer punto de su programa una nueva amnistía, la tercera en menos de cinco años de régimen republicano.

“Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen: 1) A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales.”

La misma noche del 16 de febrero las izquierdas comenzaron los disturbios y las algaradas. Su prensa y sus dirigentes se atribuyeron la victoria mientras el recuento no había terminado. La violencia fue de tal intensidad que el 19 de febrero el centrista (republicano y masón) Manuel Portela Valladares, al que Alcalá Zamora había nombrado presidente sin ser siquiera diputado, se negó a decretar el estado de guerra para tratar de detener los disturbios y dimitió. Muchos de los gobernadores civiles nombrados por él, huyeron. En algunas ciudades, la chusma socialista (totalmente organizada) forzó la apertura de las cárceles.

SUBVERSIÓN MEDIANTE DECRETOS

El intrigante Alcalá Zamora, que había disuelto las Cortes para no tener que nombrar a José María Gil Robles presidente del Gobierno, tuvo que llamar, de manera ilegal, a Manuel Azaña. Éste formó un Gobierno con ministros burgueses y chantajeó a las derechas para que en la Diputación Permanente aprobasen una rápida amnistía a fin de calmar a las masas. Un ejemplo claro del juego del policía bueno y el policía malo.

Se convocó a toda prisa una sesión especial de la Diputación Permanente mediante telegrama para el 21 de febrero y por unanimidad de los diputados presentes aprobaron, también de manera ilegal, la amnistía general para todos los acusados o encarcelados por “delitos políticos y sociales” desde las elecciones de noviembre de 1933, incluidos los acusados de asesinatos políticos. Se liberaron unos 15.000 presos, muchos de ellos pistoleros encallecidos.

A continuación, el Gobierno disolvió la mitad de los municipios españoles y nombró comisiones gestoras. Los republicanos burgueses de izquierdas pasaron a desempeñar los gobiernos civiles, mientras que los socialistas y los comunistas se hicieron con los ayuntamientos.

La violencia no se detuvo, porque ese era el plan del Frente Popular. Así lo describió Alcalá Zamora en sus memorias:

“La prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua y sí como una fase más de la guerra civil. A la hora misma en que obtiene la impunidad para los suyos, y procurara extenderla a los crímenes comunes con el pretexto de ser conexos, pretende que se castigue severamente a Gil-Robles y a Salazar Alonso.”

Además, sigue contando Alcalá Zamora, el Frente Popular procedió a la depuración de policías y otros funcionarios.

En la revolución de octubre desencadenada por las izquierdas, murieron, según la Dirección General de Seguridad, 1.335 personas y fueron heridas 2.951. Las investigaciones posteriores han elevado un poco esos números. La amnistía dejó impunes esos delitos.

Y el Frente Popular añadió la humillación a las víctimas, pues un decreto del 28 de febrero ordenó la reincorporación a sus puestos de todos los obreros despedidos por su implicación en la huelga revolucionaria o su dedicación a la subversión, así como el abono de una indemnización. En consecuencia, las empresas donde los pistoleros afiliados a la UGT habían matado a propietarios o a directivos tuvieron que convivir con esos asesinos engreídos. Azaña, escribió Alcalá Zamora, sabía que semejante decreto era ilegal, pero se justificó ante él con que era imprescindible para mantener el orden público.

El 1 de marzo, un nuevo decreto del Gobierno de Azaña canceló las consecuencias del golpe sedicioso de la Esquerra en Cataluña: repuso en sus funciones al Parlamento regional suspendido y a Lluís Companys, condenado por el Tribunal Supremo a treinta años de cárcel, en su puesto de presidente de la Generalidad.

LOS ASESINOS DE CALVO SOTELO

La amnistía del Frente Popular también benefició a los militares que se habían unido al golpe de estado de las izquierdas. Uno de ellos fue el oficial de la Guardia Civil Fernando Condés Romero. En octubre de 1934, él y otros compañeros y militares intentaron apoderarse del Parque de Automóviles de la Guardia Civil, en Madrid, pero fueron rechazados. Se le juzgó y se le expulsó de la Guardia Civil. La amnistía le devolvió el uniforme y el servicio.

La noche del 12 al 13 de julio de 1936, Condés encabezó el comando terrorista formado por pistoleros y guardias de Asalto que detuvieron al diputado José Calvo Sotelo en su domicilio. Condés, tirando de grado y de placa, se impuso a la escolta oficial de Calvo Sotelo y convenció a éste con su “palabra de Guardia Civil” de que le iban a llevar a la Dirección General de Seguridad.

Una vez acomodados en la camioneta, se sentó detrás del diputado el socialista Luis Cuenca Estevas. Éste era un militante socialista de gatillo fácil al que su partido había desplazado a la provincia de Cuenca como ‘delegado’ del Ministerio de Gobernación para romper las urnas en las elecciones del 3 de mayo en la provincia de Cuenca. Sacó su pistola y le disparó por la espalda a Calvo Sotelo en la nuca. Cuatro días más tarde, comenzó la guerra civil.

De esta manera, encontramos a amnistiados por el Frente Popular y, antes, por la Monarquía parlamentaria en el origen de la guerra civil. Esa amnistía, en el reino de la ‘memoria histórica’, poco se ha recordado.

Y un punto en común entre los amnistiados de entonces y los que se preparan para recibirla es la falta de arrepentimiento de los delincuentes. Los separatistas que pretendieron destruir la Nación y la Constitución en 2017 han convertido en lema su grito de satisfacción “ho tornarem a fer”. De nosotros depende que la historia no se repita.