En las pasadas elecciones generales, los partidos constitucionalistas obtuvieron en la circunscripción de Cataluña el 55,8 por ciento de los sufragios –el 69,8 por ciento si se le suman los resultados de la extrema izquierda de Sumar–, con el Partido Popular como la tercera formación más votada. Las tres formaciones nacionalistas –ERC, Junts y las CUP– se quedaron en el 27,6 por ciento de los votos y sólo el tacticismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explica que el movimiento separatista catalán haya recuperado aliento, visibilidad y, fundamentalmente, una influencia determinante en la política española.

Vaya por delante que, en Cataluña, la extrapolación de unos comicios nacionales, con una abstención del 37 por ciento, a los resultados de unas elecciones autonómicas, con unos índices de abstención mucho más altos –en la convocatoria de 2021 no votó el 48,7 por ciento del censo electoral– siempre presenta muchas dificultades, pero ello no es óbice para señalar que los populares, en contra de la insidiosa campaña de propaganda de La Moncloa, están muy lejos de ser un partido residual en el Principado y que la próxima cita de mayo es tanto un desafío como una oportunidad para las huestes de Alberto Núñez Feijóo y su candidato catalán, Alejandro Fernández.

Es un desafío porque, una vez frustrada la coalición con Ciudadanos, el éxito del PP va a depender, por un lado, de la atracción del voto huérfano del partido naranja, que en las generales de julio se pasó en cierta medida al PSC, y, por otro, en conseguir que los votantes de Vox, partido que mantienen un suelo estable en Cataluña de alrededor del 7 por ciento, opten por el ejercicio del voto útil y refuercen las posiciones del centro derecha constitucionalista para conseguir que sea determinante en la Cámara catalana.

Y es una oportunidad porque el Partido Popular ofrece a los ciudadanos de Cataluña preocupados por la deriva que está tomando el nacionalismo, –hacia una reedición del «procés» mediante un referéndum de autodeterminación arrancado al presidente del Gobierno como contraprestación al apoyo parlamentario que le permita mantenerse en La Moncloa–, una alternativa moderada, respetuosa de las instituciones catalanas desde la convicción en las bondades del sistema autonómico español y la experiencia de un modelo de gestión económica que está teniendo un innegable éxito en las comunidades que gobiernan. Un partido popular catalán fuerte es, además, garantía contra los peores augurios políticos, tanto en Madrid como en Barcelona.

Sólo la mayor agrupación posible del constitucionalismo puede conjurar la inestabilidad de un Ejecutivo central sostenido por los independentistas y sometido a sus crecientes exigencias. A este respecto, no creemos que haya que buscar más argumentos que la realidad que vive el conjunto de la sociedad española.