El decreto se ha convertido en una tradición en la pequeña ciudad francesa de Cagnes-sur-mer, en los Alpes marítimos, de apenas 50.000 habitantes. Como cada primavera desde hace veinte años, su perenne alcalde, el conservador Louis Nègre, ha renovado un toque de queda que se extiende hasta el 31 de octubre y que prohíbe salir a la calle a los menores de 13 años en determinados barrios a partir de las once de la noche, salvo que lo hagan acompañados de sus padres.

Su ejemplo fue seguido desde entonces, en mayor o en menor medida, por otros municipios galos en una orden rodeada de polémica, pero que todos justifican con el mismo argumento: atajar los episodios de inseguridad ciudadana y violencia juvenil que se acrecientan con el paso de los años y al que las autoridades no consiguen ponerle freno con medidas convencionales.

Y así es cómo el toque de queda juvenil va ganando fuerza en Francia. Desde el pasado viernes también está activo en Béziers, una ciudad de 75.000 habitantes en la región de Occitania, que la ha impuesto hasta el 30 de septiembre entre las once de la noche y las seis de la madrugada. Lo mismo hizo desde este viernes el alcalde de Les Pennes-Mirabeau, una tranquila población de La Provenza de unos 20.000 habitantes. Y a partir del próximo martes la medida podría imponerse en la más populosa urbe de Niza.

No son una excepción. Como tampoco lo es el hecho de que cada vez que un alcalde dicta un decreto de este tipo se suscita una enorme polémica y la condena de las asociaciones de defensa de las libertades ciudadanas. Y tampoco es la primera vez que el Consejo de Estado ha tenido que intervenir para parar a los alcaldes. Lo hizo en el 2018, cuando anuló el decreto que el regidor de Béziers, el ultraderechista Robert Menard, había aprobado en el 2014.

Solo que este año la situación es distinta. Los munícipes que han defendido o aprobado el toque de queda han recibido el apoyo expreso del Ministro del Interior, Gérald Darmanin. «Yo los apoyo y los prefectos de la República los apoyarán», declaró esta semana. Quizás lo hizo obligado, porque él mismo se vio obligado a establecer un toque de queda para menores de 13 años en la localidad de Pointe-á-Pitre, localizada en el territorio de ultramar de Guadalupe, ante una serie de episodios violentos protagonizados por adolescentes. La normativa entró en vigor el pasado 17 de abril y se prolongará durante dos meses.

«Deberían estar en casa»

«No es normal —dijo el ministro—, que niños y adolescentes estén en la calle a medianoche, a la una, a las dos de la madrugada, cuando deberían estar en casa durmiendo para ir al colegio el día siguiente. Cuando existen este tipo de hechos estoy a favor del toque de queda que afecta a los menores».

Quien para nada está a favor de este tipo de acciones extremas es la Liga de Derechos Humanos (LDH) de Francia, que este mismo sábado convocó una manifestación en París a favor de los derechos de la infancia y la juventud. La delegación de la entidad en Herault, el departamento en el que se sitúa el municipio de Béziers, fue aún más lejos en su condena. «Tanto el Estado como los ciudadanos están sujetos a la ley, los derechos fundamentales deben ser respetados por los ciudadanos pero también por las autoridades locales, como los municipios. La reanudación del toque de queda, que fue anulado en el 2018, es una violación del estado de derecho», aseguró Sophie Mazas, la presidenta de la entidad local.

Las estadísticas, sin embargo, revelan que existe un grave problema de violencia juvenil en Francia al que los alcaldes no saben cómo hacerle frente. Hace unos días, dos adolescentes mataron a golpes a un hombre de 22 años en un suburbio de Dunkerke y hace tres semanas un chico de 15 años murió tras ser atacado por otros jóvenes cuando regresaba a casa en la periferia de París. Otro joven de 15 años fue asesinado en Romans-sur-Isère y una niña de 13 fue violentamente agredida en Montpellier.

Un informe del Ministerio de Interior también desvela que los menores de 13 años representan el 2 % de las sospechas de agresiones, muchas con armas blancas, y del 1 % de robos con violencia. Abusos sexuales, tráfico de drogas, atentados contra la autoridad, agresiones a profesores y conductores de autobús, saqueos de locales comerciales o incendios de coches conforman el catálogo de desmanes. Y tampoco faltan los asesinatos.

Cagnes-sur-mer, ninguna detención en veinte años

¿Puede un alcalde decretar un toque de queda? Según la ley de autoridades locales de Francia, los regidores son los responsables de garantizar el respeto del orden público y la seguridad ciudadana, por lo que bajo este precepto sí podrían hacerlo bajo circunstancias excepcionales. Pero cabe un matiz. Esta facultad deberá ejercerse «bajo control administrativo del representante del Estado en el departamento». Por lo tanto, una medida de este calado tiene que ser consensuada con el responsable de la prefectura, una institución equivalente a la Delegación del Gobierno en España. Este último es el responsable de controlar la legalidad de las órdenes dictadas por el alcalde. Pero si la norma aprobada es desproporcionada también cabe la intervención del Consejo de Estado, que fue el organismo que en el 2018 anuló el primer toque de queda aprobado en el 2014 por el alcalde de Béziers.

En todo caso, cada toque de queda deberá estar justificado y en este contexto es fundamental el apoyo de la prefectura, algo que a partir de ahora puede ser más fácil de conseguir después del apoyo expreso que acaba de ofrecer a los alcaldes el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

Cabe todavía otra pregunta. ¿Son realmente efectivos los toques de queda?». Todavía no existen datos objetivos que apunten en un sentido u otro, ya que son pocos los ayuntamientos los que las han implantado en los últimos años y no lo han hecho de forma regular. El único que sí ha mantenido la medida en el tiempo fue el alcalde de Cagnes-sur-mer, Louis Nègre, que presume ahora de que su ciudad es la más segura de Francia. Desde el 2010, la policía no ha realizado ninguna detención, lo que demuestra, según el ayuntamiento, «la eficacia de esta orden». Pero del debate sigue y seguirá abierto.

La Voz de Galicia