Arnau Borràs.- En las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre la situación que viven los trabajadores de las prisiones catalanas. El asesinato de Núria, la cocinera de Mas de Enric, por parte de un recluso, ha puesto sobre la mesa el calvario que viven funcionarios de los centros penitenciarios catalanes.

Sin embargo, no son los únicos trabajadores públicos que se juegan su salud a la hora de ir a trabajar. Un drama que casi nadie quiere abordar es el de los trabajadores sanitarios, que han visto aumentados los casos de agresiones en el último año. Especialmente destacan los casos de agresiones a enfermeras.

En hospitales como el Arnau de Vilanova de Lleida, las agresiones han aumentado un 29% en el último año. Y eso que el propio centro médico admite que existen infradenuncias porque no se notifican todas las agresiones. En Bellvitge también han aumentado casi un 7% respecto al año 2022, con un total de 148 agresiones verbales y 41 físicas.

Precisamente en este último hospital destaca un caso, el de una enfermera que, según explica CSIF, “sufrió una agresión por parte de un compañero”, trabajador de una empresa subcontratada.

“Aunque existe una orden de alejamiento hacia la víctima, se le permite entrar en el centro hospitalario y, en cambio, a la víctima se le recomienda abandonar su puesto de trabajo, donde lleva más de una década trabajando “, denuncia el sindicato. Incluso le han recomendado “que se trabaje en otro país”, explican.

‘Llevo seis meses de terapia psicológica y me siento desprotegida’

Nos hemos puesto en contacto con la víctima de este caso que afecta al Hospital de Bellvitge. Raquel, que es un nombre ficticio porque quiere preservar su intimidad, ha querido explicar a este diario su caso, que califica de “traumático”.

Es auxiliar de enfermería en ese centro. “Llevo seis meses de terapia psicológica”. Hace siete, denunció a este compañero por agresiones a su puesto de trabajo.

El caso se encuentra en estos momentos en los juzgados, aunque Función Pública cerró un expediente admitiendo que se trataba de un claro caso de acoso. Sin embargo, ella se ha sentido “sola, desprotegida y sin apoyos”. Y señala directamente a la dirección del centro público donde trabaja y también al departamento de recursos humanos.

“Me llegaron a tachar de mentirosa”, explica. “Pedí que me recolocaran en un área donde no estuviera tan expuesta al público, pero pasaron de mí. Recibí varias agresiones y me han dado la espalda”, relata. Por la mala gestión de la dirección del centro, incluso tuvo que cambiar de rutinas. Y ahora está de baja.

Raquel no puede esconder el calvario que está pasando. Tanto por la agresión como por la reacción de la dirección de Bellvitge. Denuncia que está desamparada por la dirección de su centro y por recursos humanos, que no sólo no hacen nada por protegerla, sino que, a efectos prácticos, “me están empujando que me esconda o directamente que me vaya a trabajar en otro país”.

En cambio, agradece el apoyo tanto de los Mossos d’Esquadra como del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y del departamento de igualdad del centro en el que trabaja. También, obviamente, de los sindicatos, especialmente el CSIF. “Suerte de ellos y de mi familia”, nos cuenta.

Ella señala directamente a sus superiores y el sistema. “Nos animan a denunciar, pero me he visto sola, sin apoyos”, se queja. “No puede que mientras él puede campar a placer, yo deba esconderme”, explica.

No es la única vez que le han agredido verbalmente. “No estamos protegidas. ¿Debemos normalizar que en el trabajo una persona pueda ir a maltratarte? ¿Y que encima la dirección pase de ti?”, explica. Lo que pide Raquel es “poner medidas y concienciar a la gente. Tú no vas al panadero y le pegas si tarda mucho en darte la barra de pan”, denuncia.

Fuente: E noticies