La ley de Amnistía supone «la primera derrota del régimen del 78». Estas son las palabras con las que Gabriel Rufián, socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez, rubricó la aprobación de la norma. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, fue igualmente clara al subrayar lo que tantos españoles llevan meses atestiguando: esta ley «no es perdón ni clemencia, es victoria». Una victoria que celebran quienes delinquieron e intentaron convertir en extranjeros a millones de españoles en su propia patria, y lo hicieron malversando dinero público y cometiendo delitos de extraordinaria gravedad que han quedado amnistiados con los votos de los 122 diputados del Partido Socialista. Salvo Javier Lambán, no existió ningún diputado o senador con principios lo suficientemente robustos como para cuestionar la servil disciplina de un partido desleal con su historia reciente. Un partido que ya ni siquiera disimula su ruptura emocional con sus padres fundadores en democracia y que tildó de inconstitucional la ley de amnistía hasta que Pedro Sánchez necesitó los siete votos de Junts para intentar gobernar sin ser la lista más votada.

Esta ley es, sobre todo, una ley injusta que nuestro Rey no puede no firmar. Se trata de una norma que excepciona la igualdad de los españoles y que quiebra algo más que la dignidad de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una norma que convierte nuestro Código Penal en una moneda de cambio, que se ha redactado de mano de sus beneficiarios concretos, que resignifica la legítima defensa que el Estado de derecho ejerció durante el ‘procés’ y que convierte la investidura de Pedro Sánchez en el resultado de una transacción de intereses personales que beneficia a delincuentes probados. Es, además, una iniciativa que conscientemente se escamoteó al electorado, pues la composición actual del Congreso es el resultado de unas elecciones en las que el PSOE comparecía tras haber asegurado que no tramitaría una ley de amnistía al considerarla inconstitucional.

Por más que estuviera prevista, la definitiva convalidación en el Congreso de esta norma esencialmente corrupta en sus fines y en sus formas ha brindado nuevos detalles que prueban el talante político y personal de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, como en todas y cada una de las iniciativas legales que han resultado polémicas, se ha ausentado de la sesión y sólo compareció en el momento del voto. Por más que sus corifeos insistan en presentarle como un político audaz, la cobardía y falta de elegancia de Sánchez es directamente proporcional a su propia debilidad parlamentaria. La jactancia con la que sus socios de gobierno han expuesto cuáles son la finalidad y los motivos de la amnistía era un espectáculo que el presidente se sintió incapaz de digerir en directo y a la vista de las cámaras.

Nada es casual. La colección de casos de corrupción que asedian a Sánchez y a su entorno encaja en perfecta armonía con este otro caso de corrupción legislativa. La injusticia de la ley de Amnistía se agrava con las explicaciones falaces con las que el PSOE intenta disimular su propia ruina política. Esta norma, como señalaba Nogueras, no busca pacificar o aplacar ningún nacionalismo. Prueba de ello es el escaso perfil político que exhibieron los socialistas en el Congreso. Si de verdad hubieran confiado alguna vez en el poder pacificador de la amnistía, alguno de los que hace semanas se repartían la túnica de Sánchez cuando amagó con dimitir habría pugnado por subir a la tribuna para capitalizar el momento histórico. Pero no. El Grupo Parlamentario Socialista encomendó a Artemi Rallo, un diputado de perfil escaso y groseras maneras, la defensa de una norma divisiva y desprovista de un apoyo social suficiente. No existe ninguna encuesta que sugiera la existencia de una mayoría favorable a la amnistía y el PSOE, atravesado por evidentes contradicciones, ni tan siquiera se atrevió a preguntar con lealtad a su militancia por la aprobación de esta norma infame.

El Congreso, desoyendo al Senado y a los informes de sus letrados, obviando a los órganos consultivos y en contra de la mayoría social y de los fundamentos del derecho ha convalidado el pago de la investidura de Sánchez. Ninguna institución es inmune a los sujetos que las ocupan y la arquitectura formal de un poder del Estado no garantiza su ejercicio responsable. Si nuestra democracia se construyó de la ley a la ley, su desmantelamiento corre el riesgo de replicar su método constructivo. Llega ahora el turno de los jueces, pues recordemos que en una democracia cualquier poder, también el legislativo, está sometido a un límite.