Uno de los asuntos que más ha cacareado el Gobierno que iba como un tiro es la ejecución de los fondos europeos. Miles de millones llegados desde la Unión Europea básicamente para mejorar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, la potenciación de las energías renovables o la modernización de la industria, condicionados eso sí al logro de una serie de hitos o reformas. La realidad es que año tras año ha sido muy difícil acceder a los datos reales de ejecución de esos fondos. De hecho, el pasado año vino a España una delegación del Parlamento Europeo presidida por la presidenta de la Comisión de Control Parlamentario. La señora Hohlmeier, después de varias entrevistas con distintos ministros y altos funcionarios, llegó a la conclusión de que se marchaba sin saber que estaba haciendo España con el dinero.

Sin embargo, el gobierno seguía insistiendo en que España era el país que más dinero había recibido y que el grado de ejecución de los fondos era muy elevado. Nada más lejos de la realidad. A pesar de la opacidad, pudimos saber en abril de este año, gracias a la información de la Airef, que al cierre del año pasado se habían ejecutado, es decir, habían llegado a la economía real, apenas 18.900 millones de euros, menos de la mitad de lo que aseguraba el gobierno. Ahora, sabemos también que España se ha convertido en el país de la UE que menos dinero ha recibido, lo cual quiere decir que el fracaso es absoluto en la elaboración y ejecución de los hitos que se habían propuesto. De hecho, no estamos precisamente recibiendo alabanzas sobre algunos de los planes que se han enviado a Bruselas, como es el caso de la reforma de las pensiones o el decreto sobre prestaciones por desempleo, que sigue sin aprobarse en el Congreso, después de que fuera tumbado el pasado enero.

Sin duda, la falta de un gobierno sólido y una mayoría fiable que lo apoya han tenido mucho que ver en este revés. Por supuesto, la salida de Calviño hacia el BEI y las dimisiones de varios de los responsables. Todo apunta a un caos que ha sido denunciado en varias ocasiones por los empresarios. La queja siempre ha sido la misma: el dinero no llega a las empresas. De hecho, más del 80% de los primeros 100 beneficiarios han sido organismos o empresas públicas. Incluso se ha sabido en los últimos días que hasta se ha utilizado dinero de los fondos europeos para entrar en el accionariado de Telefónica. Una ocasión única perdida entre la maraña burocrática que habría dado un impulso a la economía y que, de momento, se ha desperdiciado.